Reactivan la investigación por el femicidio de Johana Ramallo en La Plata

LA PLATA.- El juez Alejo Ramos Padilla, actualmente a cargo del juzgado federal N°1 de la capital provincial, ordenó llevar cabo una revisión integral del expediente del crimen de Johana Luján Ramallo, la joven desaparecida el 26 de julio de 2017 cuyo cuerpo mutilado fue hallado meses después en la costa de Berisso. Y tras hallar deficiencias en la pesquisa, ordenó una serie de medidas en busca de reactivar la causa, que no tiene imputados ni contaba, hasta ahora, con una hipótesis firme que la guíe.

Según pudo saber LA NACION, Ramos Padilla sugirió profundizar las indagaciones alrededor de la “zona roja” platense, donde la joven, que tenía 23 años y una hija de 6, fue vista con vida por última vez. El exmagistrado federal de Dolores, que asumió al frente de este caso en marzo pasado, encontró inconsistencias en varios testimonios vinculados al mundo de los proxenetas que mantenían contacto con la víctima, sobre los que consideró importante ahondar.

A su vez, pidió prestar especial atención a la actuación de los efectivos de la comisaría 9ª, con jurisdicción en la “zona roja”, y a todo lo concerniente a la comercialización de estupefacientes, que prolifera en ese espacio donde grupos de mujeres, travestis y trans ejercen la prostitución, tal como surge de muchos de los testimonios incorporados en la causa.

El magistrado delegó la instrucción al fiscal Guillermo Ferrara y dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que conduce la fiscal Mariela Labozzetta. En estos días se espera en las oficinas del juzgado platense un primer informe del trabajo de la UFEM.

Según confiaron a LA NACION fuentes tribunalicias, Ramos Padilla busca encausar los expedientes penales más complejos y urgentes que tramitaban en el juzgado. Uno de esos casos “calientes” es el homicidio de Johana Ramallo, cuyo esclarecimiento se convirtió en una de las banderas de movimientos feministas y organismos de derechos humanos.

Originalmente, la causa estuvo radicada en la Justicia ordinaria, en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2, conducida por la fiscal Betina Smolej de Lacki, quien instruyó, en el inicio de la pesquisa, una “búsqueda de paradero”. Tras dos meses de discusión, en el tercer trimestre de 2017, la presión de los abogados de los familiares de la víctima consiguió que la investigación pase a la Justicia federal, encuadrada como un caso de infracción a la ley N° 26.364, que desde 2008 busca prevenir y sancionar la trata de personas, además de asistir a las víctimas.

Tras la muerte de Blanco, la investigación pasó por las manos de dos jueces subrogantes: Ernesto Kreplak y Adolfo Gabino Ziulu. Ninguno logró que la causa registrara el más mínimo avance. A su vez, la representación de la víctima, hoy asumida por las abogadas Valeria Moneta y María Inés Lopisi, también tuvo vaivenes y desacoples, y un constante cambio de abogados. Cumplieron ese rol Víctor Hortel, Silvina Perugino, Josefina Rodrigo, Luz Santos Morón y Pía Garralda. Incluso llegaron a intervenir, aunque fugazmente, representantes de la Fundación María de los Ángeles, que preside Susana Trimarco, madre de Marita Verón.

Hoy el expediente 76789/2017, que acumula más de 70 mil fojas en más de 45 cuerpos, no tiene imputados ni sospechosos. En la instrucción se describen decenas de allanamientos, escuchas telefónicas, seguimientos encubiertos, rastrillajes, operativos con perros entrenados, además de cientos de declaraciones testimoniales que, hasta ahora no han permitido delinear un camino certero para una pesquisa establecida alrededor de una oscura trama en la que se conjugan, en dosis aún difusas, prostitución, narcomenudeo, marginalidad extrema y abandono.

Ramos Padilla recibió a los familiares de la joven. En ese encuentro escuchó la sospecha de Marta Ramallo, madre de Johana, sobre la intervención en el hecho de una red de trata en el contexto de un complejo entramado de intereses que -en su opinión- incluiría la complicidad policial. Esa hipótesis, sostenida desde el comienzo por los allegados a la víctima, no logró constituirse en una línea de investigación firme por falta de las pruebas necesarias.

Entre las fojas de la causa, a la que accedió LA NACION, hay muchos testigos vinculados con la actividad de la “zona roja” que tienen como común denominador una obstinada reticencia en sus testimonios. Las patrocinantes de la familia de la víctima aseguran que en muchos aspectos la instrucción presenta severas irregularidades.

Una de las mayores anomalías tiene que ver con el hallazgo del cuerpo, que fue encontrado esparcido en la costa de Berisso a mediados de 2018. Sin embargo, y por razones que hasta el momento nadie ha logrado explicar, el reconocimiento de esos restos solo se consiguió en abril del año siguiente. Recién el 21 de diciembre pasado Marta Ramallo pudo inhumar los restos de su hija.

El foco en la “zona roja”

La mirada del juez coincide con la de las abogadas Moneta y Lopisi, quienes insisten en la necesidad de trabajar sobre la “zona roja”; están convencidas de que allí hay quienes tienen información sobre lo ocurrido, pero también mucho miedo, lo que les impide revelarlo. Por eso, las letradas el año pasado hicieron hincapié en el fortalecer la oferta de una recompensa a través del programa Buscar del Ministerio de Seguridad que permitiría, a través de la línea gratuita 134, recibir datos sobre el delito y sus posibles responsables. A través de la resolución 436/2020, se ofrecieron $500.000 para aquellas personas que “sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para obtener información acerca de las circunstancias de la desaparición y muerte de la víctima Johana Luján Ramallo, como así también datos que sirvan para lograr la aprehensión de los autores del homicidio de la nombrada Ramallo”.

La sospecha es que Johana fue víctima de una red de trata. Para Marta Ramallo, madre de la joven, y para sus abogados, la ausencia de pistas certeras en el caso, ya a un año de la desaparición, daba fuertes indicios en este sentido. “La capacidad de encubrir eficazmente hasta la menor de las pistas nos hace pensar que estamos frente a una organización de trata”, dijo a 0221.com.ar el letrado Víctor Hortel, que en 2018 era el querellante.

La vulnerabilidad de la calle

Johana habitó desde muy pequeña el mundo de la calle y las vulnerabilidades que esta provoca. Acompañaba a su madre -y a sus hermanos, a medida que fueron llegando- a vender baratijas, lavar coches o pedir limosna en bares y restaurantes cercanos a la Legislatura de la provincia, en el centro de La Plata.

Su deriva la llevó a incursionar en el mundo de las adicciones, que la depositó en la Plaza Matheu, epicentro de la “zona roja”, donde muchos jóvenes de ambos sexos consiguen sustancias a cambio de favores sexuales debido a la falta de recursos para pagarlas. De ese modo son introducidos al mundo de la prostitución. Esa vorágine envolvió a Johana y alimenta las sospechas de la familia sobre la intervención de una red de trata.

Esa sospecha se nutre de un combustible estadístico: según datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dependiente del Ministerio Público Fiscal, relevados a partir de llamados al número gratuito 145 habilitado en todo el país para denunciar casos de trata de personas, La Plata se encuentra entre las ciudades con mayor cantidad de denuncias por ese tipo de hechos en los últimos cuatro años.

Ante familiares y allegados, el juez Ramos Padilla se comprometió a reactivar la investigación, según reveló un testigo de ese encuentro. En ese contexto resolvió entregar -bajo estricta supervisión- la instrucción al fiscal Ferrara y dar intervención a la UFEM, que conduce la fiscal Labozzetta. Se espera que en los próximos días el juzgado platense reciba un primer informe del trabajo de la unidad especializada en violencia contra las mujeres.

Un rostro que se volvió icónico

El caso de la muerte de Johana fue tomado con fuerza por numerosos colectivos en defensa de los derechos humanos y, en especial, por grupos con militancia feminista y colectivos que trabajan con la problemática de la trata y la diversidad sexual. El rostro de Johana se convirtió, rápidamente, en un emblema de la cada vez más fortalecida lucha contra las injusticias que el modelo social y económico reserva adicionalmente a las mujeres. Grupos de activistas repiten cada mes el reclamo mediante marchas y radios abiertas y lograron visibilizar la historia a través de los medios de comunicación.

La última imagen de Johana Ramallo quedó grabada en la memoria del sistema de seguridad de una estación de servicio en la esquina de 1 y 63. Eran las 20.17 del miércoles 26 de julio de 2017, cuando la chica entró al baño, se demoró unos minutos y volvió a salir. Caminó apresurada hasta perderse fuera del alcance del objetivo de la cámara. No se supo de ella. Pronto se cumplirán cuatro años.

Un “Nunca Más” a la violencia femicida

Las autoridades del Ministerio de Mujeres, Políticas de Genero y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires se proponen “construir un Nunca Más para la violencia femicida”, señaló su titular, Estela Díaz.

La funcionaria se expresó de ese modo durante el conversatorio online “Hacia la construcción de una Memoria Colectiva”, realizado a principios de este mes con familiares de víctimas de femicidios, a las que garantizó acompañamiento y contención oficial. Además de Marta Ramallo, la mamá de Johana, participaron del encuentro, entre otros, Gustavo Melmann, padre de Natalia Melmann, asesinada en Miramar en 2001; Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de Lucía Pérez, asesinada en 2016 en Mar del Plata; Ana Laura Gonzáles, sobreviviente de un intento de asesinato por parte de su pareja y amiga de Emma Córdoba, víctima de femicidio en 2017.

“Así como aprendimos a construir la democracia con un Nunca Más al terrorismo de Estado, hoy hay que construir el Nunca Más a la violencia machista”, enfatizó Díaz en declaraciones a la agencia de noticias Telam. Consideró que, entre otras cosas, es necesario “pensar en una reforma judicial que incorpore la perspectiva de género”.

El encuentro abordó los siguientes ejes temáticos: acciones en la Justicia y estrategias judiciales; construcción de la memoria y las formas de visibilizar las situaciones y la importancia del acompañamiento y el tejido de redes comunitarias para enfrentar este tipo de situaciones. Cada uno de los familiares relató su propia experiencia de lucha por esclarecimiento y justicia centrándose en las dificultades de acceso y la falta de respuestas en los tribunales.

A su turno, Marta Ramallo expresó: “A casi 4 años de una lucha muy dolorosa que no fue solo mía sino de todas las personas que me acompañan y sostienen, no hemos logrado que la causa tenga ni siquiera un imputado. Al Poder Judicial que no se compromete en las búsquedas y en la justicia le reclamamos por Johana, y no un expediente manoseado, con mentiras. Mi nieta me pregunta ‘¿qué se sabe de la causa de mami?’ y me cuesta decirle que no hemos logrado mucho. Lo poco que se ha avanzado es gracias a la querella, que venimos trabajando en conjunto. Tenemos un Poder Judicial que juzga cómo éramos como mamás o cómo eran nuestras pibas víctimas de femicidios”, aseguró.

“No tenemos un Poder Judicial como la gente. Es un sistema que no se compromete” aseguró Ramallo, quien dijo estar “muy enojada” por las distintas situaciones que tuvo que soportar en los Tribunales, en especial, la demora en entregarle los restos de su hija, que recién recibió a fines del año pasado: “Cuando me dieron los restos de Joha me devolvieron también sus sueños destrozados”, sostuvo.

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