Puerta giratoria: buscan bajar la edad de imputabilidad y aumentar las penas por la portación de armas

La grave crisis de inseguridad que, en los últimos días, explotó especialmente en el conurbano derivó en reclamos sociales para frenar la llamada puerta giratoria judicial. Y esos pedidos tuvieron repercusión en el Congreso de la Nación. Proyectos para bajar la edad de imputabilidad, agravar las penas de delitos vinculados con la tenencia y portación ilegal de armas de fuego y modificar las causales para considerar las conductas reincidentes de los delincuentes fueron presentados en los últimos días y sus autores esperan poder debatirlos con la nueva composición de las cámaras legislativas a partir del 10 del próximo mes.

El homicidio del kiosquero Roberto Sabo provocó que los vecinos de La Matanza salieran a las calles para exigir medidas de seguridad. En el crimen, según la investigación policial y judicial, habría participado como cómplice del sindicado asesino, Leandro Suárez, una adolescente de 15 años, que para la ley es inimputable. Frente a la reiteración de casos similares, el diputado nacional Luis Petri (UCR-Mendoza) presentó en las últimas horas un proyecto de ley para fijar la edad de la imputabilidad penal a partir de los 14 años. Hasta el momento, el límite es de 16 años.

“La presente ley tiene por objeto establecer la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años al momento de la comisión del hecho tipificado como delito”, se señaló en esa iniciativa. Petri dijo a la nacion que la intención es que el proyecto de ley pueda ser debatido cuanto antes.

“La mayoría de los países de Occidente ha establecido los 14 años como la edad de imputabilidad penal”, explicó Petri y citó como ejemplos a Chile, Paraguay, Colombia, Bolivia, Venezuela, en la región, y Alemania, España, Italia y los Países Bajos, en Europa. “Tiene que ver fundamentalmente con la edad a partir de la cual la ciencia mayoritariamente ha definido que una persona comprende la criminalidad del hecho que realiza”, sostuvo el diputado nacional. En 2019, un proyecto similar había tenido media sanción en el Congreso de la Nación.

La propuesta de Petri lleva el nombre de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y prevé aplicarse una condena “al adolescente de 14 años que cometiere algún delito, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a dos años, o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal”.

Por su parte, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos), que tiene como referente político al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para “evitar la puerta giratoria” en los delitos de portación y tenencia ilegal de armas de fuego.

“Tiene que ser uno de los temas a discutir con la nueva composición de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre próximo. Todas las fuerzas políticas nos debemos esta discusión. El Estado tiene que ir a buscar las armas que están en poder de los delincuentes”, afirmó Gutiérrez a LA NACION.

El proyecto del legislador establece elevar a un mínimo de tres y un máximo de ocho años de prisión la pena “para la persona que porta un arma de fuego sin su debida autorización”. En la actualidad es un delito con un mínimo de un año y un máximo de cuatro años de cárcel.

La reforma propuesta crea, además, de las figuras básicas, la “portación ilícita agravada” con penas de hasta 12 años de prisión y alcanza al delincuente que tenga antecedentes por uso de armas o delitos intencionales previos contra las personas; al que porte el arma en un establecimiento educacional, de salud, en centros de culto, en espectáculos deportivos, culturales, cuando se empleen armas que hayan sido utilizadas en otro delito, cuando sean “tumberas” o modificadas para lograr mejor alcance, precisión o poder de fuego, cuando tengan numeración borrada, adulterada o cuando se porten en vehículos motorizados, como lo hacen sicarios, piratas del asfalto y secuestradores, entre otros.

Frente a arrestos reiterados

En tanto, el candidato por Juntos y secretario de Seguridad de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, Gerardo Milman, presentará, en caso de ingresar en la Cámara baja, un proyecto de ley con la intención de modificar el Código Penal y hacer cambios en sentido de la declaración de reincidencia de los delincuentes.

“El proyecto buscar ampliar los supuestos de denegación de la prisión preventiva a los sujetos ‘reiterantes’ que aún no han obtenido condena y que al ser liberados implican un supuesto de peligrosidad para la comunidad, como así también que la reincidencia con todos sus efectos se configure con el hecho de existencia de condena y no de cumplimiento de la pena”, explicó el candidato a diputado nacional en los fundamentos de su propuesta. La intención de Milman es presentar la iniciativa el 10 de diciembre próximo, según adelantó a LA NACION.

En el proyecto de Milman, en el artículo 50 del Código Penal se establecería: “Habrá reincidencia siempre que quien hubiera sido condenado con pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena. La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a extradición”.

El exfuncionario nacional también, en el proyecto de ley, propone modificar el artículo 218 del Código Procesal Penal de la Nación, que fija las pautas de la prisión preventiva. “Corresponde el dictado de la prisión preventiva en función de la gravedad de las circunstancias, la naturaleza del hecho, las condiciones y los antecedentes del imputado, que sirvan para decidir los criterios de peligro de fuga, entorpecimiento del proceso o reiterancia delictiva”, se sostiene en la iniciativa.

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