Policías aeroportuarios compraban dólares con tarjeta en Paraguay y los vendían al valor blue en el país

Prácticamente sin hacer “nada” se llevaban un ingreso “extra” al de su salario como numerarios en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) apostados en el NEA. Solo tenían que ceder sus tarjetas de débito y el control de sus cuentas de caja de ahorro. Sabían bien de qué se trataba: con esas tarjetas se simulaban compras de artículos electrónicos en Paraguay, el truco urdido para llevar adelante una eficaz logística financiera que les permitía adquirir dólares a una cotización cercana a la oficial al otro lado de la frontera, cruzarlos sin declararlos -y sin que nadie los revise- y venderlos en la Argentina en el mercado blue.

Operaron por aproximadamente 46 millones de pesos, de los que obtuvieron una diferencia de cerca del 25% por cada dólar. La maniobra ilegal se ejecutó entre 2013 y principios de 2016, en tiempos en que la cotización de la moneda norteamericana pasó de 5 a 15 pesos, lo que da una magnitud del fraude al fisco.

Pero lo que fue, durante un tiempo, un gran negocio, fue descubierto. Ahora la Justicia federal quiere que nueve acusados -varios oficiales de la PSA que cumplían servicio en Resistencia, Chaco, y un funcionario de la Anses de la delegación Corrientes- vayan a juicio como miembros de una asociación ilícita dedicada al contrabando de divisas y el lavado de activos.

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, le solicitó a la jueza federal Zunilda Niremperger la elevación a la etapa de debate de la causa. Según la acusación del representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), la organización, integrada por nueve personas, habría operado en las ciudades de Resistencia y Corrientes durante 2013, 2014, 2015 y principios de 2016, reclutando, en su mayoría, a personal de la PSA para llevar adelante la operación.

“De manera voluntaria y con conocimiento de las maniobras a realizar, las personas reclutadas entregaban sus tarjetas de débito y el manejo de sus cajas de ahorro bancarias a cambio de recibir una contraprestación que oscilaba entre los 1000 y 2000 pesos. Luego, esas cuentas eran utilizadas para realizar la compra de dólares en la República del Paraguay, mediante la simulación de compras de productos electrónicos. Finalmente, los imputados ingresaban a nuestro país con esos dólares sin declararlos en los controles fronterizos para luego venderlos en el mercado ilegal, al precio dólar blue, durante la época del cepo cambiario, reiniciando una y otra vez el circuito ilícito. Esto les generaba una ganancia ilegítima del 25,35% por cada dólar”, se detalló en fiscales.gob.ar, el sitio institucional del MPF.

La realización de esas maniobras configuró para el fiscal Sabadini el delito de contrabando de importación de divisas, precedente al de lavado.

“El producto económico del delito obtenido durante el período 2013/2016 por la organización criminal rondaría los 45.938.580 pesos. A esta suma deben agregarse las compras de divisas extrajeras registradas durante el mismo período, calculadas en 120.583 dólares”, informó el MPF.

El fiscal dio por demostrado, en la etapa de instrucción de la causa, que “los imputados formaron parte de una organización ilícita con carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional”.

“Las maniobras se concretaron a lo largo del tiempo de manera organizada con división de roles y funciones, asumiendo los imputados distintos grados de intervención dentro de esta empresa ilícita”, afirmó Sabadini en el requerimiento de elevación a juicio.

Denuncia interna

La causa se inició a través una denuncia realizada por el exdirector nacional de PSA, Germán Montenegro, ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por una maniobra sospechosa detectada en la sucursal Corrientes del Banco Nación. Estos movimientos sospechosos habían sido informados el 15 de septiembre de 2015 por el gerente de esa entidad, Delio Luciano Ulon, al jefe de la Unidad Operacional de la PSA en esa provincia, Juan Ramón Fioravanti.

La posterior investigación permitió establecer que el oficial de la PSA Andrés Avelino Galeano, alias “el Mono”, que había sido jefe en la Unidad Operacional Corrientes, se habría valido de sus jinetas para convencer a varios de sus subalternos de que le entregaran sus tarjetas de débito. Otro imputado, Abel Rodolfo Galeano, alias “Coto”, era, según el fiscal Sabadini, quien conseguía el dinero para acreditar en las cuentas bancarias asociadas a aquellas tarjetas con las que se realizaban y los débitos en los supuestos locales comerciales paraguayos. Coto también se encargaba de la venta de dólares en el mercado financiero local.

El fiscal Sabadini le atribuyó el mismo rol de Galeano a Martín Sebastián Erro, un abogado que revistaba en la delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en la provincia de Corrientes y era el encargado de reclutar ciudadanos con la misma modalidad que Andrés Galeano. Además de reclutar a los “proveedores de tarjetas”, él tenía a su cargo el manejo y el asesoramiento de las cuestiones legales.

“El movimiento económico que involucró la operatoria investigada y la adquisición de bienes por parte de los integrantes de la organización no encuentra justificación razonable según el perfil fiscal, laboral y económico que registran los encartados”, destacó Sabadini en el dictamen, según publicó fiscales.gob.ar.

Sabadini opinó, en su dictamen, que “los imputados diseñaron una sofisticada estructura financiera y un complejo esquema de inversión destinado a reinsertar y aplicar al sistema bancario y económico legal la ganancia espuria obtenida de la venta en el mercado marginal de dólares estadounidenses”.

Acusó a Abel Rodolfo y Andrés Avelino Galeano, Martín Sebastián Erro, Martín Santos Candia y Claudio Rafael Toledo como coautores del delito de lavado de activos. Y a Adrián Esquivel Forastier, Daiana Elvira Isabel Esteche, Gustavo Adolfo Sicardi, Marcelo Alejandro Boutet como partícipes secundarios. Todos están acusados de ser miembros de una asociación ilícita. La imputación fue agravada para Andrés Galeano, Toledo, Esteche, Sicardi y Boutet, por ser miembros de la PSA, y para Erro, de la Anses, por su calidad de funcionarios públicos.

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