Polémica: "No nací para matar a nadie", dijo el jubilado acusado de homicidio
LA NACION
Golpeado y torturado por cinco delincuentes, Jorge Adolfo Ríos tomó su pistola y salió de su casa. Los ladrones se escapaban por los techos de sus vecinos. Era la tercera vez que entraban en su propiedad en la noche del pasado viernes. Uno de los atacantes cayó a 60 metros. El herrero jubilado de 71 años caminó hacia quien lo había agredido en forma salvaje un par de minutos antes. Franco Martín Moreyra murió allí con un disparo en el pecho. Tenía 26 años e integraba la barra de Quilmes, al igual que sus cómplices, según los investigadores, que ayer atraparon a uno de ellos.
"Me siento mal, yo no nací para matar a nadie, pero tampoco para que me entren tres veces en la noche. ¿Con que intención quería venir esta gente, cinco personas?. Pensé mil cosas, de mil maneras... Yo no soy un delincuente", dijo el herrero jubilado en declaraciones a radio La Red. Agregó que salió de la casa con el arma para defender a una vecina, luego de darse cuenta que los delincuentes estaban en el techo de la vivienda de la mujer de 80 años.
Y agregó: "No quise en ningún momento que esta gente sufriera (por la familia del delincuente muerto), mis condolencias totales, pero era mi vida. Fue tan rápido todo".
El fiscal Ariel Rivas acusó a la víctima del violento robo por homicidio agravado. Ríos quedó con prisión domiciliaria, su familia fue amenazada por los allegados al ladrón muerto y su caso generó una fuerte polémica pública.
En esa controversia sobre los límites de la legítima defensa se elevaron dos voces que coincidieron en criticar la acción judicial. Ese mismo punto de vista expresaron el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y la exministra Patricia Bullrich.
"Aparentemente, actuó en legítima defensa. Me gustaría ser el abogado del jubilado", dijo el funcionario bonaerense. Y agregó: "Hay una crisis de la Justicia muy importante, que tiene que ver con liberar a los presos. Cuando se libera a un delincuente se sabe lo que pasa. Hay un hartazgo en la sociedad por la inacción de la Justicia, que ve que solo se cuidan los derechos de los delincuentes ".
Berni, autodefinido como un "soldado de Cristina Kirchner" y Bullrich, presidenta de Pro, tienen un diagnóstico común que hace referencia al aumento del delito por la existencia de una puerta giratoria judicial, situación que mantendría a delincuentes en las calles. Frente al caso del herrero jubilado tuvieron una similar reacción.
"Jorge, un jubilado, fue atacado en su casa tres veces en la misma noche. Una banda de barrabravas le fue a robar sus ahorros. Para un fiscal, él es el homicida: este es el mundo del revés. La Justicia y los funcionarios deben estar del lado de Jorge, la víctima", señaló Bullrich en su cuenta de Twitter.
Más allá de la situación judicial de Ríos, ayer fue capturado por la policía bonaerense uno de los cómplices y se está tras la pista de otro de los atacantes, vinculados con la barra de Quilmes. Los ladrones vivirían en una villa cercana al lugar del robo y la muerte. El Ministerio de Seguridad bonaerense decidió ayer cambiar las jefaturas en la Estación Policial de Quilmes, el Comando de Patrullas de ese distrito y en la división antidrogas.
"Se detuvo a uno de los sospechosos y se está por apresar a otro. Serían de la barra brava de Quilmes. Uno de los ladrones tiene antecedentes como para hacer dulce [sic]. Uno de ellos fue liberado hace dos o tres meses y es posible que haya sido por el Covid-19", aseguró Berni.
En tanto, para la familia del jubilado acusado por homicidio agravado todo se volvió una pesadilla. Luego de amenazas, los hijos de Ríos decidieron poner en venta la casa de Ayolas al 2700.
"No creo que mi papá pueda recuperarse emocionalmente del peso de haber matado a alguien", dijo a LA NACIÓN Federico Ríos, hijo del herrero jubilado. "Nos vamos a mudar, vamos a poner en venta la casa", afirmó. Anteanoche, allegados a los delincuentes se acercaron al lugar en busca de venganza, por lo que se desplegaron agentes para proteger la vivienda y a sus ocupantes.
"Creo que ahora vamos a necesitar ayuda psicológica y psiquiátrica para mi papá, para que esto no afecte su salud física, que es por lo que tanto estamos luchando", aseveró el hijo de Ríos.
Su padre sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene un solo riñón, es diabético e hipertenso. Además, tuvo un infarto y tiene arritmias cardíacas, según dijo a LA NACIÓN su abogado, Alejandro Marino Cid.
"Aunque está estable pasó una noche complicada a nivel emocional. Esperemos que eso no repercuta demasiado en su salud física", contó Federico Ríos.
Dijo que se siente "sin aliento" y aunque su padre ya está con su hermana, la pesadilla no termina. Decidieron vender la propiedad familiar y mudarse del barrio porque temen por sus vidas.
No obstante, él no siente rencor y piensa en Moreyra, el ladrón muerto, y en los suyos: "Ellos perdieron a un familiar, a un hijo, a un padre. Lamentablemente esa persona era un delincuente, pero no tendría que estar muerto, tendría que estar preso. Lo lamento muchísimo por ellos y por nosotros, pero creo que lo lamento más por ellos porque de alguna manera nosotros vamos a poder continuar, vamos a poder reconstruirnos".
Dos antecedentes: Oyarzún y Villar Cataldo
El episodio vivido por Jorge Ríos, el herrero jubilado que fue atacado por ladrones en su casa, tomó un arma y mató a uno de los delincuentes a 60 metros de su vivienda tiene características similares a dos casos que conmocionaron a la sociedad en 2016. También el carnicero Daniel Oyarzún y el médico Lino Villar Cataldo fueron acusados de asesinar a asaltantes. Las fiscalías llevaron adelante esos procesos en Buenos Aires con la imputación de homicidio. La polémica pública fue inmediata. Ambos resultaron absueltos por jurados populares.
En agosto de ese año, Villar Cataldo salía de su vivienda en la localidad de Loma Hermosa, en el partido de San Martín, cuando fue interceptado por un delincuente armado. El atacante se subió al vehículo del médico y este aprovechó ese momento para tomar una pistola que había escondido en un cantero dentro de su propiedad. Gatilló y mató al ladrón dentro del automóvil.
Para la fiscalía no fue un caso de legítima defensa y pidió una condena por homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego. La causa se resolvió con el veredicto en abril del año pasado. "No culpable" fue la decisión de los doce ciudadanos que tuvieron la responsabilidad de emitir un fallo. Una sentencia inapelable, ya que los juicios por jurados populares solo pueden ser revisados por una cámara penal a pedido de la defensa y no de la acusación.
El 13 de septiembre de 2016 dos motochorros ingresaron en la carnicería de Oyarzún, en la ciudad de Zárate. Dispararon dentro del local, se llevaron la recaudación e intentaron escaparse. El carnicero fue tras ellos en un automóvil. Colisionó a la motocicleta y uno de los ladrones murió aplastado entre el vehículo y un poste de energía. Llegó al debate oral acusado de homicidio.
Dos años después de ese mortal episodio, doce jurados populares escucharon a testigos y peritos. Al igual que en el caso del médico, Oyarzún fue calificado como "no culpable" en un fallo inapelable.
Los casos de Villar Cataldo y Oyarzún habían dividido las opiniones entre aquellos que consideraron a esos hombres como víctimas que reaccionaron al ser atacadas y quienes los señalaron como "justicieros".
Ese debate se abrió nuevamente por la acusación de homicidio agravado que pesa sobre el herrero jubilado en un territorio bonaerense que parece tener un pico de violencia. Un indicador indirecto de la mayor agresividad en las calles lo marcan los 56 policías que mataron este año a ladrones, cifra que supera los 39 casos de 2019.
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