Recaudaron más $22.000.000 con la subasta de 7000 botellas de whisky y tequila
La mercadería, que se remató en el Banco Ciudad, llegó al puerto de Buenos Aires en 2015 y fue decomisada en un operativo encabezado por el juez Aguinsky
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Las más de 7000 botellas de whisky escocés prémium, de tequila y de licores llegaron al puerto de Buenos Aires desde China. Compartieron el mismo contenedor con otro tipo de mercadería como teléfonos celulares, zapatillas, notebooks, consolas de juego de primera marca y herramientas. Toda la carga, que intentó ser ingresada de contrabando en la Argentina, tenía una valor de casi 795.000 dólares. En los últimos días, más de cinco años después del secuestro de los productos en el marco de la denominada causa de la Mafia de los contenedores, la Dirección General de Aduanas (DGA), recaudó $22.344.285 en la subasta autorizada por la Justicia de los lotes de bebidas alcohólicas.
Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Los 51 lotes de botellas de whisky de marcas como Glenfiddich y The Balvenie; tequila José Cuervo, Patrón y 1800, y licor Jägermeister, fueron subastados la semana pasada en el Banco Ciudad.
“La mercadería que la DGA ofrece a remate es toda aquella que no puede tener como finalidad la donación -como es el caso de las bebidas alcohólicas-, al tiempo que permite liberar el espacio en los diferentes depósitos. El resultado preliminar, ya que resta la aprobación de la Aduana de Buenos Aires, de la subasta alcanzó los 22.344.285 de pesos con la venta de 42 de los 51 lotes ofrecidos”, explicaron fuentes oficiales.
Los mismos informantes dijeron que la base de los 42 lotes que salieron a la subasta fue de $9.729.585. “El resultado fue de un 130 por ciento superior. El monto obtenido de la subasta se utiliza para, en primer lugar, cubrir los tributos que esa mercadería debió pagar en la importación, mientras que el excedente va a rentas generales”, sostuvieron las fuentes consultadas.
El voluminoso expediente de la Mafia de los Contenedores está a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. La causa comenzó en marzo de 2016 tras una presentación de la Aduana ante la Procuraduría de Criminalidad Económicas y Lavado de Activos (Procelac).
Además de la Procelac, el Ministerio Público también está representado por la fiscal María Gabriela Ruiz Morales.
Según habían explicado tiempo atrás fuentes judiciales, Aguinsky separó el expediente en varios legajos para evitar “la formación de una megacausa que solo sirve para enredar las distintas líneas de investigación. Analizar las operaciones de la Aduana entre 2014 y 2016 por todos los rubros juntos formaría una megacausa con un destino de fracaso, por la multiplicidad de operadores que se mezclan. Cada capítulo confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico está en condiciones de elevarse a juicio oral. Así nadie tiene que esperar toda la causa para ser juzgado”.
Por ejemplo, el legajo que tenía bajo sospecha a Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado del extodopoderoso ministro de Planificación kirchenista Julio De Vido, y a otros imputados ya tuvo su juicio donde se determinaron condenas de entre tres años de prisión en suspenso y ocho años de cárcel de cumplimiento efectivo.
Traición
A fines del mes pasado, el juez Aguinsky dictó una nueva resolución en uno de los legajos de la causa de la Mafia de los Contenedores. Procesó con prisión preventiva a un agente de carga que participó en más 75 de los cargamentos investigados y les trabó un embargo multimillonario sobre sus bienes: $1.240.283.372.
En un fallo de 163 páginas, Aguinsky hizo referencia al “impacto económico de los delitos de la naturaleza que se investigan”.
El magistrado sostuvo: “No debe perderse de vista que todas aquellas mercaderías ingresan en el país en forma tramposa [las secuestradas en la denominada causa de la Mafia de los Contenedores]. Al momento en que esas mercaderías son finalmente despachadas a plaza, ingresan en una cadena de producción y comercialización absolutamente ’en negro’, momento a partir del cual se manifiestan todos los perjuicios adicionales derivados de su ingreso ilegal al país. Se genera así, un ‘Paraíso Fiscal’ ad hoc para los verdaderos dueños de las mercaderías, que luego de conseguir burlar el control aduanero acceden a manejar sus productos fuera del alcance de las autoridades tributarias locales”.
Aguisnky continuó: “Ello es así, pues las transacciones comerciales de las que son objeto aquellos enseres, jamás podrían transparentarse sin dejar en evidencia su adquisición previa no registrada. Todas aquellas operaciones comerciales sucesivas se realizan fuera del control tributario, generándose en consecuencia una especie de ‘daño continuado’ contra la recaudación y el erario público. Este daño no solo tiene un impacto fiscal que se multiplica en cada eslabón de la cadena de producción y/o comercialización, sino que traiciona además la lealtad en la competencia del mercado frente a los distintos contribuyentes que venden sus productos pagando todos sus impuestos. Tampoco pueden dejar de atenderse los casos en los cuales la mercadería ingresada al país resulta falsa, infringiendo las regulaciones de marcas y afectado de modo directo el patrimonio y la creatividad protegida por ley”.
Para el juez de la causa de la Mafia de los Contenedores “contrabando y evasión tributaria constituyen un binomio inescindible del negocio ilegal. No es por otra razón que quienes participan en este tipo de actividades ilícitas no solamente se preocupan por ocultar qué se importa, sino también ‘quién’ lo hace. Una clara maniobra establecida para obstaculizar la visibilidad de la cadena de comercialización irregular posterior al ingreso clandestino de la mercadería. En los hechos aquí investigados, vale aclararlo, la intervención oportuna de las autoridades impidió que se consumara ese propósito”.
Por último, Aguinsky habló de lo que consideró un protagonista principal: el Banco Central. “Todas estas operaciones de comercio exterior, en el contexto de la política económica y cambiaria restrictiva imperante en los años 2015 y 2016, requirieron necesariamente de una autorización especial para acceder al mercado de cambios, para adquirir las divisas a fin afrontar los pagos a los proveedores del exterior y luego girar esos dólares hacia el país de donde provenía la importación. Divisas malgastadas a precio oficial en un contexto de control de cambios y economía siempre en problemas, que no tuvieron un destino legítimo ni beneficiaron la actividad económica del país, sino que se usaron para promover el ingreso clandestino de mercaderías en una ecuación perniciosa que ha quedado en evidencia”.
Donación
En noviembre de 2018, LA NACION informó de que parte de lo secuestrado en la denominada causa de la Mafia de los Contenedores había sido donado a entidades gubernamentales y sociales, clubes de barrio, ONG y fundaciones para que sea utilizada por los más necesitados. Se trataba de unas 5300 toneladas de telas, indumentaria, mochilas y artículos de bazar por un valor de US$69.000.000.
“Se trata de un tema central y una de las políticas de Estado más importante que estamos llevando adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social. Esto permite no solo combatir a las mafias que estaban enquistadas en la Aduana, sino que la mercadería ingresada de contrabando termine en manos de los más necesitados”, habían explicado en su momento fuentes oficiales.
Para verificar que la mercadería llegue al destino pensado y evitar que sea desviada o revendida, el juez Aguinsky había habilitado una dirección de correo electrónico para recibir denuncias
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