Preocupa el aumento del envío de drogas coordinado desde las cárceles y el uso de mujeres pobres como “mulas”
Las autoridades judiciales del noroeste del país advierten sobre la reiteración de casos de narcos condenados que organizan las operaciones desde la prisión y se valen, para el traslado de la droga, de personas en situación de alta vulnerabilidad
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Una sucesión de allanamientos en distintas cárceles del país encendió las alarmas de los investigadores judiciales y expuso finalmente a las prisiones provinciales como nuevo escenario de disputa para los grupos más violentos de microtráfico que regentean búnkeres de distribución de drogas. Se trata de una problemática que, desde de las rutas internacionales de la marihuana y la cocaína, conecta y atraviesa diferentes ciudades o puntos claves de la Argentina. Según información a la que accedió LA NACION, funcionarios federales confirman que aumentó recientemente la cantidad de casos de narcos que, a pesar de que están presos, coordinaban y supervisaban envíos de cargamentos de estupefacientes que ingresan al país. En muchos de estos casos el narcotráfico se cruza con otro delito: la trata de personas, ya que personas en situación de vulnerabilidad social -esencialmente, mujeres- son captadas y usadas como “mulas”.
Ese es el caso de Sebastián Policarpio Flores, imputado este lunes 29 por la Unidad Fiscal Salta; en esta causa. Tras una investigación de un año, el fiscal general Eduardo Villalba acusó al narco -que estaba preso por otra causa de drogas en una cárcel de Orán- de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Este expediente se suma, por ejemplo, al de las amenazas contra funcionarios judiciales en Misiones, al de los grupos organizados que operan desde el penal salteño de Villa Las Rosas, y al caso del barrabrava condenado y detenido en una cárcel de Mendoza que, desde allí, coordinaba el ingreso de droga desde Bolivia.
Los seis narcos capturados con 7,5 kilos de cocaína y acusados por el fiscal Villalba operaban en los alrededores de Orán, cerca del límite del pequeño pueblo de Aguas Blancas, zona roja del tráfico internacional adonde la Gendarmería tiene desplegados cerca del triple de recursos que en la frontera de Tartagal y Salvador Mazza, lo que da cuenta de la intensidad de la problemática zonal.
El fiscal Villalba explicó a LA NACION: “Comenzamos con los trabajos de intervención telefónica porque sabíamos que, desde un penal, un grupo reclutaba personas para traer drogas desde Orán hasta las bocas de expendio de la ciudad de Salta. Trabajamos en esto durante un año. Logramos descubrir que la droga llegaba desde Bolivia los viernes, y ese mismo día contactaban a las mujeres en situación de vulnerabilidad que podían transportar la cocaína”.
Sobre el caso de Policarpio, el Ministerio Público Fiscal explicó: “Cumple una pena de 4 años y 6 meses de prisión por tenencia de estupefacientes y dirigía los movimientos para el traslado de la droga, como también ‘operaba’ para adquirirla desde Bolivia. Para el traslado de la droga desde Orán hasta Salta, y en plena pandemia, el acusado había implementado un sistema que se valía de mujeres, por lo general en estado de vulnerabilidad”.
Complicidades
En noviembre pasado, un trabajo de distintos grupos investigativos condujo a una serie de allanamientos en la frontera con Bolivia. La delegación Noroeste de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en un trabajo coordinado con la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (Ufinar) de Salta, detectaron que un envío de cocaína secuestrado en la cárcel de Villa Las Rosas había sido provisto por distintos clanes familiares que se unieron para traficar desde la frontera norte hacia a otras ciudades del NOA.
El fiscal Santiago López Soto, de la Ufinar, dijo a LA NACION que los dos líderes de esa banda coordinaban todas las actividades desde la prisión, donde estaban detenidos por tráfico y secuestro extorsivo. Explicó: “Logramos desbaratar una organización que se movía con tres objetivos: vender estupefacientes en un barrio de la ciudad, ingresar drogas a la cárcel y trasladar las sustancias desde la frontera hacia Tucumán. Para eso contaron con la participación indispensable de un sargento primero del Servicio Penitenciario”.
Según surge de expedientes judiciales, del crecimiento de los grupos locales en la frontera da cuenta, por otro lado, la condena dictada en Salta el 13 de marzo contra un grupo de 20 narcos de la capital provincial, liderado por José Mauricio Guzmán, Adrián Ramiro Nieto y Elsa Padilla Márquez.
Tartagal y Mendoza
En documentos judiciales difundidos en 2020, la ciudad salteña de Tartagal es señalada como epicentro de una red que se aprovechaba de jóvenes de barrios vulnerables para convertirlas en “mulas” para el transporte de drogas. “El análisis primario que hicimos sobre los teléfonos de los investigados podría indicar la provisión de cocaína a otros sitios del país”, declaró una calificada fuente de la Gendarmería.
En la causa se detallan los antecedentes de uno de los líderes de la banda, acusado de trata de personas y narcotráfico. “Se pudo verificar que G.A.M.R. efectivamente registraba antecedentes judiciales. El 3 de mayo de 2016 había sido condenado en el Juzgado de Garantías N° 5 de Salta a la pena de tres años de prisión -de ejecución provisional- y multa de $1000″ por ocho robos y tenencia ilegal de armas. En libertad, este hombre era el reclutador principal de mujeres para el transporte de drogas.
Además de la causa por tráfico de cocaína, los miembros de la banda enfrentan la acusación de “captar personas cuyas características personales y condiciones sociales, económicas, culturales y familiares permitieran al grupo criminal, mediante el abuso de esa situación y mediando amenazas, utilizarlas servilmente para funcionar en calidad de ‘mulas’, asumiendo estas víctimas involuntariamente los riesgos de ser descubiertas en pleno despliegue de la actividad ilegal”.
En el expediente se consignó que una de las principales zonas de actividad de la banda era la ciudad de Tartagal, donde almacenaban la droga proveniente de Bolivia y la enviaban a Buenos Aires. El narco G.A.M.R. tenía dos laderos que vigilaban a sus grupos rivales para robarles la droga. De escuchas telefónicas realizadas a fines de 2019 surge que compraban en Bolivia el kilo de cocaína a 150 dólares. En Salta el valor era, en ese momento, de $40.000 (unos US$1000). Al final del circuito, por concretar el envío de dos kilos a Buenos Aires este grupo ganaba $125.000.
En ese mismo expediente consta que uno de los laderos de G.A.M.R. podía obtener armas, algunas de las cuales revendían a otras bandas narco. De las escuchas también surgió que el grupo contaba con varias mulas disponibles para trasladar envíos de cocaína.
En agosto pasado, cuatro días después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 de Mendoza lo condenara a 12 años de prisión por narcotráfico, Daniel Aguilera, barrabrava de Godoy Cruz, supervisó el envío de cocaína en encomiendas desde la ciudad salteña de Tartagal para nutrir a un poderoso clan cuyano. Lo descubrió la Justicia federal de Salta tras detectar una carga de 5,5 kilos de cocaína y realizar una entrega controlada -luego de reemplazar la droga por harina- en Mendoza.
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