En crisis. La inseguridad y la violencia no ceden, pero las cárceles de Santa Fe tienen cada vez más presos
Las unidades penales tienen capacidad para 5800 presos, aunque hay alojados 8600, un 48% más; casi la mitad de los reclusos no tienen condena firme
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PARA LA NACIONJosé E. Bordón
SANTA FE. En un contexto en que las estadísticas de muertes por diferentes tipos de violencia son lacerantes, surge un contrasentido: la sobrepoblación penal crece, y aunque hay más presos, hay más inseguridad. Eso se expresa, sobre todo, en los homicidios –mayormente vinculados al narcomenudeo–, la balaceras a viviendas, comercios e instituciones públicas, y las extorsiones de parte de organizaciones criminales ya habituadas a imponer sus condiciones por la fuerza de las armas.
El Gran Rosario sufre especialmente esta situación de desborde: suma 172 homicidios en lo que va del año, y más de 430 ataques a mano armada a domicilios y negocios. La noche del sábado, un tiroteo entre bandas en el barrio Ludueña dejó un saldo de un muerto y cinco heridos, entre ellos, un chico que, con amigos, vendían empanadas para juntar fondos. Hubo también un feroz enfrentamiento entre efectivos de la Gendarmería, la policía local y “soldaditos” que custodiaban un búnker de venta de drogas.
Para comenzar a entender esta situación hay datos a tener en cuenta: en dependencias del Servicio Penitenciario y policiales de la provincia de Santa Fe hay alojados actualmente alrededor de 8600 presos, aunque las plazas disponibles son 5800. Hay un 48% más de reclusos que los que el sistema puede contener.
Pero hay otros datos que complican cada vez más ese panorama: la tasa de encarcelamiento que provoca sobrepoblación y/o hacinamiento en todas las cárceles y comisarías de la provincia crece y no hay soluciones a la vista, a tal punto que la población penal creció un 47% entre 2017 y 2022.
Además, casi la mitad de los detenidos están presos sin condena; la cifra de personas fallecidas en custodia resulta relevante: entre 2020 y 2021 se registraron 66 muertos (62 hombres y 4 mujeres); 14 tuvieron lugar en dependencias policiales y 52 dentro de unidades del Servicio Penitenciario.
El fenómeno de la prisión preventiva mientras la Justicia determina si son culpables o inocentes –por algunos cuestionados, por otros avalado– también tiene sus cifras: En 2021, el 45% de las personas privadas de libertad, tanto en prisiones como en comisarías, no tenían condena firme en Santa Fe.
Desde organismos defensores de las personas privadas de libertad, se aseguró que “hace dos años que Santa Fe incumple un fallo para eliminar la sobrepoblación carcelaria”.
Pero el aumento de los detenidos es exponencial en los últimos años. En 2014, la población penal en toda Santa Fe rondaba las 3500 personas, cifra que hasta la fecha sumó de forma escalonada más de 5000 reclusos. Ese incremento –que muros adentro es el infierno mismo– no tuvo el impacto que la sociedad reclama en cuanto a penas más duras.
El encierro creció a la par de una violencia inaudita: la tasa de homicidios más alta del país, balaceras a plena luz del día, comerciantes extorsionados y un sicariato que hace blanco en familias enteras sin discriminar a niños ni bebés.
Estos datos constituyeron parte del informe anual que presentó este miércoles en la Legislatura santafesina la titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), Jaquelina Balangione.
Deterioro progresivo
El informe que escucharon los legisladores de boca de Balangione indica que “el grave deterioro de las condiciones materiales de vida, la inadecuada alimentación, la carencia de agua potable, la falta de higiene, la presencia de vectores, la dilación o la ignorancia ante pedidos médicos, la falta de seguimiento en el control de medicamentos, la inadvertencia y falta de estudio en problemáticas de Salud Mental entre otros factores tanto materiales como humanos, resultan determinantes para el desarrollo de enfermedades que desencadenan en muchos casos en esas muertes ‘no violentas’”.
Durante la exposición, que se orientó a la situación de emergencia carcelaria que debe comenzar a resolver Santa Fe, luego de una visita a la cárcel de Las Flores, ubicada en el extremo norte de esta capital, se explicó que “la Justicia hace lugar a los pedidos de habeas corpus, intima a las autoridades del Servicio Penitenciario a que adecue las condiciones porque se vulneran derechos básicos, pero nada cambia o, mejor dicho, todo empeora. Entran más detenidos de los que salen, la vocación de encarcelar de fiscales y jueces es cada vez más alta y el agravamiento de la pena dentro de las prisiones viola los estándares de derechos humanos a nivel nacional e internacional”, sostuvo la funcionaria.
Límites superados
Según la titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, de los presos bajo responsabilidad del Servicio Penitenciario santafesino, la situación de superpoblación más grave está en Piñero, en el sur, y en las comisarías de la ciudad de Santa Fe, en cuanto a los detenidos que están bajo custodia policial por falta de espacio en las prisiones. En Rosario hay 800 presos “de más” con respecto al espacio disponible, de un exceso estimado en casi 2000 internos más que lo que el sistema puede soportar sin violentar derechos elementales.
La ciudad de Santa Fe tiene celdas y calabozos en sus comisarías para tener un tiempo breve presas a unas 122 personas, pero están pobladas por 326. Es “un 200% más del límite”.
Balangione indicó que “aquí está el peor de los panoramas” y en ese camino explicó la reciente muerte de dos reclusos en medio de un incendio de colchones (que no eran los ignífugos que se necesitan) cuyas causas se investigan.
En Melincué (sur de la provincia), en lugar de 30 o 40 reclusos hay 104; en Reconquista (al norte), en vez de los 36 previstos, se alojan 64 (y 20 de ellos son presos federales), y en Rafaela (centro oeste) hay espacio para 45 y se cuentan 106 detenidos.
Encierro deslegitimado
Durante la exposición, Balangione mencionó “el abuso problemático de drogas, que tiene que ver con el narcomenudeo” y “todo el cordón periférico” que hace que “se vuelva siempre a lo mismo: todos estos pibes, al igual que las mujeres, son utilizados por los mercados ilegales como soldaditos o como mulas. Son absolutamente fungibles, y la cárcel no da ningún tipo de respuestas que vaya a solucionar el problema para la sociedad”, interpretó.
Para la Defensora Pública provincial, la cárcel está absolutamente deslegitimada porque “no es efectiva como respuesta a la sociedad, que es la que representa a las víctimas. Y, por otro lado, tampoco es efectiva como respuesta a las personas que cometen delitos, porque ni se resocializan ni tienen un cambio de vida; todo lo contrario, se vinculan y se perfeccionan en la comisión de delitos”.
Al respecto, mencionó que “es necesario un cambio profundo en la política criminal, ya que hoy por hoy el sistema carcelario está planteado como única respuesta de la política criminal” y muchas situaciones “son de origen social y se las criminaliza”.
Alternativa
Así, la construcción de un sistema de Justicia restaurativa es una alternativa que plantea Balangione para “abordar la problemática social con participación de la sociedad y todas las áreas del Estado para que trabajen de forma coordinada”.
Balangione mencionó la necesidad de implementar un cambio profundo en la política criminal para dar otro tipo de respuestas que no sea la cárcel como única opción, en particular, cuando se trata de jóvenes que acaban de ser captados por el sistema penal por cometer infracciones menores apenas cumplen la mayoría de edad.
Según señaló, esos chicos son encarcelados por primera vez con presos de alto perfil y terminan siendo utilizados como mano de obra barata por organizaciones criminales. “Salen de prisión vinculados a la criminalidad y con una especialidad en la materia”, subrayó.
Por José E. Bordón
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