Polémica: no coinciden los datos oficiales sobre los homicidios que se registran en la Argentina

Los reportes de asesinatos aparecen cada día. Se reiteran episodios de personas mortalmente baleadas en un robo. O en un ajuste de cuentas, tal como es la respuesta más escuchada de la policía -de todo distrito- cuando brinda la versión primaria de un crimen. Sin embargo, la tasa de homicidios en la Argentina (4,6 cada 100.000 habitantes) queda alejada de naciones golpeadas por la violencia narco. Parece casi una desfase entre la percepción y la estadística. Repetidas veces las autoridades, de toda jurisdicción y posicionamiento político, afirmaron que las muertes no pueden ocultarse, que el asesinato no tiene una cifra irregular. Pero lo cierto es que hoy nadie sabe realmente cuántas víctimas de homicidios dolosos hay en nuestro país. Ni siquiera los funcionarios.

El Ministerio de Salud de la Nación publicó en los últimos días su informe sobre estadísticas vitales. En ese documento oficial se consignó la causa de cada muerte en la Argentina durante 2021. El principal motivo de decesos fue el Covid-19, con 84.698 fallecimientos. La precisión del sistema estadístico que detalla cada muerte estableció que ese año 1453 personas perdieron la vida en casos de homicidios. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad tiene otras cifras. También oficiales, claro. Para los encargados de la lucha contra el delito a nivel nacional se notificaron 2092 víctimas de asesinatos en 2021. Pero tampoco ese dato sería sólido. Tan solo es un piso anual de homicidios.

Dos organismos del máximo nivel de decisiones gubernamentales tienen estadísticas distintas sobre un mismo hecho. Y es algo que se sostiene en los últimos 20 años. Podrá pensarse que la diferencia de 639 muertes entre uno y otro dato, ambos oficiales y públicos apenas movería la tasa de homicidios. Habrá que tomar en cuenta otra situación: el informe del Ministerio de Salud contiene 4613 muertes que no fueron identificadas. No es un dato menor, sino que se trata de 35 por ciento del total de los 12.971 decesos por causas externas, definidas como accidentes, suicidios y agresiones. Se denominan “eventos de intención no determinada”. Podría considerarse un error en el momento de la carga de datos. Pero esa falla crece año a año.

En 2022 se realizó una mesa de trabajo conjunta entre funcionarios nacionales del Ministerio de Salud y del Ministerio de Seguridad para intentar mejorar la estadística sobre suicidios. Y se encontraron con el problema de los “eventos de intención no determinada”. Así lo consignaron en un documento oficial: “Es importante resaltar que un conjunto considerable de defunciones por causas externas presenta deficiencias en el registro del apartado de ‘causa de muerte’ en el Informe Estadístico de Defunción (IED) por parte de la/el médica/o, por lo que finalmente se clasifican como ‘eventos de intención no determinada’. Así es que, la principal dificultad identificada en las estadísticas de salud sobre suicidio es la calidad de la certificación de la causa de muerte, lo que determina un nivel elevado de ‘eventos de intención no determinada’. Bajo el supuesto de que en dicha categoría se clasifican suicidios que no han sido certificados como tales, puede sospecharse que tanto la cantidad informada de defunciones como la tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas podrían estar subestimadas”. Lo mismo podría pensarse sobre homicidios, Y esa cifra de 4612 muertes que no es ubicada en ningún casillero duplica la cantidad oficial de asesinatos. Ese volumen si cambiaría la tasa de homicidios.

Hay un problema adicional con los “eventos de intención no determinada”, ya que lejos de mejorarse los registros se nota que la información empeora cada año. Documentos oficiales del Ministerio de Salud establecen que en 2011 ese punto representaba el 11 por ciento de todas las muertes registradas ese año por causas externas. Dos años después trepó al 16 %. Y en 2021 tuvo un peso de 35,5 por ciento. Muy por encima de los valores internacionales. Casi podría decirse que fuera de toda escala. En México, por ejemplo, en la estadística de defunciones ocurridas durante 2021 los eventos de intención no determinada alcanzan solo al 3,09 por ciento de todas las muertes por causas externas.

El flujo de información para construir la base de datos del Ministerio de Salud comienza con el certificado de defunción emitido por un médico, ya que el profesional llena al mismo tiempo el informe estadístico de defunción, que pasará sucesivamente por un registro civil, las oficinas de estadísticas de salud de las provincias y la oficina estadística de salud nacional antes de quedar incorporada en la información que será difundida cada dos años.

Esos datos son la herramienta con la que el Estado toma decisiones. Incluso macroeconómicas, como sucedió durante la pandemia. Claro que entonces había un desfase entre las muertes informadas cada día a modo de ritual y los decesos que realmente provocó el Covid-19. Las 84.698 muertes por esa causa en 2021 notificadas formalmente en estos días son 18 por ciento más que lo informado en el momento de levantar las restricciones.

Un subregistro notificado

Tampoco resuelta demasiado confiable el flujo de datos que abastece al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación. En el documento escrito el año pasado por funcionarios de esa cartera y del Ministerio de Salud sobre registros de suicidios se marcan las fallas de esa recolección de datos: “La causa más importante de subregistro de información en el SNIC es que la fuente de datos es policial, por lo que solo registra datos recogidos en su intervención cuando, ante situaciones de suicidio consumado, son llamados por una/un familiar o vecina/o, o son notificados a través de llamados al 911.

“Otra dificultad está relacionada con la imposibilidad, en algunos hechos, de contar con evidencia que denote que se trata de un suicidio prima facie y, por lo tanto, ingresen al sistema como ‘muerte dudosa’, escapando así a la contabilización en esta tipología. De esta misma forma pasa con casos caratulados en principio como homicidios y que, en la investigación posterior, se determinan como suicidios. También puede ocurrir que la persona resulte gravemente lesionada en un intento de suicidio y fallezca con posterioridad: si las policías no hacen seguimiento del caso, ese deceso no se registra.”. De nuevo puede consignarse que esa evaluación es válida para los homicidios.

Un asesinato emblemático en la historia criminal argentina servirá como ejemplo del subregistro de homicidios. La muerte de María Marta García Belsunce no figura en estadísticas de asesinatos, ya que el médico que firmó el certificado de defunción no consignó que se trataba de un homicidio. De esa manera quedó fuera del detalle de agresiones en las causas notificadas por el Ministerio de Salud en 2002. Tampoco la policía marcó el caso como un asesinato en el inicio de la investigación, por lo que tampoco figuró en el sistema de datos criminales. A más de 20 años de aquellos disparos en el country Carmel se sabe que se trató de un homicidio, pero a efecto estadístico no existió.

Puede encontrarse otro ejemplo reciente. A Lautaro Morello se lo buscaba en diciembre pasado luego de desaparecer con su amigo Lucas Escalante en Florencio Varela. Su cuerpo fue encontrado quemado varios días después. Es posible que su caso figure como homicidio en los registros del Ministerio de Salud y del Ministerio de Seguridad, dado que la forma del hallazgo no permitiría otra evaluación por parte de médicos y policías. Pero ese crimen no figurará en los datos de la justicia bonaerense, otra estadística oficial que registra la cantidad de asesinatos.

El Ministerio Público Fiscal bonaerense lleva un registro anual de todos los delitos en ese territorio. Sin embargo, el flujo que información que abastece esa estadística tampoco es exacto. Es que se toma como dato solo la Investigación Penal Preparatoria (IPP), la primera carátula que asigna un fiscal al expediente. Si el caso arranca como la averiguación de paradero, así se mantendrá en la estadística por más que luego se modifique la pesquisa hacia un homicidio. Pasa lo mismo si la causa empieza como lesiones graves y la víctima fallece en un hospital. En 2015 se revisaron las IPP consignadas en la estadística criminal de 2013 y se verificó un aumento del 30 por ciento de los homicidios al seguir el trámite de cada expediente.

Hace años que esas diferencias en el momento de recolectar las estadísticas criminales son señaladas por funcionarios de los últimos tres gobiernos de Santa Fe, quienes afirman que en su provincia se registra cada asesinato, incluso cuando las víctimas pasan semanas internadas. Con esos datos, en 2021 la tasa de homicidios de Rosario fue de 18,5 casos cada 100.000 habitantes, la más alta en nuestro país. Cifra similar al 20,8 registrado ese año en la mexicana Sinaloa.

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