Por la violencia narco reforzarán los patrullajes en Rosario
Por séptima vez desde 2014 se enviarán tropas federales adicionales en un intento de frenar la sucesión de sangrientas venganzas; sumarán 575 gendarmes a los 3400 efectivos que están desplegados en Santa Fe
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.– El prólogo de la reunión entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el gobernador de Santa Fe Omar Perotti fue sangriento: cinco crímenes en Rosario en menos de 24 horas. La violencia que supura del narcotráfico sigue en alza y las balas ejercen una presión permanente en el inicio de este segundo tramo de la campaña electoral. En ese contexto, Fernández definió un plan de contingencia para Rosario, sobre la base de las necesidades y urgencias que le planteó el gobernador de Santa Fe. Arribarán a esta provincia un refuerzo de 575 gendarmes para patrullar en las zonas complicadas de Rosario, donde los puntos rojos en el mapa de homicidios y heridos están más condensados.
En lo que va de este año se produjeron 169 en el departamento de Rosario, de los cuales 145 se cometieron en la ciudad, donde en el 88 por ciento de los hechos se usaron armas de fuego. De ese total de episodios violentos, solo cuatro asesinatos –según datos oficiales del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe– se produjeron en ocasión de robo; el resto, en su mayoría, en el marco de enfrentamientos entre bandas narco.
Hasta ahora las políticas de seguridad no lograron neutralizar ese esquema de violencia que se sustenta en un negocio millonario de la venta de drogas, pero que está gerenciado de manera precaria y rústica por bandas narco, que en general actúan como franquicias de Los Monos, controladas desde las cárceles federales y provinciales.
El gobierno de Santa Fe pretendía un efecto de shock, como el que provocó en abril de 2014 el llamado Operativo Rosario, que delineó el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni, y que por su impacto cada gobernador santafesino busca que se repita. La situación ahora es diferente. Aníbal Fernández le dijo a Perotti que no puede dejar sin gendarmes a los distritos del conurbano bonaerense, donde la seguridad también es un tema clave en la campaña electoral.
En los próximos 15 días arribarán 575 agentes federales y recién en marzo se comenzará a montar el nuevo destacamento móvil VII, que estará asentado en Rosario, donde ya está el móvil II, pero que atiende necesidades de otras provincias, como Corrientes y Entre Ríos. La nueva unidad se montará en un predio que aún no fue definido. Fernández consideró que con el envío de más agentes federales a Santa Fe “no se militariza” el combate al narcotráfico. Advirtió que el objetivo es “ir ganando espacio a este mal endémico que hace metástasis en actividades legales e ilegales dentro de Rosario y Santa Fe, y deben cortarse”.
En el gobierno de Santa Fe se fueron conformes después de la reunión con Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el titular de la cartera de Interior, Eduardo de Pedro. Ven un cambio y otra predisposición para atender la “urgencia” de la crisis de seguridad de la mirada que tenía la exministra Sabina Frederic, que en la última semana de la campaña electoral se negó a enviar un refuerzo de agentes federales, en un momento preocupante, con seis muertes en menos de 20 horas.
“Necesitamos acciones fuertes porque el delito no puede ser una salida laboral. Hay modalidades delictivas que van mutando, para lo cual se requiere el sicariato. Y eso no lo podemos permitir”, había comentado Perotti a Aníbal en la reunión realizada la semana pasada y que derivó en este prometido refuerzos de agentes. Desde abril de 2014, cuando arribaron 3400 gendarmes de manera cinematográfica a Rosario, cada ministro que asume en Seguridad, salvo Frederic, intenta repetir esa estrategia de alto impacto, que fue transversal a nivel político. Durante los últimos siete años se anunciaron envíos de efectivos federales en seis oportunidades, durante las gestiones de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Esto también implicó a los gobernadores de Santa Fe, los socialistas Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz y a Perotti, del PJ. Desde esa fecha hasta ahora se cometieron más de 1700 asesinatos y la violencia nunca se detuvo de manera estable.
Ahora en el gobierno de Santa Fe argumentan que el refuerzo de tropas federales servirá “como paliativo” hasta que logren afinar los cambios en la policía para que se pueda ocupar de la seguridad pública. Las tres leyes de reforma policial que envió el gobierno de Santa Fe el año pasado, diseñadas por el exministro Marcelo Saín, aún no fueron tratadas. Esa deuda es motivo de la queja del gobernador.
Sin comando unificado
Según datos suministrados por la anterior gestión en el área de Seguridad, hasta la semana pasada había 3400 efectivos federales asentados en la provincia, de los cuales 2500 están en Rosario, nucleados algunos de ellos en el destacamento móvil II de la Gendarmería. En el gobierno de Santa Fe desconfiaban de ese número, sin precisiones. La nueva unidad se dotaría con los agentes que forman parte del refuerzo de gendarmes y los que ya están asentados en Rosario, según señalaron en el gobierno.
El gobierno santafesino era crítico con el desempeño de los agentes federales. A esta cantidad de uniformados federales se suman en Rosario 5400 policías provinciales. Los operativos de la Policía Federal y Prefectura se enfocaban en controles de puntos fijos en avenidas, en horarios pico. En este nuevo esquema volverán a patrullar las zonas calientes de los barrios atravesados por los conflictos narco.
Un cambio en la visión de la operatividad de las fuerzas federales en Rosario es que no se volverá a ensayar la puesta en marcha del llamado comando conjunto, en el que en la teoría los jefes federales y de la policía coordinaban tareas. Este esquema nunca funcionó por desconfianzas mutuas. Cada fuerza realizará tareas de manera autónoma, explicó una alta fuente del gobierno de Santa Fe.
A mediano plazo se desplazará a Rosario una unidad de investigaciones conformada por agentes de la Policía Federal. Son efectivos que provienen de Buenos Aires y se encargarán de llevar adelante pesquisas con los datos que poseen las unidades especializadas del Ministerio Público de la Acusación y las fiscalías federales. Esta unidad que actuará con bajo perfil buscará desarticular organizaciones criminales que ya operan desde hace tiempo y otras que se fueron desprendiendo de las bandas más grandes, como Los Monos.
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