Por el fallo de Violini ya recibieron el beneficio 102 reclusos
LA NACIONGabriel Di Nicola
En medio de la pandemia de coronavirus y de una serie de protestas y motines, 753 de los 44.822 presos alojados en cárceles bonaerenses ya fueron beneficiados con morigeraciones de penas, como arrestos domiciliarios y excarcelaciones. Entre ellos se cuentan 102 de una lista de 402 reclusos de la lista que el gobierno provincial entregó al Tribunal de Casación el 7 de este mes, un día antes de que el camarista Víctor Violini emitiera un fallo en el que ordenaba que los detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario fueran beneficiados con el arresto domiciliario.
Así lo informaron a LA NACION el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, y fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Se trata, en su mayoría, de detenidos que no cumplían penas por delitos graves y que, por su edad o por sus problemas de salud, debían ser incluidos en los grupos de riesgo ante el contagio del coronavirus.
El 16 de marzo pasado, cuatro días antes de que el Gobierno decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Conte Grand había dado instrucciones a los defensores oficiales para que evaluaran inmediatamente la posibilidad de requerir la prisión domiciliaria u otras formas alternativas al encierro para quienes pudieran estar en riesgo frente al avance del Covid-19.
A través de la resolución 158/20, el procurador general pidió que se consideraran especialmente "las particularidades fácticas y normativas de cada caso". Dentro del universo de "delitos leves" están contemplados los hechos con penas de hasta seis años de cárcel.
Conte Grand explicó ayer que se habían presentado 1200 pedidos de morigeraciones de pena y los jueces otorgaron 600. El 8 de este mes, cuando Violini ordenó que los detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario recibieran el arresto domiciliario, el procurador aclaró que el fallo alcanzará a detenidos por delitos graves como violación o femicidios.
En su resolución Violini había diferenciado entre los casos de resolución inmediata (los presos por delitos leves y que integraban los grupos de riesgo) de aquellos que, aun en peligro por sus patologías de salud, estaban acusados o condenados por delitos graves, Violini sostuvo que cada caso debería ser analizado en forma particular por cada juez o tribunal a cargo de la causa y que serían ellos quienes decidirían si correspondía el arresto domiciliario o un aislamiento preventivo en la unidad donde cada preso está alojado.
El miércoles pasado, un nuevo fallo de Casación, esta vez firmado por el juez Ricardo Borinsky, ordenó a los jueces que ejecuten en forma "inmediata" la medida de arresto domiciliario para los presos en riesgo de salud y que hubieran cometido delitos leves. Ese fallo ya benefició a 51 personas alojadas en penales bonaerenses.
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