Polémica por los beneficios que reciben presos que salen y matan
En dos de los últimos tres homicidios que conmovieron a la sociedad participaron delincuentes que habían sido liberados poco después de sus arrestos
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LA NACIONDaniel Gallo
Tres asesinatos en apenas 12 horas provocaron un fuerte impacto social y político en Buenos Aires. Y la captura de sospechosos aumentó la polémica sobre la ventaja que tienen los delincuentes en el conurbano: en dos casos los presuntos homicidas habían sido detenidos pocos meses antes y liberados casi de inmediato. Esa puerta giratoria puso en el foco de la controversia a los representantes del sistema penal. Hacia ellos apuntaron las quejas de Aníbal Fernández y Sergio Berni, los ministros de Seguridad nacional y bonaerense, respectivamente. En eso coincidieron referentes de la oposición política, pero estos marcaron la responsabilidad del kirchnerismo al emitir mensajes que muchos jueces y fiscales decodifican como una tendencia que prioriza el interés de los acusados antes que el de las víctimas. El año pasado más de 4500 presos fueron liberados con la excusa de evitar contagios de Covid-19. Finalmente, en las calles hubo más transmisión del virus que en los penales. Y los vecinos afirman que el delito aumentó.
“Si fue detenido por robo tiene que estar detenido por robo, no puede ser que recupere la libertad por algún artilugio jurídico que se pueda poner a disposición del magistrado”, dijo Aníbal Fernández al conocerse que uno de los supuestos asesinos de Lucas Cancino, el adolescente de 17 años apuñalado en Quilmes, había estado detenido solo cuatro días en mayo de 2020.
Berni también señaló la responsabilidad judicial: “Los autores de dos asesinatos deberían haber estado encarcelados, sin embargo, entraron y salieron”.
Patricia Bullrich, presidenta de Pro y exministra de Seguridad, tiene con los funcionarios mencionados una clara diferencia: para ella, el oficialismo promueve conceptos que benefician al delito . “El modelo zaffaroniano está sustentado en la idea de que, por si acaso, la víctima es el delincuente. La puerta giratoria se termina con la aplicación de la ley de flagrancia. Es un cambio muy importante poder llevar a juicio a un acusado en 40 días. Nosotros siempre postulamos ser más estrictos en el cumplimiento de las penas”.
Diego Kravetz, jefe de Gabinete del municipio de Lanús, aseguró que en su territorio tienen “casos de delincuentes que entraron y salieron de las comisarías hasta siete veces en un año”. Y agregó: “La lógica de las excarcelaciones indiscriminadas resulta una catástrofe para la seguridad pública”.
El candidato a diputado nacional y exsecretario de Seguridad Gerardo Milman expuso una alternativa para quitar espacio a decisiones arbitrarias de jueces y fiscales: tiene previsto presentar un proyecto de ley de “reiterancia”, que obligaría a que se tomen en cuenta arrestos previos y no solo condenas firmes. Justificó su propuesta: “Así como el kirchnerismo por decisión del Ministerio de Justicia en 2010 abolió la comunicación de sentencias al Registro Nacional de Reincidencias, volvió a hacerlo en 2020, después de que nosotros cambiásemos esa situación en 2015.Eso significa que hoy los jueces no acceden a la información rápida acerca de los antecedentes de un detenido”.
Para Luis Petri, integrante de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, uno de los problemas es que “al tener penas bajas, hay muchos delitos excarcelables”, por lo que plantea “elevar la pena mínima y máxima para evitar la altísima impunidad de hoy”. Y agregó: “Hay jueces que descreen de las penas privativas de la libertad y por lo tanto las aplican con el mínimo rigor”.
Esa situación se vivió en la ciudad de Buenos Aires. En agosto pasado fue detenido un sospechoso que intentaba escaparse de la policía en un automóvil robado. Fue liberado en solo 24 horas y esta semana, nuevamente arrestado, pero por el asesinato del subcomisario Rodrigo Becker. “Cuando un juez no cumple su función, la consecuencia es la muerte de una persona”, señaló Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño.
Funcionarios judiciales también expresaron su malestar por resoluciones que dan extraordinarias oportunidades a delincuentes. “No hay nada más que discutir, hay actuar y modificar la ley. Hay dos proyectos con estado parlamentario que están durmiendo hace varios años. Tenemos normas legales vigentes que son duras y hay que aplicarlas. Los fiscales estamos de un lado de la balanza, tenemos que hacer lo imposible para que el imputado siga detenido, no podemos liberar graciosamente a la gente sospechada de cometer un delito antes de completar la investigación”, comentó a LN+ el fiscal platense Marcelo Romero.
“El garantismo –indicó Romero– es el cumplimiento de la Constitución, de las garantías constitucionales. Lamentablemente hay una importante cantidad de magistrados que directamente son abolicionistas, sienten vergüenza por aplicar la pena, creen que el delincuente es la víctima de la sociedad. Eso es grave”.
Un pensamiento similar expuso Luis Cayuela, magistrado de la Cámara Penal de San Isidro: “El problema no son los jueces, sino la ley, que permite que se aplique de esta manera. Con esta legislación estamos fuera del sentido común, más si un juez tiene un criterio ultragarantista. Y como a ningún magistrado se lo somete a juicio, se están haciendo las cosas de acuerdo con la reforma impuesta por Zaffaroni: todo a favor del reo. Los jueces no podemos legislar y la legislación está a contramano del sentido común”.
El constitucionalista Daniel Sabsay, en tanto, comentó: “De ninguna manera se puede aceptar que se libere a personas que cometen delitos graves, no es un problema de la ley, sino de cómo la aplican los jueces y los fiscales. Los abolicionistas piensan que la cárcel es un elemento degradante para las personas, y que todo delincuente es víctima de la sociedad que lo llevó a eso. Es un interpretación más sociológica que jurídica y acá lo que importa es la seguridad de la gente y que los delincuentes estén presos”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales bonaerenses, Liliana Tricarico, aseguró: “Nosotros tenemos una Constitución que es estrictamente garantista y los jueces están atados a lo que dice la ley. Mientras no se modifique la legislación va a ser muy difícil de que cambie la situación. El tema en sí pasa por el Código Procesal, que permite ciertos beneficios, como las excarcelaciones. Si se aumenta o no la magnitud de la pena es indistinto, siempre y cuando en lo procesal se habilite un beneficio, la situación no va a variar”.
Con la colaboración de Sebastián Poleri
Por Daniel Gallo
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