Tráfico y lavado: pidieron que se aplique una multa de $600 millones al jefe narco que tenía la Ferrari de Maradona
El juicio contra el clan Loza ingresó en la etapa decisiva; la fiscalía solicitó también que condene a 14 años de prisión al presunto líder de la organización criminal
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LA NACION
La fiscalía del juicio pidió hoy que se condene a 14 años de prisión a un hombre como presunto jefe del denominado Clan Loza, una supuesta estructura criminal dedicada al lavado de activos con ganancias provenientes de la comercialización y el contrabando de drogas desde Argentina hacia España entre 2008 y 2018, y solicitó que se le aplique una multa de 600 millones de pesos.
El pedido fue formulado por el fiscal general en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Matias Álvarez, ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3, y recayó sobre Erwin Raúl Loza, a quien acusaron de ser el jefe de la “asociación ilícita”.
También lo acusaron de ser autor del delito de “contrabando de divisas en grado de tentativa, agravado por su cantidad y por haber sido cometido por tres o más personas” y de “lavado de activos agravados por el monto y por su habitualidad y comisión en banda”, por lo que solicitaron 14 años de prisión y una multa de 598.284.416 pesos.
En el alegato realizado hoy en el juicio oral, los fiscales también solicitaron condenas para otras 9 personas, entre ellos la esposa de Loza y al menos dos de sus sobrinos. Según el requerimiento, al que tuvo acceso Télam, los fiscales pidieron 11 años de prisión para William Oscar Weston Millones y una multa de 44 millones de pesos; 10 años para Gonzalo Loza y 4 millones de multa; 9 años y 185 millones de multa para Estela Mari Gallo, esposa de Erwin Loza; 8 años y 206 millones de multa para Gerardo Cuccione; y 7 años y 103 millones de multa para Clara Luz Fernández.
También pidieron 6 años de cárcel para Américo Alfredo Santi; 5 años y medio para Juan Carlos Fernández; 5 años para Javier Silvera López; y 4 años y medio para Alan Iván Loza.
Finalmente, solicitaron al tribunal, integrado por los jueces Luis Imas, Karina Perilli y Jorge Zabala, la absolución de Natalia Soledad Grosso, la única de todos los imputados que llegó en libertad al debate.
Las audiencias fueron realizadas de manera semipresencial, ya que siete de los acusados siguieron los alegatos de manera virtual a través de la plataforma Zoom desde la cárcel de Marcos Paz, una desde la cárcel de Ezeiza y dos desde sus casas, ya que fueron beneficiados con el arresto domiciliario.
Durante el alegato, los fiscales pidieron además el decomiso de todos los bienes adquiridos por la organización con dinero proveniente supuestamente del lavado: inmuebles, vehículos de alta gama, entre ellos una Ferrari que perteneció a Diego Maradona en la década del ‘90, como así también dinero en efectivo que fue hallado en cuentas bancarias, maquinarias, relojes de alta gama y joyas, entre otros elementos.
De acuerdo a la investigación desarrollada por los fiscales, la estructura criminal adquiría sustancias ilícitas -principalmente clorhidrato de cocaína- y los transportaba, por vía marítima o aérea, a España, “donde violaba los controles aduaneros para ingresar la mercadería ilícita, que era distribuida para su comercialización en distintos puntos de Europa”.
”Las ganancias generadas por la venta de la droga eran transportadas a la Argentina, donde se ponían en circulación mediante la compra de muebles e inmuebles, para darles apariencia lícita”, dijeron en su alegato.
”La actuación de esta asociación criminal tuvo impacto también en otros países como Italia, Irlanda, Inglaterra, Bolivia, Colombia y Perú”, detalló el fiscal Alvarez, de la Procunar, quien agregó que la estructura delictiva “presentó vinculaciones con otras células criminales asentadas en esos estados como también en España o Argentina” y que esos vínculos “se mantuvieron en las distintas etapas de la actividad narcocriminal”.
El juicio continuará mañana con el alegato de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante.
LA NACION
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