Preocupa el crecimiento de los clanes narco en la frontera norte
Tres calificadas fuentes -dos investigadores judiciales y un oficial federal desplegado en las fronteras- confirmaron a LA NACION que en las localidades de la frontera norte la violencia aumenta al ritmo veloz con el que se expanden los clanes criminales locales, que disputan las rutas de tránsito de drogas.
Por ejemplo, en la localidad salteña de San Ramón de la Nueva Orán existen cinco grupos locales que son señalados como bandas dedicadas al microtráfico de drogas y que ahora intentan expandir su red de distribución primero hacia las capitales provinciales más cercanas.
Se trata de una ciudad compleja. Quienes conocen sus barrios y expedientes, aseguran que fue fuerte el impacto que se sintió en esa comunidad por las acciones del exjuez federal Raúl Reynoso en sus relaciones con jefes narco. El exmagistrado fue condenado en 2019 a trece años de prisión; y el pasado 5 de marzo, el Ministerio Público Fiscal lo acusó nuevamente -en una causa distinta, también por corrupción- y solicitó una condena de diez años.
"La violencia en Orán está en su punto más preocupante, pero, al igual que en toda la frontera, allí enfrentamos el problema de forma conjunta e inteligente, incluso con rápidas condenas e incautaciones de bienes", dijo a LA NACION un investigador judicial. En la misma línea, otro funcionario describió la situación en esa ciudad salteña con pocas palabras: "Cualquier persona que se lo proponga puede comprar allí un kilo de cocaína".
Información oficial indica que el pasado 9 de marzo, por ejemplo, una pareja de mendocinos fue interceptada allí, en cercanías del cruce de Pichanal, cuando viajaban a su provincia con tres kilos de cocaína en el automóvil.
Los funcionarios consultados por LA NACION coincidieron en señalar que, dada la complejidad del problema, estos casos son atendidos directamente por el personal que pasa mayor tiempo en la zona, pero también son tratados por funcionarios a nivel nacional. Por eso, explicaron los especialistas, se desarrolló en este sector de la frontera una dinámica conjunta de trabajo que no solo incluye a los agentes federales o los funcionarios del MPF, sino que también requiere el buen trabajo de la policía local y la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (Ufinar) de Salta. "Generamos mayor presencia del Estado en una guerra de trincheras contra el narcotráfico", aseguraron los funcionarios judiciales.
El caso de Raúl Rojas
En Orán, histórico punto en la ruta de la cocaína, nació y creció Raúl "Coya" Rojas, un narco que esta semana fue condenado en un rápido proceso a nueve años de prisión luego de que una investigación desarrollada por dos fiscalías y tres fuerzas policiales permitió capturar a los miembros de su banda -en julio de 2019- con 330 kilos de marihuana y 11 kilos de cocaína. Además, en ese operativo se incautaron $150.000 y US$26.000.
La historia de Rojas es, de alguna forma, similar a la trayectoria desarrollada por criminales que se forjaron en el norte, a la vera de la ruta nacional 50: primero fue ladrón de motos, luego asaltante de comercios y finalmente traficante de drogas. El tránsito permanente de cocaína de alta pureza en la región hace que las generaciones jóvenes vean en la droga un sendero que los saque de la pobreza y la exclusión, según explicaron los investigadores. Y al Coya no lo quebró la cárcel.
Preso luego de haber caído con 80 kilos de cocaína en sus manos, dirigía desde las celdas del Complejo Penitenciario Federal III de la ciudad de Güemes un violento grupo que en Orán contaba con un nutrido grupo de sicarios propios, según datos a la que accedió LA NACION. En un comentario extraoficial, un investigador dijo que se sospecha que en el tiempo reciente este criminal habría ordenado al menos tres homicidios. A pesar de que le gustaba alardear sobre su dinero, siempre mantuvo un perfil bajo en la ciudad. Cuando cayó detenido, su pareja -Sandra Romero- comandaba las actividades ilegales junto a dos laderos.
Los 330 kilos de marihuana y los 11 kilos de cocaína estaban ocultos en una casa del barrio Aeroparque. En un comunicado oficial, el MPF destacó que la condena contra Rojas fue la primera aplicada en Salta bajo el sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal Federal y que fue en gran parte por eso que el caso se resolvió con el paso de poco tiempo entre el hecho delictivo y la sentencia. Sucede que los procedimientos basados en la oralidad constan de juicios públicos y orales, a los que se llega mediante investigaciones ágiles a cargo del MPF, que es en este modelo el que promueve la acción penal contra los autores de un hecho.
Los problemas narco que se visualizaron en Orán empezaron a replicarse en tras zonas del norte argentino. Un alto oficial federal que ha recorrido las fronteras del norte durante más diez años comentó a LA NACION que durante los últimos meses observó en comunidades rurales muy pobres de Formosa, jóvenes y adolescentes con teléfonos caros y motos de alta cilindrada que contrastan notoriamente con la desidia de la zona. Aseguró, también, que al tratarse de territorios pobres que enfrentan un abandono estructural, los grupos del crimen organizado ejercen un concreto poder mediante la asistencia concreta con colchones y materiales para la construcción. Respecto de los traficantes, dijo que evitan mostrarse cuando las fuerzas federales están cerca; por eso cuentan con adolescentes y chicos como vigías o marcadores.
Respecto de lo que sucede en la zona del Litoral, ese experimentado oficial destacó la presencia de grupos colombianos en Corrientes que prestan dinero proveniente del tráfico de drogas. Citó investigaciones en las que ha participado, mediante las cuales pudo detectarse, por ejemplo, que estos grupos se instalan en barrios determinados con locales y negocios supuestamente lícitos. Luego, esos clanes expanden su red de influencia prestando dinero; y finalmente desembarcan con su droga en la periferia de los barrios más pobres, donde los vecinos quedan como virtuales rehenes.
La información oficial del MPF confirmó que el 14 de febrero pasado fueron detenidos los miembros de una banda de traficantes que llevaba droga desde Salta hacia Corrientes, para canjearla allí por marihuana y regresar a la ciudad norteña; con medio kilo de cocaína obtenían 15 kilos de marihuana. La operación era coordinada por una joven que tenía arresto domiciliario también por traficar drogas en la provincia de Chaco.
En los últimos meses, LA NACION publicó en los últimos meses al menos dos informes que dan cuenta de los operativos conjuntos entre Brasil, Paraguay y la Argentina para evitar que los pequeños grupos locales de traficantes ubicados detrás de las fronteras de los países vecinos sean cooptados por la expansión de dos peligrosos carteles brasileños, el Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital.
En las fronteras y provincias pertenecientes las regiones judiciales noreste y noroeste -que incluyen también a Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca- se abrieron durante 2019 al menos 3548 expedientes por delitos vinculados al tráfico de drogas, según información de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Esta cifra no incluye las causas iniciadas por tenencia simple, tenencia para consumo ni por fumar marihuana en la vía pública. Así, la cantidad de investigaciones en las provincias del norte subió 10% en comparación con los 3216 expedientes originados en 2018.
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