Por la masacre en San Miguel del Monte quedaron cerca del juicio oral 20 policías
El Ministerio Público bonaerense cerró el sumario, que tiene a casi toda la dotación de una comisaría entre los acusados por el asesinato de cinco jóvenes durante una persecución
Casi toda la dotación de la comisaría de San Miguel del Monte quedó al borde del juicio oral por su presunta responsabilidad en la masacre ocurrida el 20 de mayo pasado, cuando tres adolescentes y un muchacho que circulaban en un Fiat 147 fueron asesinados por un grupo de efectivos de esa seccional, en uno de los casos de brutalidad policial más sangrientos de la historia criminal argentina.
En las últimas horas, el Ministerio Público bonaerense cerró el sumario que tiene como acusados a veinte policías que se desempeñaban la noche de la masacre en la mencionada comisaría, contra el secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Miguel del Monte y contra tres peritos de la subdelegación Cañuelas de la Policía Científica.
A partir de la clausura de la investigación, las defensas de los 24 imputados tienen la posibilidad de presentar recursos contra el dictamen del fiscal, quien, además, ordenó una serie de medidas complementarias.
Luego de la etapa recursiva, cuyos plazos están suspendidos debido a la pandemia, el representante del Ministerio Público, estaría en condiciones de requerir que los acusados sean sometidos a juicio oral.
El 24 de junio pasado, el juez de Garantías de La Plata, Eduardo Luis Silva Pelossi, había procesado a diez policías y al secretario de Seguridad municipal por la supuesta responsabilidad en los asesinatos de Gonzalo Domínguez, de 14 años; Camila López y Danilo Sansone, de 13, y Aníbal Suárez, de 22, quien conducía el Fiat 147 que chocó contra un semirremolque, estacionado a un costado de la ruta3, luego de que cuatro de los policías que los perseguían les dispararon cinco balazos.
Rocío Quagliarello, de 14 años, era la quinta ocupante del vehículo de Suárez y fue la única sobreviviente de la masacre. A pesar de la gravedad de las heridas, salvó su vida. Pasó 24 días internada en el Hospital El Cruce. Debido a la situación traumática que vivió, los psicólogos recomendaron que no declare.
No obstante, en el expediente se consignaron los dichos de su madre, quien afirmó que la adolescente le había comentado que Gonzalo Domínguez gritó en un momento: "Me arde". La expresión de dolor de Gonzalo se debía a que recibió uno de los cinco balazos que dispararon los policías que los perseguían en dos móviles.
Los peritajes balísticos realizados en el proyectil hallado en el cuerpo del menor confirmaron que el disparo fue realizado por el arma del oficial Manuel Monreal.
En tanto que los otros cuatro proyectiles se dispararon con el arma del capitán Rubén Alberto García.
Ambos uniformados, junto con el oficial Leonardo Daniel Ecilape y el teniente Mariano Alejandro Ibáñez, fueron imputados por su presunta responsabilidad en los homicidios doblemente agravados de Gonzalo, Danilo, Camila y Aníbal y del intento de asesinato de Rocío.
Según la reconstrucción del sangriento episodio realizada por el Ministerio Público, los cuatro efectivos ocupaban los dos móviles de la comisaría de San Miguel del Monte que persiguieron y dispararon contra el vehículo en el que circulaban las víctimas.
El choque contra el semirremolque estacionado a un costado de la ruta 3 provocó las muertes de cuatro de los ocupantes del automóvil, lesiones gravísimas a Rocío y puso fin a una "persecución inmotivada", según describió el juez Silva Pelossi al procesar con prisión preventiva a diez policías y al secretario de Seguridad local.
En el momento de la tragedia, los policías intentaron cubrir su responsabilidad en el hecho y quisieron hacer pasar las muertes de los tres jóvenes estudiantes secundarios y del dueño del vehículo como un accidente de tránsito.
Así lo hicieron consignar en las primeras cincuenta páginas del expediente que fueron instruidas por los policías. Según la investigación del Ministerio Público, en las maniobras de encubrimiento habrían participado el comisario Julio Franco Micucci; los oficiales José Manuel Durán y José Domínguez, y el teniente Héctor Ángel.
Pero varios testigos aportaron otra versión del episodio y los investigadores judiciales decidieron allanar el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de San Miguel del Monte. Durante el operativo, los funcionarios hallaron elementos que vinculaban con el encubrimiento al secretario de Seguridad municipal y expolicía Claudio Martínez. Todos ellos fueron procesados por supuesto encubrimiento agravado y falsedad ideológica. Los acusaron de ocultar pruebas y adulterar las actas de procedimiento.
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