Procesamientos confirmados. Acusan a un fiscal y a un exjuez federal de venderse al narcotráfico “por un pancho y una coca”

En la frontera caliente entre Bolivia y la Argentina, los límites suelen ser difusos y porosos. Tanto como puede serlo, en ocasiones, la relación entre los criminales y los operadores judiciales que deben perseguirlos y castigarlos. La Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos del exjuez Raúl Reynoso y del fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, acusados de haber cobrado una coima de 150.000 dólares a un narco. Quien los delató a los tres es un traficante de origen sirio que declaró como imputado colaborador.

Reynoso, al que la expresidenta Cristina Kirchner había sido considerado un “paladín de la guerra contra las drogas”, ya tiene una condena confirmada de 13 años de cárcel por favorecer a narcotraficantes con sus resoluciones en el juzgado de San Ramón de la Nueva Orán, al que debió renunciar en 2016; desde octubre pasado está excarcelado.

Bruno, en cambio, sigue en su cargo en aquella ciudad del norte de Salta. Ahora, tras la confirmación de los procesamientos dictados sobre ambos en marzo pasado por el juez federal Julio Bavio, la Cámara envió los antecedentes del caso a la Procuración General de la Nación para que evalúe la viabilidad del juicio político con fines de destitución, para poder enfrentar un juicio oral.

Como sea, el fiscal federal Carlos Amad, que impulsa la acción contra el exjuez y su colega, anticipó que, tras la resolución de la Cámara, espera recibir el expediente para trabajar en el dictamen que sustente el requerimiento de elevación a juicio. Y aprovechó para definir, sin tapujos, como un “problema ético y moral” el hecho de que haya funcionarios judiciales que aceptan dinero del crimen organizado.

“La Justicia se ha vuelto permeable a los embates económicos del narcotráfico o de otro tipo de delitos. Hay un problema ético y moral de formación, porque, evidentemente, con las responsabilidades que tenemos los jueces y fiscales, y por lo que nos pagan bien, venderse, traicionar los juramentos y exponer a la familia por un pancho y una coca es tremendo”, dijo Amad en una entrevista con el programa Algo Personal, de FM Noticias 88.1, de Salta. Más allá del sarcasmo... 150.000 dólares bastarían para comprar 150.000 de esos tentempiés.

Mientras, Amad participa de las audiencias de revisión para que un nuevo tribunal reinicie el proceso contra Reynoso en la causa en la que fue absuelto por el beneficio de la duda por el presunto cobro de coimas de Reynaldo Delfín Castedo, el Patrón del Norte. Espera que un nuevo tribunal oral dicte un fallo que se ajuste al pedido que había hecho en 2020: diez años de prisión.

Diez años es, también, la pena que pedirá para Reynoso y Bruno en caso de que llegue a la instancia de juicio oral el caso iniciado tras la delación premiada del traficante sirio Barakat Barakat, que como “imputado colaborador” declaró que el exjuez y el actual fiscal le cobraron 150.000 dólares al narco René Antonio Arancibia, alias Choco, para “arreglar” sus problemas con la ley, que no eran otra cosa que la intercepción de un cargamento de casi 100 kilos de cocaína.

Los dos acusados niegan haber pedido o recibido dinero al contrabandista de drogas, que también desmiente haber pagado esos “servicios”. El fiscal Bruno le echó la culpa a Barakat, de quien dijo que su declaración como “arrepentido” era, en realidad, una represalia porque él venía investigando a su esposa, y también cargó contra el propio Reynoso, a quien acusó de atiborrarle la fiscalía de cientos de escritos diarios para que no pudiera abocarse a investigar correctamente.

El Choco Arancibia dijo ser un simple agricultor –aunque en la audiencia ante los fiscales no tuvo más que admitir que tenía antecedentes por drogas– y afirmó que el traficante sirio y el abogado Arsenio Eladio Gaona lo extorsionaban para quedarse con su campo en Yacuiba.

Reynoso, en tanto, sostuvo en su descargo: “Para suerte o para desgracia de Bruno, vamos abrazados, porque la situación de ambos es similar”. Y cargó contra quienes lo secundaban en el estratégico juzgado federal de la frontera norte del país.

Sin embargo, la Cámara dictó el sobreseimiento del secretario del juzgado, Gustavo José Adad, a quien Reynoso había acusado de “mentir en su declaración para “salvar su responsabilidad”. El tribunal de alzada también dictó la falta de mérito de Luis Francisco Valencia, secretario letrado de la fiscalía de Bruno.

La delación

Como publicó el portal de investigaciones Encripdata, “la investigación contra el exjuez y el fiscal comenzó en 2021, cuando el narcotraficante de origen sirio Barakat Barakat declaró como imputado colaborador. Para ese momento, el ‘arrepentido’ se encontraba cumpliendo condena en la cárcel federal de Güemes; un tribunal de Catamarca lo había sentenciado en 2018 a 12 años de prisión por el tráfico de 85,520 kilos de bicarbonato de sodio, 80 kilos de lidocaína y 31 kilos de cafeína, todos precursores químicos para la producción de cocaína”.

Ante la Justicia, entonces, Barakat denunció que años atrás había actuado como “intermediario” del Choco Arancibia para resolver sus problemas en los tribunales de San Ramón de la Nueva Orán.

Se refería al operativo del 29 de octubre de 2011. A la altura del peaje Cabeza de Buey, poco antes de la rotonda en que la ruta nacional 9 se transforma en la 34, efectivos de la Gendarmería frenaron una pick-up Fiat Strada Adventure, conducida por Martín Miguel Weber. En la caja de la camioneta había 93 kilos de cocaína. No fue magia: los gendarmes llevaban dos años tras el Choco Arancibia, tras recibir una denuncia anónima. Escuchas telefónicas revelaban que esa carga tenía como destino Brasil.

En su declaración como “colaborador”, Barakat denunció que, tras la pérdida del cargamento, Arancibia aceptó pagar 130.000 dólares a Reynoso. Él se llevaría 20.000 “verdes” por sus servicios de lobby.

Pero hubo un inconveniente: Weber habló y delató al líder de la organización. Entonces, el abogado Gaona, actuando como intermediario desde otra punta, le advirtió al traficante sirio que Choco Arancibia también iba a tener que desembolsar dinero para pagarle a Bruno. El argumento era verosímil: como el fiscal ‘estaba al tanto de la situación’ tras aquella delación, había que «arreglar con él’; caso contrario, Reynoso no iba a poder excarcelar al chofer narco.

Por eso, dijo Barakat, sus 20.000 dólares fueron a parar a manos de Bruno y a él le prometieron compensarlo con un auto.

Según se publicó en Encripdata, “para determinar si lo declarado por Barakat era creíble, los fiscales federales Amad, Eduardo Villalba y Diego Iglesias (jefe de la Procunar) revisaron el expediente por la incautación de los 93 kilos de cocaína en la ruta”.

Advirtieron que “al principio, sabiendo que les seguían los pasos, Choco y su hermano Héctor Arancibia solicitaron eximiciones de prisión a través de su abogada, María Elena Esper. El juez Reynoso hizo dos cosas: primero dispuso la falta de mérito de cinco de los seis imputados por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos, y solo procesó al chofer, pero por el transporte simple de los ‘ladrillos’ de cocaína. Y después ordenó la captura nacional e internacional de los que consideraba jefes de la organización: los Arancibia”.

Entre el 17 de noviembre del 2011 y el 7 de diciembre del 2012, Esper solicitó cuatro veces la libertad ambulatoria de los Arancibia y todas las veces el juez Reynoso las rechazó, según el portal de investigación periodística. “Finalmente, Choco se presentó el 11 de diciembre del 2012 en el juzgado para ser indagado. Al momento de resolver la situación procesal, el por entonces juez Reynoso dispuso la falta de mérito sobre la asociación ilícita y lavado de activos y lo procesó únicamente por el transporte de los 93 kilos, pero en calidad de partícipe secundario por brindar un aporte no esencial para la consumación del hecho. En otras palabras: lo excarceló rápido. Arancibia estuvo solo diez días detenido”, reveló Encripdata.

Para los fiscales del nuevo caso, ese giro abrupto solo podía explicarse por el pago de una coima. Eso volvía verosímil lo que había declarado como “imputado colaborador” el traficante sirio “arrepentido”.

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