Pistolas Taser. La Ciudad reactiva la compra de 300 armas electrónicas
LA NACION
El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, confirmó hoy que se reactivará el proceso de licitación para que la Policía de la Ciudad adquiera 300 pistolas Taser y explicó que "había sido suspendido por el tema de la importación durante la pandemia".
En declaraciones a la prensa, Santilli reafirmó esta mañana la información difundida ayer sobre el reinicio del proceso de licitación de 300 pistolas Taser para la Policía de la Ciudad. Sobre el procedimiento licitatorio, informó: "Lo hemos reiniciado y esperemos que sea lo más rápido posible".
"Hay que dotar a los policías de las herramientas necesarias para que puedan desempeñar su trabajo con armas de baja letalidad, como una tonfa o una pistola Taser; hay que ir equipándolos y ayer mismo se reinició el proceso de licitación de Taser, que había sido suspendido por el tema de la importación durante la pandemia", agregó.
El funcionario, que también está a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, sostuvo que prefiere que la policía "utilice estos dispositivos antes que un arma de fuego".
Son 300 pistolas Taser con toda la tecnología que tiene que tener: cámara de filmación para poder ver toda la trazabilidad del trabajo y, por supuesto, los oficiales tendrán entrenamiento específico
Ayer, tras el crimen del policía federal Juan Pablo Roldán, atacado a puñaladas el lunes en el barrio porteño de Palermo por una persona que luego murió y que padecía problemas psiquiátricos, se reavivó el debate acerca de la implementación de ese tipo de armamento en las fuerzas de seguridad.
Desde 2010, el gobierno porteño pretende equipar a la policía con pistolas Taser, lo que fue cuestionado por organismos de defensa de los derechos humanos, que calificaron este tipo de armas como "elementos de tortura". En 2014 hubo un fallo de primera instancia que prohibió la utilización de dichas pistolas, pero un año después el Tribunal Superior de Justicia porteño lo revocó y dejó firme el permiso para su utilización por parte de las fuerzas de seguridad en la Capital.
En la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara baja, Jorge D'Onofrio (Frente Renovador), se pronunció hoy, a través de un comunicado, a favor de "avanzar con el uso de pistolas Taser" por parte de la policía.
"Espero que realmente el dolor que sentimos hoy nos movilice hacia los cambios que necesita la Argentina, y que la pérdida de Roldán sea el inicio hacia la dotación de tecnología y armas menos letales para reducir a los violentos", dijo D'Onofrio.
El legislador del Frente de Todos agregó: "Surgen voces de todo tipo sobre el tema, pero me voy a quedar con las reflexiones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en cuanto a que la Argentina merece un debate profundo y sincero sobre la inseguridad".
"Las consecuencias están a la vista ante la imposibilidad de utilizar herramientas disuasivas; la derogación de los protocolos de armas de fuego y Taser es una política que precisamente va en contra de cualquier medida de seguridad", cuestionó, en tanto, el diputado nacional Juan Martín (UCR-Santa Fe).
También se manifestó sobre el tema el senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco, quien presentó un proyecto de comunicación para hacer un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre "la derogación de las reglas de empeñamiento de las Fuerzas de Seguridad de la Nación que habilitaban el uso de pistolas electrónicas ante la situación creciente de inseguridad y el lamentable fallecimiento de Roldán".
Desde el Gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había asegurado ayer que la utilización de las Taser "no está en estudio" dentro de las fuerzas federales de seguridad y afirmó que tanto las provincias como la ciudad de Buenos Aires "tienen autonomía" para decidir su implementación.
En tanto, fuentes del Ministerio de Seguridad explicaron a Télam que la Nación "no se opone a la utilización de las Taser" y aclararon que la Justicia habilitó hace cuatro años la utilización de este tipo de armas por parte de la fuerza de seguridad de la Ciudad, pero que por motivos que desconocen "no se pusieron en funcionamiento".
Las 90 armas electrónicas que habían sido adquiridas el año pasado por el Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Patricia Bullrich, fueron distribuidas entre los grupos de operaciones tácticas y especiales de las cuatro fuerzas de seguridad federales, para ser usadas esencialmente en casos de tomas de rehenes o episodios en los que es necesario reducir a una persona en lugares de alto tránsito de personas, como terminales de transporte terrestre, ferroviario y aeropuertos.
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