Pistolas y rifles. Lanús incorporará armas con municiones no letales para las unidades que dependen del municipio
Usarán dispositivos que, mediante el uso de aire comprimido, disparan proyectiles calibre 68
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LA NACIONDaniel Gallo
Las armas de municiones no letales forman parte del arsenal que disponen las fuerzas de seguridad para disuadir o reprimir a diferentes clases de agresores. Escopetas con postas de goma son de uso habitual en el control del espacio público, pero su utilización no está al alcance de todo policía ni en cualquier momento. Por lo general, los policías tienen como herramientas de portación personal una pistola 9mm, un bastón que requiere muchos años de entrenamiento para transformarlo en una opción eficaz de defensa y ataque y, en algunos casos, un lanzador de gas pimienta. La polémica sobre las pistolas de descarga eléctrica Taser llega por esa brecha que se establece entre el uso de la pistola 9mm cuando un situación no demanda un disparo letal y la utilización de un bastón cuando el atacante sin armas de fuego iguala o supera la capacidad ofensiva del policía. En ese debate, el municipio de Lanús decidió que los equipos de Seguridad Ciudadana y la Patrulla de Reacción Rápida -formados por policías bonaerenses y agentes municipales- cuenten en su armamento individual con otra alternativa: armas de incapacitación momentánea.
La Secretaría de Seguridad del Municipio de Lanús, a cargo del hoy intendente interino, Diego Kravetz, se decidió incorporar el uso de armas no letales al cuerpo de Seguridad Ciudadana y PRI. Los modelos elegidos serían la clase Byrna fabricada por la empresa Bersa, en sus versiones de pistola y rifle táctico, según señalaron funcionarios de esa intendencia. Esa es el arma que, al menos, se encuentra en el proceso de prueba y que formó parte de la presentación de se sistema que se realizó hoy en la escuela de la policía local de Lanús.
“Cabe destacar que los oficiales que utilizarán estas nuevas herramientas serán capacitados en distintos tipos de materias, control responsable de las mismas y uso adecuado. Todo de forma práctica y teórica”, informaron autoridades de ese municipio.
Esas armas emplean un sistema de aire comprimido para disparar proyectiles calibre 68 que usan la fuerza cinética para dejar fuera de combate a un agresor dentro de un radio de 18 metros. Los cartuchos tienen la opción de portar compuestos químicos -lacrimógenos o irritantes- para dotar de alternativas a las fuerzas de seguridad antes de subir la escala de respuesta al disparo de armas de fuego.
“Está necesidad de contar con un equipo cada vez más profesional y mejor equipado nace del reclamo de los vecinos que ante una fuerza policial provincial cada vez más desprovista, acuden a las patrullas municipales ante un hecho delictivo”, se informó en Lanús.
“El objetivo es evitar que se dé la muerte de terceros y de los delincuentes”, explicó Kravetz, que quedó a cargo del municipio de Lanús tras el pedido de licencia de Néstor Grindetti por 90 días, quien estuvo ayer presente en la demostración de esas armas, junto con Kravetz y Patricia Bullrich.
Poco antes de la presentación de esta iniciativa, Kravetz había realizado fuertes críticas al gobernador Axel Kicillof. “En materia de seguridad, lamentablemente, no contamos con su apoyo. A pesar de usted, Lanús tiene la mejor estadística de la zona sur en seguridad. Y pudimos hacerlo a pesar que su gobierno haya escatimado en personal y equipamiento para nuestra ciudad, ya que Lanús cuenta solo con nueve patrulleros de los 35 que deberíamos tener”.
En esa queja que Kravetz hizo pública en su cuenta de Twitter, puede encontrarse el sustento para que agentes municipales y policías bonaerenses desplegados en ese distrito puedan contar con herramientas entregadas por el municipio, más allá de las armas que forman parte de la dotación de la policía provincial. Es que esos nueve patrulleros que señalo el intendente interino se complementan con unidades aportadas por la intendencia.
Las autoridades municipales señalaron que en su distrito se cuenta con 75 patrulleros, 18 motos, cuatro camionetas y 250 efectivos que integran los equipos de Seguridad Ciudadana y la Patrulla de Respuesta Inmediata que “cumplen tareas de prevención y dan apoyo a la policía provincial”.
Si bien los uniformados tienen un comando único establecido por el escalafón de la policía bonaerense, cada municipio complementa con inversión propia las necesidades operativas de la fuerza de seguridad provincial. Así los distritos suman móviles que solo pueden ser empleados en su territorio, absorben los gastos de combustible y, entre otros aportes, entregan chalecos antibalas a policías que están asignados a la prevención del delito en sus calles. Esas armas de incapacitación momentánea formarían parte de la ayuda material que un municipio, en este caso Lanús, entrega a la fuerza provincial para uso exclusivo en su espacio público. En caso de ser rechazada esa colaboración, los agentes municipales podrían emplearlas al no requerirse un permiso especial para su uso.
Los pasos hacia la Taser
Diferente es el caso de las pistolas de descarga eléctrica Taser. Lanús, al igual que La Plata y otras intendencias en manos de la oposición política provincial, había avanzado hasta con ordenanzas que habilitaban a finales de 2020 la compra de esos dispositivos y su entrega a los uniformados que patrullas sus calles. Sin embargo, la gobernación hizo saber a los jefes comunales que no aceptaría esas “colaboraciones”. Fue esa una decisión política, porque el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, expuso siempre su posición favorable a las Taser, incluso desde el momento en que empezó el debate público en nuestro país sobre esas pistolas, a comienzos de 2010.
Por entonces, Eugenio Burzaco se había hecho cargo de la en esos días creada Policía Metropolitana, la primera fuerza policial que tuvo dependencia directa del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento planteó Burzaco la idea de adquirir cinco pistolas Taser para empezar a capacitar a los uniformados porteños. En ese contexto, con una lucha política en la que sectores del oficialismo apostaban al fracaso de la experiencia de seguridad porteña, se abrió una polémica que tuvo idas y vueltas en la Justicia, que no solo definió la cuestión de fondo al aceptar a las pistolas Taser como una herramienta policial válida, sino que también se ordenó a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex Renar) que permitiese la importación de las armas con esas características adquiridas para la Policía de la Ciudad.
Y trece años después, será el propio Burzaco el que ponga en funcionamiento, ahora como ministro de Justicia y Seguridad porteño, el programa que había planeado. Las primeras 90 pistolas estarían en servicio desde julio próximo.
Quienes conocen el pensamiento del ministro saben que considera al uso de armas no letales, no solo a las Taser, como el futuro de las fuerzas de seguridad, con capacitaciones para que los agentes puedan diferenciar en qué momento deben usar una u otra herramienta, incluida la pistola 9mm.
El despliegue inicial será en inmediaciones de estaciones ferroviarias, en el subte, y como parte del armamento de unidades de reacción rápida.
Por Daniel Gallo
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