Presos en comisarías. Tras un fallo que ordena trasladarlos a todos a cárceles federales, la Ciudad espera “recuperar” 1500 policías

La Justicia dictó una resolución que marca un hito en la larga y amarga disputa que sostienen la Ciudad y la Nación por el alojamiento de los detenidos por hechos de inseguridad cometidos en el tejido urbano porteño. Fijó un cronograma específico, con fechas precisas: la primera, para que ya no quede ningún procesado o condenado en las alcaidías y comisarías de la Capital; la otra, para que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) comience a recibir, de manera automática, a los encausados con pronunciamientos firmes y mandatos de traslado dictados por juzgados competentes, y la tercera, para que garantice un cupo de entre 130 y 140 ingresos semanales a los penales federales. Está en juego la situación actual de 1284 detenidos.

El gobierno porteño gritó el fallo como un gol. Entienden que su cumplimiento resolverá un triple problema: primero, el de las personas privadas de la libertad en lugares que no están preparados para una estancia prolongada; segundo, permitirá liberar a los policías abocados a hacer de “guardiacárceles”, una tarea para la cual no fueron preparados, y, tercero, poder “recuperar” a esos efectivos para destinarlos a tareas de prevención urbana. Se trata de más de 1500 oficiales de los que el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Eugenio Burzaco, espera disponer para “ponerlos en la calle” a patrullar.

Aún no se sabe si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación –del que depende orgánicamente el SPF– cumplirá con los plazos y con el cronograma fijados por la jueza en lo penal, contravencional y de faltas Carla Cavalieri, en respuesta al hábeas corpus presentado por el Ministerio Público de la Defensa en favor de las personas alojadas más allá de los plazos legales en dependencias de la Ciudad. Es que los tres grandes complejos penitenciarios del área metropolitana (Devoto, Ezeiza y Marcos Paz) están con su capacidad máxima superada: entre el 104 y el 115%, según el establecimiento.

No obstante, la ley es la ley. Y hay un acuerdo vigente por el cual las personas detenidas en la Capital, cuando ya no están en tránsito o en las primeras horas de aprehensión y tienen sobre sí un pronunciamiento judicial, deben ser trasladados preventivamente a penales del SPF. Desde que estalló la pandemia –y más aún desde que Nación y Ciudad rompieron lanzas luego de que el Presidente Alberto Fernández desairara a Horacio Rodríguez Larreta al quitarle el aumento de coparticipación federal que le había concedido Mauricio Macri al Estado porteño– el SPF recibe presos porteños a cuentagotas, solo cuando se libera algún cupo, según explican.

Eso llevó a la judicialización de la controversia y a la conformación de una “Mesa de Aproximación de los actores del sistema” –integrada por los funcionarios políticos de cada jurisdicción a cargo de los temas penitenciarios– que debía acercar posiciones y encontrar soluciones aceptables para ambas partes en lo relativo al ingreso de presos a las cárceles federales.

Mientras, los abogados de una y otra parte continuaron el litigio, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde agosto del año pasado tiene a su análisis un recurso federal que aún no fue abierto a trámite, o al menos eso no fue comunicado a las partes. Mientras apeló, el SPF tuvo una excusa para seguir con el “cupo a cuentagotas”.

“Nos lo hacen a propósito, para complicarnos la operatoria. Muchos jueces hoy empiezan a dudar si tienen que ordenar una detención porque no saben cuál será el destino de los presos a su cargo. Se están aplicando sistemas alternativos, como la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Pero en un momento eso no alcanza. Y, además, no se puede aplicar con las personas detenidas por delitos graves, que tienen que estar en una cárcel, no en su casa, una comisaría o una alcaidía”, dijeron a LA NACION voceros del gobierno porteño.

Plazos fijos

Por fuera de la puja política, la jueza Cavalieri dispuso el “traslado paulatino a las Unidades del Servicio Penitenciario Federal de todas las personas condenadas que se alojan en las alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad que cumplan con los requisitos de ingreso a dicho Servicio y cuenten con la orden para ello emanada del juzgado o tribunal a cuya disposición se encuentra, hasta arribar, como fecha límite el 31 de julio de 2023, a la desocupación total de los internos condenados de dichos sitios”.

También ordenó “a partir del 1 de agosto de 2023, el ingreso inmediato al Servicio Penitenciario Federal de toda persona condenada” y que el SPF presente “en el plazo de treinta días hábiles, una propuesta para el incremento de cupos de ingreso al sistema penitenciario federal, de las personas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que tienda a alcanzar el número de entre 130 y 140 internos por semana”. Y requirió “una propuesta de trabajo que acerque una solución para el otorgamiento de cupos de personas procesadas o condenadas por delitos que conlleven situaciones de violencia de género o por cualquier otra situación que requiera cupos especiales”

Finalmente, a la Mesa de Aproximación de los Actores del Sistema le encomendó que “proyecten un nuevo cronograma para ser presentado y evaluado por este Juzgado, que contemple, en distintas etapas:

• a) una fecha límite para la desocupación de las Comisarías de la Policía de la Ciudad, de toda persona con la situación procesal resuelta y la consiguiente prohibición de alojamiento, en dichos sitios, de ellas; y
• b) una fecha límite para la desocupación de las Alcaidías de la Policía de la Ciudad, de toda persona con la situación procesal resuelta y la consiguiente prohibición de alojamiento, en dichos sitios, de ellas; todo ello con el fin de dar cumplimiento a las decisiones aquí adoptadas”.

“Esperemos que cumplan”

En el gobierno porteño ven el fallo como un avance y un espaldarazo a su postura en la litis. Pero, al mismo tiempo, son moderadamente escépticos con respecto al cumplimiento a rajatabla de la sentencia, al menos en los plazos dispuestos por la jueza Cavalieri.

“Hasta la pandemia no hubo problema y el SPF tenía un ritmo de recepción de detenidos que se cumplía. Pero hubo un cambio de política en la materia por parte del Gobierno nacional, y eso perjudica a todo el sistema. El secretario de Justicia [Juan Manuel Mena] habla con nuestro jefe de Gabinete [Felipe Miguel], pero hasta ahora no hubo un cambio de lógica. Insistiremos y trataremos de seguir hablando para nos reciban a los detenidos, como marcan la ley y los convenios. Este fallo es contundente, pone fechas y límites claros. Esperamos que los cumplan”, dijo Burzaco a LA NACION.

El ministro lo puso en números. En marzo de 2020 tenía 61 personas alojadas en alcaidías, y ninguna en comisarías (solo en tránsito, circunstancialmente, ya que por ley está prohibido mantener detenidos en esas dependencias). Este jueves había 1284 personas en los calabozos porteños: 780 en alcaidías y 504 en seccionales. “Es más de un 2000 por ciento de aumento. La Ciudad no está preparada para eso”, precisó Burzaco.

Insistió con que “lo más importante es la cantidad de policías que, por tener que cuidar a los presos, no están en la calle” para hacer el trabajo para el cual fueron formados.

“Hemos ampliado capacidades, pero ya no da el espacio. Tenemos un montón de policías cumpliendo funciones de guardias. Eso supone un doble problema: no están en la calle y no separás al policía del delincuente, lo que le hace mal al sistema. Se dan situaciones absurdas: por ejemplo, si un preso necesita bañarse, hay que poner un oficial para que lo lleve a otro lugar, lo vigile y vuelva a conducirlo a la comisaría; lo mismo si hay que llevarlo al médico, a una audiencia, etcétera”, explicó el ministro.

Hay una solución estructural en el horizonte; está a la vista, lo que no significa que esté a mano a corto plazo. En octubre de 2019, cuando Macri era presidente y Rodríguez Larreta completaba su primer mandato como jefe de gobierno, se firmó el acuerdo para la construcción de un anexo de 2200 plazas dentro del perímetro del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz. Ese edificio deberá absorber la totalidad de los detenidos en la cárcel de Devoto (que la Ciudad quiere desactivar para darle al predio otro uso urbano): los 1754 cupos nominales (1830 de ocupación real actual) y, el remanente, para cubrir el aumento de la tasa de prisionalización, ya que creció el índice de robos y hurtos –y de detenciones– al nivel de la prepandemia.

Hoy, esa construcción –a cargo del gobierno de la Ciudad– está al 70 por ciento. Falta mucho, entonces, para que se convierta en una solución real al problema del cupo carcelario.

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