Plan de fuga: quién es Esteban Alvarado, el narco con conexiones políticas que compró un ejército de policías para eliminar a Los Monos
Antes de convertirse en traficante, comandaba una banda que robaba automóviles de alta gama en la zona norte del conurbano y los comercializaba en Rosario; aunque pasó preso los últimos diez años, manejó su banda desde la cárcel y llegó a tener una oficina en el calabozo
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LA NACIONGustavo Carabajal
Esteban Lindor Alvarado, de 43 años, el jefe narco de Rosario que estuvo a punto de protagonizar una cinematográfica fuga de la cárcel de Ezeiza, colgado de los patines de un helicóptero, rompió la matriz que regula la actividad del tráfico de estupefacientes. Eligió integrar a efectivos de la Policía de Santa Fe a su organización criminal y les pagó para que trabajaran para su banda.
Una de las tareas clave para expandir su territorio que les encargó a los jefes policiales que trabajaron para su organización fue la de sacar del medio a la banda de Los Monos, comandada por el clan Cantero. A pesar de estar detenido desde 2012, Alvarado no perdió poder. Al contrario, hizo crecer su organización desde la cárcel. Compró voluntades de agentes penitenciarios e instaló una oficina en su calabozo cuando pasó por la cárcel de Campana, en 2013.
Alvarado, socio de Luis Medina y archienemigo de los Cantero, rompió con la matriz que habían impuesto Los Monos. La investigación que, en parte, puso al descubierto su vinculación con policías comenzó a partir del homicidio del prestamista Lucio Maldonado, ocurrido el 14 de noviembre de 2018. Durante la pesquisa, a cargo del Ministerio Público de la Acusación, se determinó que el asesinato habría sido ordenado por el jefe narco.
Dos días después de que fuera secuestrado cuando salió de su casa para ir a comer un asado con amigos, el cuerpo de Maldonado –a quien le decían “El Tony Montana argentino”, porque le gustaba mostrarse con armas y fajos de billetes, como el personajes de Scarface–apareció baleado en el inicio de la autopista Rosario-Buenos Aires; tenía las manos atadas a la espalda y tres tiros: dos en la espalda y uno en la nuca. Junto al cadáver apareció un rudimentario cartel de cartón que decía: “Con la mafia no se jode”.
Por su violencia omnipresente, no pareció descabellada la primera hipótesis que atribuía el homicidio a Los Monos. Pero el curso de la investigación develó que las sospechas que difundía la policía en ese sentido provenían, en realidad, de la mente febril de Alvarado y su plan para barrer a sus competidores más duros.
Se determinó que el jefe narco utilizó los servicios de los policías para que allanaran los búnkeres de venta de droga de Los Monos. Así, a través de la entrega de información a la policía sobre las actividades de la familia Cantero, Alvarado ocupaba el territorio que dejaban los miembros de Los Monos, que comenzaron su retirada, golpeados por los allanamientos a sus puestos de venta de drogas.
Rumbo a Paraguay
De no haber sido por la investigación encarada por el fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la fiscal federal Cecilia Incardona y personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alvarado hubiera intentado huir del penal de Ezeiza en un vuelo de 20 segundos en helicóptero para encarar la fuga hacia el noreste por tierra, para refugiarse en Paraguay, donde cuenta con conexiones con los personajes más importantes del bajo mundo guaraní. Heredó esos vínculos de su madre, que se dedicaba al contrabando de cigarrillos.
Según consta en diversos expedientes que se instruyen en las fiscalías de Rosario, más de 20 policías de Santa Fe trabajaron como choferes de camionetas que llevaban droga, como punteros que abrían el camino para evitar los controles, como informantes o como fuerza de choque en la lucha de Esteban Lindor contra Los Monos.
Cuando Alvarado fue detenido, en 2012, los fiscales obtuvieron los nombres de los efectivos que trabajaban para él y cumplían diversas funciones en su organización.
Esos policías fueron condenados en distintos juicios abreviados, en los que debieron admitir que trabajaban para uno de los jefes narco más importantes de Rosario, con recursos económicos ilimitados que obtenía del tráfico de drogas y, antes, de la venta de autos robados.
Además de los policías que formaban parte de la Brigada de Operaciones Judiciales (BOJ) y trabajaban para Alvarado, durante el juicio oral también se determinó, por las declaraciones de algunos de los testigos, que también había políticos que colaboraban con la organización narcocriminal.
La “narcopolítica”
Debido a que, hasta el momento, los tres políticos mencionados por los testigos en el juicio no fueron imputados en ninguna causa penal, sus nombres se mantendrán en reserva. No obstante, se pudo saber que los testigos nombraron a un senador provincial por el peronismo, una funcionaria del Poder Ejecutivo de Santa Fe durante el gobierno socialista y una integrante de la actual administración provincial.
En caso de que el tribunal oral de Rosario decida extraer testimonios por los dichos de los testigos y remitirlos al Ministerio Público de la Acusación, sería la primera vez que la Justicia de Santa Fe avanzaría sobre la presunta vinculación de políticos con las organizaciones narcocriminales que, hace más de 15 años, se pelean por el dominio del territorio para vender drogas.
Los vínculos entre los tres políticos de Santa Fe y Alvarado quedaron al descubierto con la declaración de un testigo que, en marzo de 2022, fue convocado a exponer en el juicio contra el jefe narco que, un año después, pergeñó una fuga de película del penal de Ezeiza.
Como informó LA NACION, el plan para fugarse de la cárcel fue abortado en las últimas horas tras una investigación de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Procunar.
En su declaración, aquel testigo aportó los nombres de los funcionarios y abogados que actuaron como intermediarios entre políticos y narcos. La posibilidad de que esos lazos entre policías, funcionarios y traficantes queden al descubierto quedó plasmada en otra causa judicial que investigaba el MPA.
Hace un año, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) apresó a Marcos Jeremías Mac Caddon, alias Pato, acusado de integrar la banda de Los Monos. Durante el operativo que terminó con la detención del encargado de los búnkeres del cordón industrial del norte de Rosario, los investigadores secuestraron el celular del sospechoso.
Cuando los técnicos lograron abrir el celular de Mac Caddon y revisaron las comunicaciones, hallaron mensajes en los que el puntero político, convertido en narcotraficante, se jactaba de sus lazos con el senador provincial también mencionado en la causa Alvarado.
Según consta en sumarios posteriores a la detención de Alvarado, el listado de policías que formaban parte de la banda estaba formada por Pablo Báncora, condenado a un año de prisión en diciembre de 2019; Cristian Ariel Di Franco, alias Chamuyo, condenado a tres años de cárcel en mayo de 2020; Luis Emilio Quevertoque, condenado a tres años de prisión en septiembre de 2020; Marcelo David y Martín Rey, condenados a tres años de cárcel en diciembre de 2020, y Javier Makhat, condenado a tres años de prisión en junio de 2021.
En el caso del subcomisario Quevertoque, segundo jefe de la BOJ, tan estrecha era su relación con Alvarado que tenía un porcentaje de la propiedad del caballo de carreras Cascarudo, al que sus dueños hacían competir en los principales hipódromos del país.
En cuanto a Makhat, los investigadores determinaron que era testaferro de Alvarado. A nombre del comisario jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) figuraba un departamento valuado en más de $27.000.000. El lujoso inmueble estaba a nombre suyo, pero las expensas figuraban con cargo a Alvarado.
La investigación que puso al descubierto la relación entre los policías y Alvarado fue encarada por Marcelo Sain cuando se desempeñó como director provincial del Organismo de Investigaciones. Sain luego fue ministro de Seguridad de la provincia. Primero lo echó el gobernador, Omar Perotti, tras la difusión de unas escuchas telefónicas. Y luego, el poder político encarnado en la Legislatura santafesina lo destituyó.
La participación policial en la banda de Alvarado se amplió. Por ejemplo, durante la audiencia del miércoles pasado, Emilio Maximiliano Lencina, que fue oficial jefe de la Unidad de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) del Litoral, con sede en Rosario, agregó otros nombres.
Antes de convertirse en uno de los jefes narco más importantes de Rosario, Alvarado comandaba la “banda de los rosarinos”, que robaba autos y camionetas de alta gama en la zona norte del Gran Buenos Aires y los vendía en Santa Fe o los llevaban directo a Paraguay.
Uno de los colaboradores más cercanos de Alvarado en esa época fue Chamuyo Di Franco, que se desempeñaba como jefe de la seccional de Carcarañá, y ayudaba con la venta ilegal de los autos de alta gama que robaba la banda.
Según determinó la Justicia, la banda de los rosarinos robaba vehículos con no más de 5000 kilómetros de uso. Durante la investigación se estableció que, todos los viernes por la noche, tres camiones cargados con los coches y camionetas robados partían desde el corredor norte del conurbano hacia Rosario.
El sumario, que fue instruido por el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, terminó con la condena a seis años y medio de prisión para Alvarado, considerado jefe de una asociación ilícita que se dedicaba al robo automotor. Fue la primera condena contra Alvarado, que en junio pasado fue sentenciado a prisión perpetua por haber ordenado el homicidio del prestamista Maldonado y por lavado de dinero.
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