Piden enjuiciar a cinco policías por secuestrar a un hombre y liberarlo a cambio de $200 mil y un auto

Cinco expolicías tucumanos deben enfrentar un juicio por el secuestro de un hombre al que liberaron tras cobrar $200.000 y un auto como rescate. Esa es la intención de un fiscal federal de Tucumán y del titular de la fiscalía antisecuestros nacional, que presentaron en las últimas horas su dictamen para pasar a la etapa procesal definitoria del caso mientras mantienen abierta la causa con respecto a un sexto sospechoso, otro oficial de la fuerza de seguridad provincial que se encuentra prófugo.

Los acusados son el excabo Ricardo Julio Rodríguez, el excabo 1° Martín Darío Romano; el suboficial José Benito Villa, el exsargento ayudante José Antonio Gallo y el exagente Eduardo Germán Agüero, que cuando ocurrieron los hechos, en 2022, ya estaba fuera de la fuerza porque había sido exonerado. De los otros cuatro, los tres primeros estaban en actividad y el cuarto se había retirado.

El fiscal subrogante de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), Santiago Marquevich, y el auxiliar fiscal Ignacio Rueda, solicitaron la elevación a juicio de la causa seguida a los cinco expolicías por el secuestro extorsivo de un hombre que fue liberado tras el pago de 200 mil pesos y la entrega de un auto como rescate, en febrero de 2022. Los representantes del MPF solicitaron además la extracción de testimonios -es decir, de copias del expediente- para continuar la pesquisa en primera instancia con el objeto de dar con el paradero de un sexto acusado declarado rebelde.

Los fiscales calificaron el hecho como “secuestro extorsivo consumado, agravado por haberse logrado el cobro del rescate, por la participación de tres o más personas y por ser tres de los intervinientes funcionarios policiales”, en concurso real con “robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y por haber sido cometido en despoblado y en banda, en concurso real con el delito de asociación ilícita”.

El secuestro se concretó entre las 14.30 y las 19.45 del 18 de febrero de 2022, cuando la víctima, P.N., se encontraba junto a un empleado en una finca familiar ubicada en la localidad de Arroyo Mixta, departamento de Leales, Tucumán.

Los acusados Romano, Agüero, Rodríguez y Gallo, el acusado aún prófugo y un sexto hombre aún no identificado llegaron al lugar vestidos con indumentaria de la Policía de Tucumán e irrumpieron sin orden judicial al grito de “¡al piso, somos policías, esto es un allanamiento!”. Esto fue posible gracias a que Villa, quien conocía previamente a la víctima, a su familia y el enclave de la finca, realizó tareas de investigación previas y las compartió con el resto de los imputados, informó el Ministerio Público en su portal institucional fiscales.gob.ar.

Esposaron a P.N. y a un empleado y les notificaron que, a partir de ese instante, estaban detenidos. Sin embargo, no presentaron ninguna orden de allanamiento o aprehensión. Fotografiaron a P.N. en la parte trasera del domicilio, donde había plantas de marihuana, y le hicieron expresa mención de que su libertad “tenía un precio”. Antes de irse requisaron la finca y se llevaron dos escopetas, una pistola semiautomática, dos rifles de aire comprimido, una motosierra y un compresor.

Los policías tomaron el celular de P.N. y comenzaron a llamar a su familia. Les hicieron saber sus exigencias: un millón de pesos como rescate. Las negociaciones se cerraron en 200.000 pesos y un auto, propiedad del padre de P.N. Acto seguido, parte de los policías-secuestradores subió al rodado en el que se movilizaban y otro tomó el mando de la moto Honda de P.N., a quien llevó consigo. Tomaron la ruta 9 hacia San Miguel de Tucumán.

En el camino pararon a comprar una gaseosa, a cargar combustible, hicieron tiempo en una plaza y se detuvieron, incluso, en el Círculo de Oficiales de la Policía de Tucumán, donde conversaron con colegas mientras mantenían retenido a P.N. dentro de un auto. Finalmente, llegaron hasta la casa de la víctima, donde esperaban su pareja, su padre y su cuñada.

Uno de los delincuentes tomó la bolsa con la plata del rescate y el que había llevado a P.N. en la moto se llevó el auto del padre del secuestrado. Eran las 19.45, poco más de cinco horas después del comienzo del secuestro.

“En este caso concreto, no solamente se acreditó el estado policial de tres de los imputados, sino que, de acuerdo a lo demostrado, estos se valían permanentemente de ello para desplegar las conductas extorsivas amenazando incluso con la imposición de penas privativas de libertad de extensa duración contra la víctima”, agregaron los fiscales a la hora de requerir la elevación a juicio del expediente.

Los representantes del Ministerio Público consideraron que los policías integraban una asociación ilícita a la que le atribuyeron también un robo ocurrido cuatro días antes del secuestro, también bajo las formas de un falso allanamiento del que también habrían participado los coimputados Gallo y Agüero, quienes “pese a no revestir más en la fuerza, seguían ostentando en su poder diferentes prendas que los identificaban como policías provinciales”.

Asimismo, se demostró que uno de los acusados de esta organización también tenía vínculos con otra célula similar de integrantes de la policía de la provincia y de la Policía Federal, destinada a secuestros extorsivos, se informó en fiscales.gob.ar.

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