Abuso en un cámping: piden la nulidad del juicio por jurados que declaró “no culpables” a los tres acusados

MAR DEL PLATA.— Polémica su resolución final, con disconformidad plena de la víctima por el veredicto de no culpabilidad de los acusados, el abogado de la menor que denunció haber sido abusada sexualmente por tres jóvenes en un camping de Miramar reclamó la nulidad del juicio por jurados y veredicto del caso y solicitó a tribunales superiores la realización de un nuevo debate.

Maximiliano Orsini, representante legal de la menor y sus padres, consideró inconstitucional el mecanismo de enjuiciamiento aplicado para este tipo de delito y reclamó el derecho a una doble instancia, ya que este formato elegido las defensas de los tres acusados “es inapelable”.

La querella dejó expresa, entonces, su reserva para recurrir al Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires e, incluso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este juicio por jurados se desarrolló en el foyer del Complejo Auditórium con la participación de 12 miembros seleccionados sobre un total de 60 postulantes. Un veredicto de culpabilidad reclamaba 10 a 12 votos condenatorios, lo que no se logró en esta causa y derivó en la condición final de “no culpables” de los imputados, que llegaron y se fueron en libertad de estas audiencias realizadas entre el 14 y 17 de este mes.

“No toda la sociedad está preparada para juzgar en una causa de delito sexual”, dijo Orsini, que puso énfasis en el peso de los prejuicios que existen entre quienes terminan siendo parte del jurado, elegidos primero por sorteo y luego por las partes. Anticipó que este caso puede ser un firme antecedente para que los acusados por abusos y violaciones “vayan por un fallo de un juicio por jurados”. Concluye que mientras con solo 4 de 12 votos se logra la absolución, una víctima necesita de al menos 10 para obtener un fallo condenatorio.

Cuestionan ahora, y en particular, que se haya negado participación e intervención de la Asesora de Menores e Incapaces, la ausencia de registro audiovisual de la audiencia de instrucciones a los jurados (art. 371 bis) y la declaración obtenida de la víctima adolescente “en condiciones de grave indefensión y ultraje”.

Orsini entiende que esos y otros actos de ilegalidad expresan “manifiesta vulneración de derechos a la integridad personal, a la vida privada y familiar, a los derechos de la niña, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con obligaciones de respetar y garantizar los derechos de no discriminar”.

El planteo del particular damnificado es de “nulidad insanable” de todo lo actuado por “inconstitucionalidad manifiesta” y reclama que se reenvíen esas actuaciones al tribunal hábil que por turno corresponda para avanzar hacia la fijación de una nueva audiencia de debate, ya no en el formato por jurados como el que se realizó sino como juicio común.

La selección del jurado y el desarrollo de las cinco audiencias consecutivas se realizó en dependencias del Complejo Auditórium para garantizar cumplimiento de protocolos sanitarios y sin participación de público ni de prensa, siempre con la intención de preservar la identidad de la menor que denunció haber sido víctima de un abuso sexual agravado durante la madrugada del 1° de enero de 2019, caso por el que fueron enjuiciados Lucas Pitman, Juan Cruz Villalba y Tomás Jaime.

Los querellantes cuestionan que en este juicio dirigido por Marcelo Riquert, presidente del Tribunal en lo Criminal N°3 del Departamento Judicial Mar del Plata, no se permitió la intervención de la asesora de Menores e Incapaces en el acto de la declaración de la niña, que al momento de los hechos investigados tenía 14 años y llegó a este juicio con 16.

“Se ordenó que la Señora Asesora actúe únicamente en el rol de ‘observadora’, dejando durante el debate a la víctima en un estado de vulnerabilidad absoluto, al ser sometida al interrogatorio de la defensa sin control de una psicóloga especialista en abuso sexual, tal como lo marca la norma procesal, ello a pesar de la presentación efectuada por este particular damnificado con fecha 8/9/2021″, argumenta en el reclamo ante tribunal de alzada.

Denuncia, además, que durante el desarrollo del debate, aun cuando el juez había advertido evitar referencias a situaciones personales de la menor, las defensas insinuaron de manera reiterada sobre cuestiones íntimas de la víctima. Cita el caso de la defensora de Pitman, que durante una de las audiencias mencionó que la denunciante “tenía un bebé de un año y que su padre tenía 24 años, ‘la misma edad que su defendido’”, acusó.

Similares cuestionamientos hizo contra peritos que ventilaron otros detalles sobre antecedentes y cuadros psicosociales de la adolescente. “Durante el transcurso del debate se instaló la idea de la víctima ‘fácil’ que tenía experiencia sexual, que había tenido relaciones con su pareja horas antes del hecho y que esas cuestiones personales de la víctima habían culminado en un consentimiento sexual con los acusados y no en un abuso sexual agravado”, destacan en el recurso que busca un nuevo juicio para el caso.

La expectativa de una respuesta favorable en alzada se fundamenta en un formato de juicio por jurados que “vulnera palmariamente los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño” entendiendo que “priva a la víctima de un delito sexual menor de edad a la doble instancia”.