El crimen de Fernando Báez Sosa: quiénes son los jueces del tribunal de Dolores que definió el veredicto por el homicidio
La jueza María Claudia Castro fue una de las fiscales que sostuvo la acusación contra los asesinos del reportero gráfico; hoy preside el triunvirato de jueces que dará a conocer uno de los fallos más esperados por la sociedad
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LA NACION
DOLORES.- Diez días después de escuchar las palabras finales de los ocho acusados del homicidio de Fernando Báez Sosa, los magistrados fdel Tribunal Oral en los Criminal N° 1 de Dolores dieron a conocer su veredicto. Cinco condenas a perpetua y tres acusados sentenciados a 15 años de cárcel.
La magistrada María Claudia Castro presidió ese triunvirato de jueces. Experiencia no le falta no solo en la resolución de causas, apoyada en diez años de permanencia en ese tribunal, sino también en casos de extremo interés social y mediático: fue parte del equipo de fiscales que, en esa misma sala de audiencias, llevó adelante la acusación contra los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas.
Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Castro forma parte de la Red de Jueces Penales bonaerenses, una entidad que “agrupa a magistrados y exmagistrados del fuero penal bonaerense, comprometidos en la consecución de sus principios fundamentales: la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos en el sistema penal”.
La presidenta del tribunal que juzga a los acusados del homicidio de Báez Sosa integra la comisión directiva de la Red de Jueces Penales bonaerenses, capacitadora de otros funcionarios judiciales en la Suprema Corte de Justicia y profesora universitaria. Desarrolló toda su carrera en el Departamento Judicial Dolores. Antes de trabajar como fiscal se desempeñó en el juzgado Criminal y Correccional que estaba a cargo de José Luis Macchi, el magistrado que investigó el homicidio de José Luis Cabezas. Ante la complejidad del caso, quedó al frente de una de las secretarías del juzgado.
En 2018 integró el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Dolores en la causa que terminó con un veredicto condenatorio contra el exintendente de Pinamar Roberto Porreti, que diez años antes había sido destituido por denuncias de corrupción. Se consideró entonces probado el intento de pedido de pagos ilegales del entonces jefe comunal a los dueños de un boliche y eso llevó a la pena de dos años y medio de prisión. En ese caso, la jueza Castro compartió el debate de la sentencia con Emiliano Lazzari, otro de los miembros del tribunal que juzga a los hasta ahora presuntos asesinos de Báez Sosa.
Además de integrar ese tribunal Lazzari también se desempeña como juez Correccional de Dolores. Antes había cumplido funciones como secretario en el juzgado de Ejecución Penal N° 1, de Quilmes. Como juez del Tribunal Oral N° 1, de Dolores, Lázzari estuvo a cargo del primer juicio por jurados realizado en el mencionado departamento judicial.
Como juez Correccional, Lazzari condenó a un motociclista de General Belgrano a seis meses de prisión en suspenso por hacer wheelie. En la sentencia del juicio abreviado, el magistrado sostuvo que la figura penal que correspondía aplicar al acusado era la de un delito contra la seguridad pública, debido que había realizado dicha prueba de destreza a pocos metros de una familia que abordaba su automóvil. Un fallo de esas caraterísticas marcaría que no le tiembla el pulso a la hora de aplicar el Código Penal y su escala de penas.
En tanto que el tercer integrante del Tribunal Oral N° 1, Christian Rabaia, asumió dicho cargo en 2019. Antes se había desempeñado en la fiscalía a cargo de Gabriela García Cuerva, que tuvo a su cargo el juicio oral que terminó con la condena del asesino del joven discapacitado Mauricio Ponce de León, ocurrido en 2008, en Chascomús.
Desde que asumió como juez del Tribunal Oral N° 1, Rabaia intervino en juicios que terminaron con las condenas a un estafador que se hacía pasar por funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones para extorsionar a los dueños de los supermercados chinos del Municipio de la Costa y contra un vecino de Santa Teresita que distribuía videos de menores que eran víctimas de abusos sexuales.
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