Polémica: buscan prohibir las visitas en la cárcel a jefes narco para evitar la propagación de la violencia
El gobierno santafesino pretende endurecer las condiciones de alojamiento de los líderes de las organizaciones criminales para cortar la línea de órdenes que se origina dentro de los calabozos
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
Los jefes narcos que están presos siguen con el control de las organizaciones criminales, no sólo a través de comunicaciones clandestinas, que realizan con teléfonos celulares, sino también mediante los mensajes que reciben sus parejas durante las llamadas visitas íntimas. Al no poder cortar estos vínculos, que se materializan en el incremento de la violencia en Rosario, donde la cifra de 223 asesinatos en lo que va de este año se transformó en la más alta desde 2015, el gobierno santafesino impulsa un endurecimiento de las condiciones penitenciarias para los llamados detenidos de “alto perfil” que están alojados en penales de Santa Fe . Se pedirá igual trato en cárceles federales que alojan a narcos santafesinos.
En diálogo con LA NACION, el flamante secretario de Seguridad de Santa Fe, Jorge Bortolozzi, afirmó que “si se busca que la población deje de sufrir con el crimen el organizado hay que cambiar las condiciones de detención de las cárceles”.
Según información oficial en el penal de Piñero, que es el más poblado del sur provincial se secuestraron de enero a agosto de este año 1148 teléfonos celulares, casi uno por cada preso en esa unidad con capacidad para 1426 internos.
En el mismo período en todas las cárceles de la provincia se requisaron alrededor de 3700 equipos celulares, tablets, conversores de televisión y hasta un router inalámbrico. El dato no es menor si se considera que desde las cárceles se ordena el 95% por ciento de las balaceras que riegan con plomo las calles de Rosario, según información del Ministerio Público de la Acusación.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, asegura que las cárceles se transformaron en uno de los principales problemas de seguridad que impacta en las calles de Rosario. “Necesitamos que las personas que están cumpliendo la condena en las cárceles tengan los controles para evitar que sigan organizando delitos desde esos lugares. Tiene que ver con la inteligencia criminal”, afirmó el funcionario.
Pablo Socca, uno de los fiscales que investiga el crimen organizado en Rosario, expuso que el problema quedó al descubierto que en dos allanamientos en agosto pasado en la celda de Máximo Cantero, alias Guille, en la cárcel de Marcos Paz, donde le secuestraron dos teléfonos fijos dentro del calabozo. “A Cantero lo seguimos investigando y condenando, pero hay que tratar es que no se cometan más delitos desde las cárceles por intermedio de los teléfonos celulares. Lo que hay que hacer es impedir que él y otros tenga acceso a un celular”.
Bortolozzi, quien era subsecretario de Asuntos Penitenciarios hasta la semana pasada, consideró que “sería bueno discutir” si los presos más peligrosos tendrían que tener las mismas condiciones de encierro que, por ejemplo, Joaquín “Chapo” Guzmán, el líder narco mexicano que está detenido en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, para lo cual reconoció “hace falta una ley nacional”. El funcionario planteó que se debe discutir una reforma a la ley Nº 24.660, sancionada en 1996.
El funcionario consideró que ante esta situación de violencia es necesario endurecer las condiciones de detención. “Nosotros revisamos a los presos todos los días y no hay teléfonos celulares. Por más que pongamos 40 inhibidores de llamadas en la cárcel, ese interno tiene derecho a visitas íntimas una vez por semana en Piñero. Y no podemos meternos para saber si ese recluso habla con su pareja y le da instrucciones para cometer delitos”, afirmó Bortolozzi, quien antes de asumir en este puesto tuvo a su cargo el funcionamiento de los penales de la provincia.
Un informe elaborado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), difundido por Aire de Santa Fe, advirtió que dentro de las unidades penitenciarias las altas jerarquías de las organizaciones narco continúan, a través del uso de celulares compartidos y los teléfonos públicos, con el tráfico de estupefacientes y también ordenando crímenes. Uno de los focos del informe está puesto en los grupos narco santafesinos, como Los Monos, Funes y Ungaro, pero también de otras organizaciones que tienen base territorial en otras provincias, como Corrientes, Salta y el conurbano bonaerense.
En la cárcel de Marcos Paz se concentró una verdadera selección de narcos del país, como publicó LA NACION. Allí se encuentran alojados Guille Cantero; Marco Estrada Gonzáles, jefe de la villa 1-11-14; Néstor Rojas, capo narco del Primer Comando de Frontera, y Carlos Bareiro, cabecilla de la banda que manejaba el ingreso de la marihuana en el país desde Itatí.
El 27 de junio pasado, tras el ataque y la fuga en el penal de Piñero, ubicado a 20 kilómetros de Rosario, comenzaron a ser trasladados alas cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz a otros jefes narco santafesinos, alojados hasta ese momento en la unidad santafesina, como Esteban Alvarado, René Ungaro, los hermanos Funes y el peruano Julio Rodríguez Granthon, que está acusado de participar de la ejecución del exconcejal Eduardo Trasante, entre otros.
Ante el temor de que se repita otra fuga en Piñero, esos presos con causas federales por narcotráfico fueron enviados a penales en Buenos Aires. El problema ahora lo tiene el Servicio Penitenciario Federal, que se encuentra intervenido desde el año pasado y cuya titular María Laura Garrigós de Rébori está en la cuerda floja desde los episodios que protagonizó Guille Cantero, cuando en menos de 15 días le secuestraron dentro de su celda un teléfono fijo, como si fuera de uso personal, en dos oportunidades.
La situación es inédita en la Argentina, donde aún no se alcanzó la situación de Brasil y Paraguay, donde las cárceles se transformaron en la última década en la gerencia del narcotráfico.
El informe de la Procunar pone en evidencia este problema y abre líneas de trabajo para que los fiscales se ocupen de investigar este nuevo escenario que asoma en el país. Cuando el problema había aparecido en Santa Fe hace casi una década nadie le dio relevancia desde Buenos Aires. Ahora, luego que los presos santafesinos fuesen enviados a Marcos Paz, las autoridades reaccionan sobre este fenómeno criminal.
“A partir de la intervención de la Procunar en los casos relevados, se detectó la existencia de personas en niveles jerárquicos de organizaciones o bandas narcocriminales de gran complejidad e influencia en sus territorios interviniendo en estas maniobras desde los establecimientos penitenciarios en los que se encontraban detenidas”, advirtió el documento.
“Se advirtió la presencia de personas en el exterior de las cárceles, que fueron parte o contribuyeron las actividades ilícitas, al cumplir con las directivas impartidas por los eslabones superiores de la organización, que se encontraban privados de la libertad”, se agregó.
En el documento se hizo hincapié que “en algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario, tanto para facilitar, como para permitir el ingreso de dispositivos de telefonía celular a los establecimientos penitenciarios. Al respecto, en uno de los casos analizados se investigó la conformación de una organización integrada por personal penitenciario que habría provisto a los internos de teléfonos celulares”.
Esa referencia se dirigió al caso de Rojas, que era hasta hace unas semanas compañero de Cantero en el pabellón de Marcos Paz. El misionero, que había intentado comprar un misil dentro de la cárcel e intentó asesinar a dos magistrados de esa provincia con sicarios brasileños, usaba como método para comunicarse una triangulación que hacía con su pareja, que no estaba detenida.
Él la llamaba con un celular a su esposa y ella con otro teléfono se contactaba con los clientes de Rojas. De esa manera, Loko Rojas hablaba con sus socios sin contactarse con ellos de manera directa. Así evitaba que las autoridades judiciales que lo escuchaban pudieran conocer sus voces. Cantero empezó a hacer lo mismo luego de ser compañero de Rojas.
En la investigación que terminó con un megaoperativo de la Policía Federal en Rosario, con la mira en Los Monos, quedó expuesto cómo es la matriz de funcionamiento actual de la banda. La organización se maneja desde las cárceles. En este caso Guille Cantero daba órdenes desde el penal de Marcos Paz, a través del teléfono fijo, o público de la cárcel, pero las directivas no eran de forma directa. El líder de Los Monos llamaba por el teléfono fijo que tenía en su celda en dos horarios: a las 14 y a las 20.
Se contactaba a un celular de otro preso en el penal de Ezeiza. Este recluso llamaba a su vez con otro teléfono móvil a los miembros de Los Monos que están en la cárcel de Piñero, que escuchaban la voz de Cantero que hablaba por el teléfono público de Marcos Paz. Ese teléfono le fue incautado dos veces este año: el 23 de agosto y el 3 de septiembre. Sin embargo, siguió hablando por esa vía.
Con ese método el 17 y 19 de septiembre pasado Guille Cantero se comunicó con Leandro Vinardi, miembro de la banda y exjefe de la barra de Newell’s, que está preso en Piñero, para moldear el negocio de la droga en esas zonas.
El recluso en Ezeiza, que hacía de operador telefónico del clan Cantero, también recibía audios de WhatsApp de los lugartenientes de Guille, como por ejemplo, Marcos Mac Caddon, quien pretendía ser uno de los gerenciadores de Los Monos en San Lorenzo, otro de los puntos en disputa, donde están ubicados los principales puertos que exportan el 80 por ciento de los granos de Argentina.
Refuerzo de seguridad en las fiestas
Más allá de la situación en las cárceles, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe anunció hoy que reforzará la presencia policial en centros comerciales de la ciudad de Rosario para las fiestas de fin de año, cuando hay “mayor concurrencia de gente”.
El subsecretario de Prevención y Control, Claudio Brilloni, señaló que se ha “trazado un plan, tanto para las fiestas de fin de año como la temporada de verano, junto a la Policía como al municipio, y con el apoyo de las fuerzas federales”.El diagrama de los operativos se dio a conocer hoy luego de una reunión de funcionarios de la cartera de Seguridad y del municipio de Rosario.
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