Proponen que las agresiones contra mujeres sean calificadas como delitos de acción pública
Los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social coordinaron la elaboración de un proyecto de ley para que puedan ser iniciadas causas a partir de denuncias de testigos
LA NACIONDaniel Gallo
El masivo y permanente reclamo social para poner un freno a la violencia de género provocó la búsqueda de herramientas jurídicas y administrativas adecuadas frente a un problema que puede dimensionarse con las 500.000 denuncias recibidas cada año en las comisarías. La mayoría de esas presentaciones quedaron archivadas al no ser ratificadas por las victimas, mujeres que posiblemente siguen bajo la coacción física, psicológica o económica del victimario. El Gobierno quiere cambiar esa situación. Los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social presentaron ayer la alternativa legal que podría convertirse en un punto de inflexión para revertir el crecimiento de casos de agresiones a mujeres: proponen que se considere como delitos de instancia pública todos los casos caracterizados como violencia de género.
Eso permitirá -y obligará- a la Justicia a actuar de oficio y habilitará a dar curso a denuncias realizadas por terceros. Cualquier testigo de una situación de violencia de género, familiares, amigos o directamente desconocidos, podrán dar comienzo a una causa si el Congreso aprueba la iniciativa de modificar el artículo 72 del Código Penal y el artículo 25 del Código Procesal Penal.
"La intimidad de las personas dentro de sus hogares hay que respetarla, pero desde las políticas públicas de seguridad nosotros decimos que no se puede considerar a los delitos de violencia de género como de instancia privada. Es un cambio muy importante, porque decimos con este paso que al Estado no le da igual lo que sucede con las mujeres. Cambia la relación del Estado con esta realidad. Esto no es más un problema privado y así vamos a empezar a bajar los números de femicidios , como lo hicieron en Gran Bretaña y España. Y esto es poner un acelerador a lo que vienen haciendo fiscales jóvenes", comentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich .
"Al Estado no le resulta indiferente la violencia contra la mujer, por eso a partir de este proyecto deberá abocarse a la investigación de este tipo de delitos", se definió en la presentación del proyecto de ley. Y se agregó: "Todos los delitos que se hubieran cometido en un contexto de violencia de género deberán ser investigados sin excepción",
El proyecto de ley será enviado al Congreso y tanto Bullrich como su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley , esperan que el tema pueda tratarse con la urgencia que requiere la resolución de casos de violencia de género.
Las funcionarias confían en que la iniciativa será debatida en forma anticipada al debate de reforma al Código Penal.
"Todas las leyes que propusimos en estos años complementan la ley de protección integral de la mujer. Cada ministerio se puso metas para la prevención y erradicación de la violencia de género. En nuestro caso acompañamos el empoderamiento de la mujer durante el período del proceso judicial, con apoyos que van del alojamiento en refugios al subsidios hasta que la mujer pueda valerse por sí misma y deje atrás la amenaza económica a la que muchas veces es sometida", indicó Stanley.
"Hay que ayudar a la víctima a sostener la denuncia. Las políticas de Estado son importantes, porque medidas aisladas no alcanzan para disminuir los femicidios", señaló, por su parte, Fabiana Tuñez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.
La redacción del proyecto de ley fue coordinada por Carolina Barone, a cargo de la Ejecución de Políticas de Género en el Ministerio de Seguridad. Uno de los puntos fundamentales en esa iniciativa es evitar el archivo de causas por decisiones subjetivas sobre relevancia del delito tomadas por representantes judiciales, por lo que de aprobarse en el Congreso esta propuesta, quedarán obligados los jueces y fiscales a investigar todas las denuncias presentadas en un contexto de violencia de género.
Medidas de prevención
El Ministerio de Seguridad había tomado en abril pasado otra decisión en este tema. En ese momento presentó la ministra Bullrich en el Consejo de Seguridad Interior la intención de avanzar hacia un protocolo común en el momento de la recepción de las denuncias en las comisarías. Mediante una serie de preguntas a la víctima se podrá asignar de inmediato un nivel de riesgo y, en consecuencia, las propias policías estarán obligadas a dar las primeras medidas de seguridad sin esperar la intervención judicial.
Ese sistema cruzará datos de todas las jurisdicciones para definir si el denunciado tiene antecedentes por casos similares, también se conocerá si el hombre cuenta con permiso de portación de armas y se analizará la clase de amenaza recibida por la mujer para definir una adecuada táctica de protección para la mujer.
La ministra Bullrich, en tanto, adelantó que impulsará medidas más severas frente a casos de violencia de género. La funcionaria nacional apoyaría que el alejamiento del agresor incluyese la prohibición de ingreso del victimario en la localidad donde viviese la mujer amenazada.
Por Daniel Gallo
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