Polémica. Cruces entre abogados y acusaciones políticas por la reunión de Píparo con el joven al que atropelló su marido

LA PLATA.- La causa abierta luego de que Juan Ignacio Buzali, esposo de Carolina Píparo, atropellara a dos motociclistas en las primeras horas del año, cobró esta semana un giro inesperado luego de que los abogados de uno de los jóvenes arrollados pidieran a la Justicia que se investigue si durante un encuentro reservado entre las partes, en una casaquinta en las afueras de esta ciudad, la diputada provincial de Juntos por el Cambio y titular de la oficina municipal de Asistencia a la Víctima incurrió en un incumplimiento a sus deberes como funcionaria e incluso pudo haber intentado sobornar al muchacho.

La revelación sobre la particular reunión privada entre las partes en litigio, reconocida ayer por la propia legisladora, generó una serie de veladas acusaciones entre los letrados intervinientes y amenaza con convertirse en un escándalo con derivaciones insospechadas, en un caso teñido desde el comienzo por la injerencia de intereses extrajudiciales a raíz de la actividad política de Píparo.

Además, desataron acciones de distinto tipo, pero de claro color e implicancias políticas, que tienen como blanco a la funcionaria del intendente platense Julio Garro y legisladora de la oposición bonaerense. Concejales del Frente de Todos en el Consejo Deliberante de la capital provincial presentaron un pedido de interpelación a la secretaria de Asistencia a las Víctimas de la municipalidad.

“Atento la gravedad de los hechos, venimos por la presente a solicitar nuevamente la interpelación en los términos ut supra mencionados, a la funcionaria del Departamento Ejecutivo, la señora secretaria contra la Violencia de Género y Asistencia a la Víctima de nuestro municipio de La Plata, Carolina Píparo. Dejamos en evidencia que el presente decreto viene a colación de las nuevas denuncias efectuadas contra su persona, dada su tendencia a entorpecer la investigación judicial naciente en el marco de los hechos acaecidos en la madrugada del 1 de Enero del corriente año”, expresaron los ediles peronistas.

Mientras, un variado y vasto grupo de organizaciones y familiares de víctimas de delitos se concentrarán el jueves en la puerta de los tribunales penales de La Plata para manifestar su apoyo a las víctimas del caso (los jóvenes atropellados por el auto que conducía Buzali) y para reiterar su “urgente pedido de renuncia” de Píparo “por absoluta inhabilidad moral, al cargo de secretaria de Asistencia a las Víctimas”.

La particular reunión salió a la luz el lunes pasado, cuando por intermedio de los letrados Pablo Cuomo y Damián Mitre el muchacho, de 17 años y solo identificado por las iniciales I.C., pidió junto a su madre revocar el patrocinio de dos de los tres letrados que hasta ese momento lo representaban: Juan Manuel Fontana y Juan Manuel Beluardo.

En la presentación de la revocatoria se detalla que el menor y su progenitora concurrieron a “un encuentro clandestino, a escondidas y desconociendo los motivos” en el cual -siempre según el escrito- el muchacho recibió de la legisladora dinero así como, un día después, se le hizo llegar un celular, ya que durante la charla el chico habría comentado que el suyo se había roto. “Me siento muy mal por haber aceptado los dos mil que me entregó en mano la señora Píparo, los cuales oportunamente se los reintegraré”, indicó I. C. en el oficio judicial, en el que sostuvo que al perder la confianza en sus representantes decidió revocar el patrocinio.

Según lo que pudo reconstruir LA NACION, el encuentro se realizó con total sigilo en la semana del lunes 16 al viernes 20 de abril en una casaquinta en la localidad de Gonnet, en las afueras de La Plata, propiedad de Beluardo. Allí concurrieron I. C. con su mamá, y Píparo con su hermano, Matías.

Durante la larga charla Píparo y el joven hablaron del accidente y la diputada se habría interesado por la difícil situación que atraviesan el muchacho y su familia. “Sabes cuál es el problema, que vos sos rica y yo pobre”, le habría dicho I. C. a la legisladora, según la reconstrucción de lo sucedido. Cerca del final de la conversación, Píparo le ofreció dinero para que pudiera comprarse unas zapatillas que dijo necesitar, así como un celular, ya que lo tenía roto. Unos días más tarde, cuando la mujer le envió la plata y el teléfono, ambos intercambiaron unos mensajes que se convirtieron en la principal prueba de lo ocurrido.

Según la versión de Píparo, fue ella quien ofreció reunirse con I. C. para buscar un “acercamiento humano” después de enterarse las dificultades que atravesaba. Si bien el abogado de Píparo, Marcelo Peña, estableció el contacto, el letrado asegura no haber estado de acuerdo con que su cliente concurriera al encuentro e incluso le habría aconsejado, en cambio, iniciar formalmente un proceso de mediación. Sin embargo, la legisladora decidió asistir a la reunión junto a su hermano.

El encuentro se produjo una semana después de que la jueza de Garantías Marcela Garmendia accedió a otorgar prisión domiciliaria a Buzali, cuando las partes aún podían apelar la decisión. De hecho Fontana y Beluardo no apelaron, mientras que el abogado Martín de Vargas, representante de Luis Lavalle, el otro joven atropellado, sí lo hizo.

Al ser consultado por este diario, Fontana se negó tajantemente a opinar sobre lo ocurrido, por considerar que se trata de “maniobras políticas ajenas a mi tarea de abogado”. “Todo lo que se diga sobre mí habrá que probarlo”, sentenció.

“Yo fui para ponerme a disposición”, aseguró Píparo en diálogo con LA NACION. Consideró que la reunión no tenía “nada de secreto ni de reprochable” y afirmó: “No me arrepiento de haber ayudado a ese chico”.

Crisis de confianza

La falta de claridad sobre la finalidad de la reunión alimenta las versiones sobre la posibilidad de que se investigue un presunto caso de prevaricato, a partir de las dudas sobre la actuación de quienes hasta hace pocas horas ejercían la defensa del menor.

Para Cuomo, el encuentro fue algo “inmoral” y, en su opinión, “debería haberse llevado a cabo en la Oficina de Asistencia a la Víctima de la ciudad de La Plata”, ya que Píparo es la actual directora de dicha oficina municipal.

La difusión del encuentro generó otras consecuencias e impulsó al defensor de Lavalle, De Vargas, a solicitar ante la jueza Garmendia que se revoque el beneficio de la prisión domiciliaria del que goza Buzali desde fines de abril último.

De Vargas desempolvó argumentos que ya había esgrimido oportunamente al sostener que existían “peligros procesales”, dado que el imputado “tiene poder político y económico para entorpecer la investigación” en caso de no estar privado de su libertad.

En la presentación se sostuvo que “es evidente el descaro e impunidad con que se maneja Carolina Píparo, llamando a la víctima de autos, es decir el menor al que su marido Buzali intentó matar, a un encuentro clandestino con la clara intención de influir en el testigo en nombre y representación de su marido Buzali, quien se beneficiaría de ello”, subrayó.

Mañana, los abogados de I. C. realizarán una conferencia de prensa en la que pedirán que Píparo sea apartada de su cargo en el municipio como coordinadora de la oficina comunal de Asistencia a la Víctima.

Hasta ahora ninguna de las partes involucradas en esta historia pudo explicar por qué todo explotó un mes y medio después de que se realizará la reunión. Quizás ahora la Justicia obligue a las partes a exponerlo en los Tribunales.

“No me arrepiento de haber ayudado a ese chico”

Más allá de los cruces entre abogados, Carolina Píparo se defiende y sostiene que la reunión que mantuvo con uno de los jóvenes que atropelló su marido “no tiene nada de secreto ni de reprochable”.

En diálogo con LA NACION, Píparo aseguró que su intención fue ponerse a disposición y propiciar “un encuentro de corazón, de carácter humano, que, en realidad, yo busqué desde el primer momento”.

La legisladora platense de Juntos por el Cambio contó que en la charla cada uno pudo exponer cómo vivió lo ocurrido aquella madrugada del 1 de enero. “Yo pude contarle que nosotros tuvimos mucho miedo cuando vimos las cuatro motos sobre el auto y pude decírselo”, contó.

Por último, Píparo adjudicó las novedades del caso a “las mismas maniobras políticas que están haciendo desde el principio para intentar perjudicarme a mí que no tengo nada que ver con la causa”.

“Escucho a los nuevos abogados, advierto nuevamente la intencionalidad política y me pregunto si están pensando en las víctimas o en las próximas elecciones”, cerró la legisladora.