Post mortem: el drama de las familias de los policías asesinados

Al oficial bonaerense Martín Kostiuk lo asesinaron de ocho balazos durante una entradera en su casa de San Francisco Solano, en 2012. Tenía 36 años. Su esposa, Lourdes Griffiths, que presenció la dramática escena, recuerda que los delincuentes que lo mataron se ensañaron con él cuando, al resistirse al asalto, se identificó como policía.

Como en el crimen de Kostiuk, la ira exacerbada de los ladrones aparece en una gran cantidad de casos de uniformados asesinados. El año pasado hubo un promedio de dos casos por mes. Este año ya hubo ocho. Pero ésta no es la única característica en común: secuelas psicológicas, problemas de salud, amenazas de los allegados de los homicidas y un largo peregrinar en busca de justicia son también parte del drama que comparten las familias de las víctimas.

A cuatro años del homicidio del oficial principal que revistaba en la comisaría 5» de Florencio Varela, días atrás comenzó el juicio contra dos de los cuatro imputados de haberlo ejecutado a balazos con dos armas distintas en la puerta de su vivienda, situada en las calles 891 y 847 del partido de Quilmes. En medio de esta larga espera, Griffiths y su hijo, Alejandro, de ocho años, atravesaron la profunda congoja con la ayuda de parientes y de profesionales.

Según relató la viuda de Kostiuk, tras la muerte de su padre el chico comenzó a manifestar dificultades en el habla, entre otras consecuencias. "Sufría de tartamudez emocional. Debió ser atendido por una psicopedagoga y una fonoaudióloga", contó Griffiths a LA NACION.

"Yo sigo con asistencia psicológica. Tengo pesadillas, sueños... Lamentablemente, cuando Martín se murió, parte de mi vida se fue con él", expresó la mujer, de 31 años.

Eso no es todo. Tras la captura de los acusados de haber asesinado a Kostiuk, Griffiths sufrió amenazas por parte de familiares de los sospechosos. "En la rueda de reconocimiento nos dijeron cosas como «el milico bien muerto está» o «vos lo mandaste a matar porque querías cobrar el seguro». Son gente que, para colmo de males, después me la cruzo en la avenida", dijo la viuda.

Si bien espera que a los procesados les den la pena máxima, ella teme por la posibilidad de que en el futuro vuelvan a estar libres.

"Cuando prendés la televisión y escuchás que se fugaron de un penal o algo yo empiezo a temblar porque no sé si hablan de ellos", confesó Lourdes. Parte de ese temor está fundada en mensajes que recibe de parte de los familiares de los acusados. "Te quieren meter miedo todo el tiempo, te mandan mensajes, te molestan", manifestó.

Un drama similar, pero incluso más extendido, fue el que debieron atravesar los padres de Néstor Alejandro Valdez, un cabo primero de la Policía Federal de 31 años que fue asesinado en 2006 en su casa de Isidro Casanova. Ese caso sigue impune.

"Lo mataron por la gorra de policía", dijo a LA NACION su padre, Néstor Valdez, de 69 años. "Cuando la vieron, no lo perdonaron", agregó. En aquella oportunidad, los ladrones habían ingresado en el domicilio del policía, y a pesar de que ya tenían la situación controlada ejecutaron al uniformado, que dormía en su habitación después de un largo día de trabajo.

Valdez relató que junto con su esposa, Norma Campos, aportaron una gran cantidad de pruebas sobre la identidad de los sospechosos ante la Fiscalía N° 4 de San Justo, pero aclara que la Justicia "no avanzó".

"Para nosotros ya nada es lo mismo. Sólo los que lo hemos vivido sabemos lo que es. A mi nieto, que hoy tiene 12 años, le entregaron una placa recordatoria y dijo: «Esto ya no me sirve porque yo no lo tengo a mi papá»", recordó Valdez a LA NACION.

El padre del policía federal asesinado hace una década relató que luego de ese terrible trauma su esposa y madre de la víctima, Norma Campos, sufrió problemas de salud. "Nos destrozaron", expresó, y manifestó: "¿Matarlo porque es policía? ¿Tanta saña tienen? El policía no nació para morir en manos de ellos ni se alistó en la fuerza para eso".

Otra historia atravesada por el dolor es la de Valeria Arrascaeta, una sargento de 28 años que fue asesinada el 4 de febrero de 2013, un día antes de su cumpleaños, por dos delincuentes que le quisieron robar el auto en la localidad bonaerense de Los Polvorines. La suboficial había terminado su jornada de trabajo y alcanzó a una compañera hasta su casa cuando dos motochorros la interceptaron. Según relataron a LA NACION sus padres, cuando vieron el uniforme le dispararon.

Arrascaeta llegó gravemente herida a un hospital de trauma de Pablo Nogués, en el partido de Malvinas Argentinas, donde murió a las pocas horas de su ingreso.

Por este hecho fueron condenados dos delincuentes, que en ese momento tenían 22 y 28 años. No obstante, su familia no tiene consuelo. "Es la única hija que teníamos, quedamos totalmente destruidos", dijo Tito Arrascaeta, el padre de Valeria.

"Nos cortaron por la mitad", expresó Rosa, su esposa. "Esto te trae muchos problemas de salud. Ahora sufro de pánico y de colon irritable", dijo la madre de Arrascaeta.

Ambos debieron realizar tratamientos psicológicos y, como los otros familiares de policías asesinados, aún sienten miedo ante la posibilidad de que, algún día, los asesinos recuperen la libertad.

Una comisión para no dejar de recordarlos

• Ante el crecimiento de la cantidad de policías asesinados en el área metropolitana, familiares y amigos de efectivos caídos crearon en 2010 la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia.
• "El objetivo fue tratar de suplir el vacío que el Estado deja. Se ha ocupado mucho de los derechos humanos, que no creemos que esté mal, y de que las personas que delinquen tengan derechos. Pero se olvidaron de los derechos de las personas que no delinquen, de las víctimas", dijo Carlos Romero, presidente de la asociación y oficial principal retirado.
• "A la persona que le matan un familiar le matan una familia. A veces no tienen quien los acompañe, quien lleve a los chicos al colegio, porque el Estado no les dio las garantías de seguridad", afirmó. La comisión realiza periódicamente homenajes a las víctimas, como el 22 de abril, cuando recordaron a los policías Valeria Arrascaeta y Juan Ávila. El 1° de abril fue designado el Día de la Familia Policial, en conmemoración de la muerte de Maximiliano, de 8 años, baleado por delincuentes que quisieron robarle el auto a su padre.

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