Piden indemnizar a Víctor Saldaño con US$10 millones por sus 24 años en el “corredor de la muerte” en Texas

CÓRDOBA.- La defensa de Víctor Saldaño, el cordobés condenado a la pena capital en los Estados Unidos, pidió una indemnización de 10 millones de dólares como resarcimiento por los 24 años que lleva en el “corredor de la muerte” en una cárcel de Texas. El reclamo lo hizo Juan Carlos Vega durante una audiencia especial ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pedida por la Cancillería argentina.

La audiencia presencial fue de “carácter excepcional” y la solicitó el Estado argentino. Es la primera vez, en la gestión de Alberto Fernández, que el Gobierno nacional actúa en esta causa. Además de Vega -que representa los intereses de Saldaño en la CIDH, no ante la Justicia de los Estados Unidos-, estuvieron Alberto Javier Salgado, director del departamento Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos, y el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi.

“La Comisión no puede quedarse sin hacer nada -insistió Vega-. Su prestigio en el mundo está comprometido por esta conducta de los Estados Unidos de no cumplir y de desconocer el valor jurídico vinculante de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos”.

Como adelantó LA NACION, la ejecución del cordobés está demorada porque el estado de Texas las suspendió durante varios meses por la pandemia del coronavirus. En 2019, la Suprema Corte estadounidense rechazó la revisión del caso. El abogado Jonathan Miller, que representa a Saldaño ante los tribunales norteamericanos, explicó que la respuesta a un pedido de clemencia es la última chance.

En abril de este año, el canciller Felipe Solá recibió a Vega y después se hizo el pedido ante la CIDH, organismo que declaró nula la pena capital dictada contra el cordobés y que planteó que el “corredor de la muerte” afectó la salud mental del argentino condenado por un homicidio que cometió el 25 de noviembre de 1995. En 2016, en su Informe de Fondo 76/16, el organismo sostuvo que las dos sentencias de muerte estaban viciadas de “racismo”.

En seis reuniones con la CIDH, los representantes de los Estados Unidos indicaron que no cumplirán las “recomendaciones” porque no están jurídicamente obligados, ya que la Declaración Americana “no tiene fuerza jurídica obligatoria” en aquel país, como tampoco lo tiene la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Según el abogado Vega, ese incumplimiento es un “agravante”.

El letrado mencionó que aquel Informe de Fondo dispuso que era procedente la “reparación integral a las víctimas”, pero no fijó los montos: “Queremos que la Comisión fije esos montos de la ordenada reparación integral por 24 años de tortura en el Corredor de la Muerte en la suma de 10 millones de dólares. En el Sistema Interamericano no hay violación a los Derechos Humanos sin la obligación reparatoria del Estado responsable”, sostuvo.

En la presentación -a la que accedió LA NACION- se explica que la CIDH es la última instancia, ya que los Estados Unidos no reconocen a la Corte Interamericana; que el monto pedido es el “mínimo necesario para pagar la internación psiquiátrica de Saldaño en lo que reste de su vida” y que esa indemnización no es una nueva medida, sino que es una “simple aclaración de lo ya decidido por la Comisión en el Informe de Fondo”.

Vega ratificó que en sus presentaciones cuenta con el apoyo del papa Francisco a través de “tres notas verbales de la Secretaría de Estado del Vaticano” y que la Cancillería argentina les dio un respaldo humanitario importante, pero que en esta audiencia, por primera vez, hubo un” expreso respaldo jurídico y político”.

“Nunca antes la Comisión tuvo que decidir sobre una denuncia de Racismo Judicial en los Estados Unidos; nunca condenó a un Estado por actos de Racismo Judicial violatorios de la Declaración Americana ni había tenido como precedente de su decisión a la Suprema Corte de Estados Unidos”, apuntó Vega, quien agregó que tampoco hay antecedentes de un “Estado tan ofensivo con la Comisión, al declarar que no cumpliría ninguno de sus mandatos”.

El caso

El 25 de noviembre de 1995, Saldaño -entonces de 23 años- y el mexicano Jorge Chávez, asaltaron a Paul Ray King, un vendedor de computadoras de 46 años, en el estacionamiento del Sack-N-Save Market, un supermercado de la localidad de Plano, al norte de Dallas; tras robarle 50 dólares, lo llevaron cautivo hasta Tickey Creek, en la zona del Lago Levon, donde lo asesinaron de un tiro.

Cuando lo detuvieron, él tenía el arma homicida y el reloj de la víctima. Su compañero confesó y evitó la pena capital. El cordobés fue sentenciado en un primer juicio, en 1996 (desde el 12 de septiembre de ese año, designado como preso 999.203, está en el corredor de la muerte), pero ese fallo fue anulado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, por estar viciado de racismo; el máximo tribunal de Justicia norteamericano ordenó la realización de un nuevo juicio. En ese segundo proceso, también lo condenaron a recibir la inyección letal.

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