Polinarcos. Detuvieron a un jefe policial acusado de picanear a dealers para robarles 50.000 dólares y 15 kilos de cocaína

ROSARIO.- La primera labor de los policías fue hacer tareas de inteligencia para ver cómo se movían los narcos, cuánto recaudaban con la venta de drogas y cuándo les llegaba la cocaína. Pero no montaron esa misión para detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia, sino para robarles: los torturaron y les sustrajeron 50.000 dólares y 15 kilos de cocaína, una parte de los cuales después revendieron.

Tras una extensa investigación, el fiscal Javier Arzubi Calvo descubrió esta maniobra en la que estaba involucrado el jefe de la Policía de Acción Táctica de Rosario, que quedó imputado y con prisión preventiva por 90 días por orden del juez federal Carlos Vera Barros.

Los policías, que se sospecha habían consumido cocaína, picanearon a dos detenidos para obligarlos a confesar dónde escondían la droga y la plata. Por este hecho ya habían sido imputados siete agentes de la PAT; ahora le tocó el turno al jefe de esa área de la Policía de Santa Fe.

Esta trama comenzó con un allanamiento ilegal el 13 de agosto de 2024 en una casa del barrio Azcuénaga, de Rosario, donde, según la acusación, los policías provinciales robaron 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285.000 pesos.

Llamó la atención de los investigadores que cuando se produjeron las detenciones varios agentes llevaban la cocaína en sus mochilas. Se sospecha que no solo era para consumo personal, sino que vendían dosis de droga en los barrios en los que patrullaban.

El viernes pasado fue imputado el jefe de la brigada, Miguel Alberto Aguilar, quien al momento de los hechos se desempeñaba como “superior de servicio” de la Compañía “Alfa” de la PAT. El magistrado federal le impuso 90 días de prisión preventiva efectiva y decretó una medida cautelar patrimonial consistente en la inhibición general sobre sus bienes.

Aguilar “participó en la obtención ilegal de datos relativos a la identidad y dirección del proveedor del material estupefaciente incautado en inmediaciones de la calle Jean Jaures al 5500, de Rosario, donde se realizó un procedimiento policial por personal a su cargo, y se secuestró un ladrillo de cocaína”. La fiscal adjunta María Virginia Sosa caracterizó al policía como “un verdadero pedagogo de la ilegalidad”.

La hipótesis es que los policías que Aguilar tenía a cargo obtuvieron información de los narcos con torturas. Utilizaron una picana eléctrica sobre el cuerpo de los detenidos, a quienes interrogaron sobre el proveedor de droga al que se referían como “pez gordo”, su nombre y dónde vivía y guardaba la droga.

Una vez obtenidos los datos, ese mismo día alrededor de las 16.30 realizaron el allanamiento ilegal en Forest al 5600. Según la imputación, allí los suboficiales Jesús Ángel Balais, Guillermo David Toledo, Fernando Nicolás Ferreira, Iván Severino Schneider, Gerardo Pérez y Sergio Robledo se trasladaron en los patrulleros N°10.065 y N°10.533 sin orden judicial ni motivos que lo justifiquen.

Durante la audiencia, los fiscales detallaron que la intervención del imputado como “superior de servicio” ese 13 de agosto “en términos de control y supervisión del personal a su cargo fue imprescindible para que los hechos se llevaran a cabo con relativo éxito”.

Mas allá de lo asentado en el acta del procedimiento en Jean Jaures al 5500 -donde su presencia no quedó registrada-, los fiscales revelaron que el jefe policial estuvo en el lugar.

“¿Por qué decimos que participó? Porque su móvil reportó localización en el lugar. Es el N°10.434 y llega a las 15.01. No aparece en el acta, pero está en el lugar. Después llega el móvil 10.065 con los policías Ferreira, Schneider y Balais, a las 15.04; luego el móvil 10.533, también a las 15.04. Los tres llegaron prácticamente juntos”, afirmó la fiscal Sosa en la audiencia.

Según la fiscalía, Aguilar participó del procedimiento en que el fueron apresados Y. y L., a quienes el grupo de policías a su cargo -integrado al menos por Balais, Toledo, Ferreira, Schneider, Pérez y Robledo- les exigió información sobre la procedencia de la droga.

Los fiscales señalaron que utilizaron métodos ilegales y prohibidos para obtener información. “Revisaron los celulares de los detenidos, amenazaron el futuro de sus familias, les aplicaron golpes y descargas eléctricas sobre sus cuerpos con un dispositivo que uno de los policías tenía en su poder. Insistieron hasta obtener el dato y luego, en los móviles policiales, fueron a Forest al 5600”, recordó Sosa.

La fiscalía expuso como evidencia las declaraciones de los denunciantes y de uno los testigos de procedimiento. Uno de ellos declaró que les “pegaron y picanearon”, que “tenían corriente”, que “lloraba y gritaba” y que los policías decían que “querían el pescado gordo”.

Otro de los testimonios que apuntó contra el accionar policial, detalló: “Eran un montón… eran como cuatro patrulleros, tres, seguro. Dos mujeres y más de siete, ocho hombres... Y ahí nomás nos empezaron a picanear. A sacar la remera, y a mostrarnos la parte de la cola… El primero fue un toquecito y después era continuo”.

Otra evidencia relevante presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) fue que en un domicilio allanado vinculado a Balais, en la ciudad de Santa Fe, se incautó una picana eléctrica dentro de su mochila de trabajo. “La existencia de ese artefacto de tortura en poder de uno de los policías imputados les da una significativa credibilidad a los relatos”, remarcó la fiscalía.

Además de reiterar el valor de las entrevistas a las víctimas de los tormentos y el secuestro de picana dentro de la mochila policial de Balais, al momento de detallar los nuevos hechos ilícitos imputados, la fiscalía expuso evidencia surgida, principalmente, del peritaje preliminar del teléfono del policía Toledo, secuestrado en oportunidad de su detención.

De allí “surge cuál es el método de trabajo, la sistematicidad significativa de revisar teléfonos, y utilizar métodos lesivos contra la integridad física de los detenidos”, recalcó la fiscal Sosa.

Para que el juez tome dimensión de esa evidencia, la fiscalía solicitó la reproducción de un audio entre Toledo y otro efectivo policial, en abril de 2024. En ese registro, el primero explica cómo hacerse de información obtenida en forma ilegal.

“Los fierros que metimos la guardia pasada en el oeste, paramos a uno que tenía droga, a ver el teléfono… y es esa foto con los fierros. Y así es, ya le vas a encontrar la vuelta. Depende la dotación que te toque. Tenés que ir viendo cómo laburan los que están con vos”, explica Toledo sobre la metodología en los operativos. Por eso la fiscal Sosa caracterizó al policía como “un verdadero pedagogo de la ilegalidad”.

Otro audio reproducido en la sala dejó en evidencia la imposición de torturas. El 17 de septiembre de 2024, Toledo le cuenta a Balais sobre un patrullaje en zona norte: “Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos. Con todo lo que le hicimos no dijo ni una palabra”.

Y agregó: “Le rompimos la cabeza a pistolazos, lo cagamos a palos, con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No sabés todo lo que le hicimos. Lo dejamos tirado en el medio de la nada, medio en pelotas. No dijo una palabra. Alto soldado era”.

En otra conversación extraída de su teléfono, el 19 de abril de 2024 Toledo comenta en un chat grupal del que participa personal de la PAT: “Unas ganas de trabajar…”, a lo que Balais responde: “Quiere ver la picana en acción”.

Toledo escribe: “Jajaja. Cómo lloraba el de la vía”, Balais replica: “No tiene desperdicio”, y su compañero dice que necesita “dar otra sesión de masajes eléctricos”.

Tres días más tarde, hay otra conversación en ese mismo grupo donde mencionan la dirección de un lugar donde “volvieron a activar”. Un integrante pregunta dónde es y otro responde: “Donde Balais hizo el secuestro de la picana”, lo que para la fiscalía indicaría que ese aparato con el que aplicaban descargas eléctricas lo habrían robado de un búnker, usado y ahora está secuestrado como evidencia clave en el caso.

Con esa evidencia, la fiscalía solicitó ampliar la imputación a los seis policías y requirió para todos ellos la prórroga de la prisión preventiva -su plazo vencía esta semana-, ante los peligros procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

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