Cárceles en América latina. Sobrepoblación, motines y pocas respuestas de los gobiernos para afrontar la crisis penitenciaria
Un informe de medios de 12 países expone los desafíos y las dificultades que representa el aumento de las encarcelaciones en la región
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Sobrepoblación, hacinamiento, violencia, extorsiones y dominio de grupos criminales que han derivado, en algunos casos, en motines o disturbios con heridos y muertos. Así son las cárceles en América latina.
Rubén Ortega Montes, analista en seguridad en México, las describe como “bodegas humanas”, espacios en los que se “elimina” de manera parcial a quienes son perseguidos por la comisión de hechos delictivos, muchos de los cuales pasan años encerrados antes de recibir sentencia.
El Grupo de Diarios América (GDA) hizo una revisión del panorama en las cárceles de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y el territorio de Puerto Rico. Las conclusiones son alarmantes.
La situación de los presos llega a ser tan precaria que pueden no tener un colchón para dormir o sufrir desnutrición. Frente a la problemática de las cárceles en la región, la respuesta de los gobiernos suele ser traslados o planes para crear más prisiones o ampliar las existentes, pero pocos se enfocan en mejorar las oportunidades o abrir el panorama de las personas privadas de la libertad.
A esto se suman otros factores, como el de los miles de presos que pasan años sin recibir sentencia. Y hay países, como Venezuela o El Salvador, donde debido a la situación política es difícil obtener información sobre lo que ocurre en las cárceles.
Saturación
De los 12 países analizados de 2016 a 2022 solo Colombia, Costa Rica, Venezuela (con datos solo de 2018 y 2020) y Puerto Rico presentan una tendencia a la baja en su población penitenciaria. Las cárceles de este territorio norteamericano son las únicas que no registran sobrepoblación; al contrario, la cantidad de presos ha disminuido desde 2016: de 11.642 a 7252 en el periodo entre 2021 y 2022.
Los tres países con mayor población penitenciaria en ese periodo de siete años son Brasil, México y la Argentina, pues tienen mayor densidad de población.
En México, el 47,3% de las cárceles registran sobrepoblación. El Estado de México es el más afectado, con un exceso de 146,08%, de acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs). En los últimos siete años la población penitenciaria de México solo estuvo por debajo de los 200.000 reos en 2018.
En Argentina, desde 2016, las cifras de presos han ido en aumento; para 2022 este dato creció un 33%: de 76.261 reclusos en 2016 pasó a 101.267 en 2021, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep).
Solo en la provincia de Buenos Aires, con capacidad formal de alojamiento para 27.000 personas, la sobrepoblación es de 118%: más de 58.000 personas presas.
En Brasil, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Información Penitenciaria (Sisdepen), del Ministerio de Justicia, las cárceles reportaron en 2021 un total de 833.176 presos, mientras que en 2019 había 755.247.
Un caso excepcional fue el de Chile durante la pandemia: de acuerdo a registros oficiales, en 2019 había 41.977 reclusos; en 2020, 3813, y en 2021, 38.718; este cambio fue debido a la libertad vigilada (de marzo a octubre de 2020 se realizaron excarcelaciones anticipadas). La sobrepoblación carcelaria en el país pasó de 0,5% en 2016 a 7% en 2022.
En Colombia, la situación es tan grave que en 1998 la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI). “La población carcelaria, revelan cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), era de 97.860 hasta diciembre de 2022 en los 126 establecimientos ligados a la institución. En realidad sólo hay cupo para 81.175 personas. La sobrepoblación, de acuerdo con las cifras de 2022, es de 16.685 personas, lo que representa un hacinamiento del 21%”.
Costa Rica, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, tenía una población carcelaria de 16.265 en 2019 (31% de sobrepoblación); en 2022, la sobrepoblación era de 6,4%; este año, con 15.141 presos, la sobrepoblación es de 10%. Sin embargo, hay cárceles, como San Antonio Bastida de Paz, Nelson Mandela y Gerardo Rodríguez, cada una con sobrepoblación superior al 40%.
En el caso de El Salvador, para diciembre de 2016 tenía una población carcelaria de 36.824 reos; en 2018 la cifra se disparó a 39.642; para febrero de 2022 (último dato disponible), la cifra era de 39.538. El hacinamiento en diciembre de 2016 era de 264%; para diciembre de 2018 era de 69%.
En febrero de este año, el gobierno inauguró el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que el presidente Nayib Bukele anunció como “la cárcel más grande de Latinoamérica”, con capacidad para 40.000 personas privadas de la libertad. Hasta mayo pasado, habían sido trasladados allí unos 5000 presos, según datos oficiales.
En términos de capacidad penitenciaria, de los 12 países analizados por medios miembros del GDA, Perú es el que muestra la mayor crisis carcelaria: la sobrepoblación este año supera el 100%; es decir que hay 89.877 reos y solo tienen espacio para 41.018. El hacinamiento llega a ser de más de 400 o incluso de 500%, como en el EP Callao.
En República Dominicana, la población carcelaria pasó de 25.437 en 2016 a 26.782 en 2017; para 2020 ya era de 27.026; en 2022, de 25.711. Actualmente llega a 25.370, con una tasa de hacinamiento de 62,2%, según la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSP).
Según el último informe publicado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario en Uruguay, de 2021, “en las primeras dos décadas de este siglo el volumen de la población penitenciaria se ha triplicado”.
En 2019, la tasa de crecimiento anual promedio fue de 8,3%; en 2020 subió a 12,6%. En la Unidad 5 (cárcel de mujeres), la ocupación era de 143% en 2021.
En Venezuela, donde obtener datos oficiales sobre la situación de las cárceles es misión imposible, es el Observatorio Venezolano de Prisiones el que proporciona información. Para 2020, la población carcelaria era de 32.200, cuando la capacidad máxima es de 20.438. “Las cárceles venezolanas son sinónimo de hambre ante la carencia de alimentos y la reducción de porciones mínimas que no cumplen con las calorías establecidas por la Organización Mundial de Salud”, determinó el Observatorio.
La sobrepoblación es, en sí, violatoria de la dignidad humana y los derechos humanos, pero además da paso a otros problemas.
En marzo y abril de 2023, El Tiempo, de Colombia, acompañó inspecciones realizadas en seguimiento al ECI en estaciones de policía hacinadas: 214 personas que ya estaban condenadas y permanecían detenidas allí fueron trasladadas. Se encontró en la estación de Policía de Engativá a 16 personas que estaban presas en un lugar que era para disponer basura. También fueron trasladadas.
En República Dominicana, Listín Diario hizo un recuento de La Victoria, considerada como la cárcel en peor situación. Construida para alojar a 2000 personas, cuenta actualmente con una población carcelaria de 7608. “El centro posee la cantidad más elevadas de personas con trastornos psiquiátricos a nivel nacional (un aproximado de 60 personas)”. Se ubican en un espacio llamado “Los Malogrados”. La razón: alberga también a internos con tuberculosis o cualquier otra patología contagiosa.
Las prisiones, en general, cuentan con regímenes de visitas familiares y de abogados. Pero hay países donde incluso eso está prohibido, como El Salvador, donde desde el 1 de marzo de 2020 no se permite ningún tipo de visita a privados de la libertad. La prohibición inició en 2019, pero solo aplicaba a reos pertenecientes a pandillas (maras). Sin embargo, al iniciar la pandemia de Covid-19, se extendió a los demás presos. La medida incluía visitas de abogados, aunque este año se han retomado las visitas legales.
Los sentenciados y los que esperan
Otro indicativo de la situación de las cárceles es la cantidad de presos sin sentencia. El caso más grave es el de Venezuela, donde, de acuerdo con el Observatorio, la cantidad de condenados es de 47%, con cifras de 2022.
En México, Perú y Chile, la cantidad de presos sentenciados ronda 60%. En Colombia y Brasil supera el 75%, mientras que en Uruguay asciende a 85%. En República Dominicana suman 90%.
Caso distinto es El Salvador, donde no hay datos actualizados porque desde que comenzó el régimen de excepción, las estadísticas fueron declaradas “bajo reserva”. Hasta 2021, 76% de presos había recibido sentencia. Sin embargo, ninguno de los 68.294 arrestados bajo el régimen de excepción ha sido condenado. Aun así, están en prisiones con personas ya sentenciadas.
Motines y extorsiones
Aunque no al nivel de los motines que se han visto en prisiones de Ecuador u Honduras, la violencia también caracteriza las prisiones latinoamericanas en general.
México destaca en el rubro: según el Violentómetro Penitenciario que elabora la organización civil Asílegal, en 2019 se registraron 677 hechos violentos en cárceles del país, que involucraron a 1045 presos.
Para 2022, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cifra se elevó a 2499 incidentes violentos. Hasta marzo de este año, la Secretaría de Gobernación registraba 222.
Las restricciones de la pandemia también golpearon a las cárceles. El 21 de marzo de 2020, presos en la cárcel La Modelo, considerada la peor de Colombia, se amotinaron, quejándose del mal manejo de los contagios de Covid-19. El motín dejó un saldo de 24 muertos –23 de ellos con arma de fuego– y 107 heridos. La situación se repitió tres meses después en la Argentina, donde LA NACION reportó motines de reclusos que exigían beneficios excarcelatorios para evitar el peligro de los contagios masivos, con un saldo de al menos cinco muertos.
Más allá del coronavirus, los pleitos entre grupos rivales son la causa más común de los motines en los penales. En Costa Rica, las riñas han dejado cuatro reos muertos este año: en República Dominicana se registraron al menos 15 motines con 11 fallecidos en 2022.
En Brasil, uno de los motines recientes más violentos ocurrió en julio de 2019. O Globo, que dio cuenta de lo ocurrido, explicó que la violencia se desató entre el Comando Clase A y el Comando Ro. Murieron 57 reclusos.
En El Salvador no hay informes de riñas o motines recientes. En cambio, en el último año lo que ha proliferado son las muertes de personas (más de 150) capturadas durante el régimen de excepción. Organizaciones civiles han denunciado que se trata de muertos a manos del Estado, torturados o por descuido, y exigen a instancias internacionales investigar los hechos.
A los motines se suman las extorsiones, que se repiten en prisiones de México a Colombia y la Argentina. En Venezuela, una investigación del portal de noticias Runrunes y la plataforma periodística Connectas, que estudió siete prisiones, encontró que desde allí se planifican y controlan “más de una docena de delitos o actividades que generan millones de dólares”.
Las extorsiones telefónicas son una de las prácticas más comunes, que han sido ligadas por las autoridades a prisiones en la región.
En la Argentina, este problema ha crecido en los últimos años: además de extorsiones, organizaciones del crimen organizado orquestan desde la prisión venganzas y ataques extramuros.
Los “jefes de jefes”
Las extorsiones y los motines están estrechamente ligados a una realidad que se vive en muchas prisiones: la existencia de grupos criminales bien organizados que son los verdaderos “jefes de jefes”.
Mientras en Perú, Costa Rica y Uruguay no hay grupos identificados que controlen las cárceles, la violencia o las extorsiones, en México los cárteles son los que están al frente. Principalmente el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, seguidos por el Cártel del Golfo, el del Noreste, el de los Beltrán Leyva y los Zetas.
Los tentáculos de estos cárteles se han extendido a otros países. De acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile, “el control de los penales está entre los objetivos de los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, como se ha visto en Ecuador. En Chile puede serlo perfectamente el Tren de Aragua el que ejerce el control”.
El Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa de Venezuela, controla desde prisión más de una docena de delitos, incluyendo tráfico y trata de personas.
En Colombia, los liderazgos en las prisiones no son tan visibles como a inicios del 2000, cuando el control lo tenían paramilitares, sicarios de capos del narcotráfico o la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En El Salvador, son las pandillas las que tienen el control en muchas de las prisiones, obteniendo beneficios que incluyen la libertad de líderes pandilleros, a pesar de ser solicitados en extradición por los Estados Unidos. ¿Cómo puede pasar eso? No hay respuesta oficial.
Otro país donde importantes organizaciones criminales dominan dentro y fuera de las prisiones es Brasil. Las facciones más activas son el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
¿Y la respuesta de las autoridades?
El costo de mantenimiento de las personas privadas de la libertad puede llegar a ser, en México el equivalente a US$900 mensuales.
En Chile, el gasto promedio mensual por interno, al cierre de 2021, era del equivalente a 1012 dólares. Una cifra similar a la de Uruguay (unos 1024 dólares mensuales)
A pesar de ello, en general, en los países analizados, al igual que en el territorio de Puerto Rico, las estrategias se quedan cortas. En su gran mayoría, el enfoque se limita a reducir la sobrepoblación con el traslado de presos, la separación de los más violentos, la ampliación de centros penitenciarios y la creación de nuevos penales, y la participación del sector privado. Escasean las medidas para acelerar las sentencias, por ejemplo.
Existen, al mismo tiempo, programas con distintos grados de desarrollo para permitir a la población carcelaria culminar sus estudios, aprender un oficio o trabajar desde prisión y obtener algún dinero.
Hay también programas enfocados en la excarcelación anticipada para delitos no graves –en general se excluyen delitos de explotación sexual, trata de personas o crímenes violentos o de narcotráfico–, siempre y cuando los presos cumplan ciertas condiciones.
No obstante, son pocos los países con programas más extensos, enfocados en ayudar a las personas privadas de la libertad a crecer como seres humanos y a incentivarlos a cambiar de vida una vez fuera de prisión.
En República Dominicana, por caso, existen programas enfocados en la salud mental; otros, llamados “de medio libre”, buscan alternativas a la reclusión. También hay programas de salida temporal con fines familiares, educativos o laborales. Pero este tipo de casos son contados en la región.
“El creciente autogobierno, la impunidad y la corrupción al interior” de las cárceles, sumado “al contexto geográfico, socioeconómico o por índice delictivo o de inseguridad”, las convierten en centros “donde los fines de reinserción social solo son utópicos”, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México en enero de 2023. Esa cruda descripción aplica a nivel regional casi sin excepciones.ß
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