Por primera vez en la Argentina. Por orden de la Justicia fue incautado un dominio web usado en un fraude a empresas

La investigación que puso bajó la lupa a una app y página de Internet que ofrecían un servicio ilegal de TV que, según la Justicia, llegó a facturar 100 millones de pesos por mes, derivó en una situación inédita en la Argentina: por primera vez fue incautado un dominio web.

Desde antaeyer, cada persona que ingresa a la página web www.digitaltvchivilcoy.com.ar se encuentra con una advertencia escrita en letras rojas y en mayúsculas: “Dominio incautado por orden judicial”.

Tras la advertencia, en letras blancas de un tamaño más chico se explica que la medida se trató de una disposición del Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro a pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del mismo departamento judicial por infracción a la ley de Propiedad Intelectual.

La semana pasada, tras un pedido de la Justicia, el sitio Web ya había sido bloqueado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Pero ahora, por primera vez en la Argentina se logró incautar el dominio, como ocurren en otros países.

Según la investigación de la Ufeic, conducida por el fiscal Alejandro Musso, Digital TV llegó a tener 85.000 abonados que pagaban entre 1000 y 1500 pesos por mes.

“La firma facturaba 100 millones de pesos mensuales por un servicio ilegal: retransmisión de señales de televisión que le robaban a importantes empresas de TV satelital y de streaming”, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.

Una de las empresas damnificadas por Digital TV, según la Justicia, fue DirecTV, compañía que hizo la denuncia que dio origen a la investigación.

El pack que se ofrecía, según las fuentes consultadas, también además de canales de DirecTV incluía servicios premium como cine para adultos y partidos exclusivos de fútbol. Los clientes también tenían acceso a la programación de HBO, entre otros.

“Este servicio ilegal de Televisión por IP ( IPTV) contaba con una aplicación para descargar desde una de las principales tiendas virtuales a nivel mundial, que llevaba su nombre y en la cual se podían observar más de 100.000 descargas”, sostuvo a LA NACION una fuente con acceso al expediente.

Por el caso hay un programador de 22 años detenido. Se trata de Martín Coll. El sospechoso fue apresado hace dos semanas. Está imputado por defraudación a los derechos de autor, delito que prevé una pena de entre un mes y seis años de cárcel.

Según la imputación, Coll “creó, desarrolló y explotó con fines comerciales la aplicación Digital TV de servicio IPTV, la cual retransmite de forma ilegal y sin autorización canales propiedad de la empresa DirecTV. Con el propósito de monetizar su desarrollo, y en franca violación a los derechos de los titulares de las obras, ofrece a la venta y cobra por cada usuario entre $1000 y $1500, dependiendo la clase de suscripción, abono que permite obtener las credenciales de acceso al contenido obtenido en forma espuria”.

Coll se negó a declarar cuando fue indagado por el fiscal Musso. Después, su defensa, encabezada por el abogado Pablo Condori, pidió una ampliación de la declaración, que podría ocurrir después de la feria judicial.

“A fin de dar luz ante semejante locura y obtener cuanto antes mi libertad, vengo a explicar cuanto antes y por escrito los motivos que demuestran mi inocencia, ratificando aún más que el cercenamiento sufrido a mi intimidad, la propiedad privada y fundamentalmente a mi libertad fue absolutamente innecesaria. En dicha inteligencia, se podrá advertir con una claridad meridiana que la denuncia del damnificado, de ninguna manera, puede ser considerada seriamente respecto a mi supuesta intervención, tratándose más de una cacería de brujas que la búsqueda de los verdaderos responsables al perjuicio que supuestamente están padeciendo. Por ello, se puede aseverar que en esta oportunidad se está utilizando inescrupulosamente a la justicia penal, ocasionándome un agravio inmenso e irremediable no solo a mi persona, sino a la de toda mi familia, para mediatizar una cuestión de la que nada tengo que ver. Mi presencia en esta causa es una ficción difícil de entender y por sobre todas las cosas de creer. Niego el hecho que se me atribuye como así también niego haber cometido delito alguno”, sostuvo en un escrito de descargo presentado por Coll ante los investigadores a la espera de la ampliación de su declaración indagatoria.

El abogado Condori pidió la excarcelación del imputado. El juez Esteban Rossignoli, a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, se la otorgó, pero con una caución real de 10.000.000 de pesos y con la obligación de comparecer una vez por mes ante autoridades judiciales.

Al fundamentar su decisión, el magistrado explicó que “de arribarse a un pronunciamiento condenatorio, la pena que eventualmente se imponga, pueda ser de ejecución condicional, extremo que disminuye significativamente los posibles peligros procesales”.

“Entendemos que tienen que bajar el monto de la caución real porque de la resolución del Juzgado de Garantías surge no solo que no se encuentra acreditado el monto del presunto perjuicio que aduce el Ministerio Público Fiscal, sino que en el expediente obra prueba que da cuenta de que la situación financiera y económica de Coll es por demás austera y no aparecieron otros bienes con que hacer frente”, explicaron fuentes cercanas a la defensa del imputado.

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