Piden elevar a juicio la causa por narcotráfico contra el archirrival de Los Monos
ROSARIO. Esteban Alvarado fue un fantasma durante más de una década para la Justicia federal de Santa Fe. Su nombre aparecía en cada trama narco como uno de los alfiles más importantes del tráfico de drogas, a la par y a veces en conflicto con Los Monos. Luego de conectar varias causas, la fiscalía federal N°1 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) lograron avanzar con una investigación que lo tiene como protagonista del tráfico de 500 kilos de marihuana a Río Negro. Este lunes pidieron al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque que la causa sea elevada a juicio.
Con el caso de Alvarado ocurrió algo similar que con la banda de Los Monos, que fueron perseguidos por delitos del fuero provincial antes que por narcotráfico, una actividad que era, en rigor, la base de sus negocios ilegales y el contexto del resto de los crímenes que protagonizaron.
Alvarado está preso en la cárcel de Piñero desde febrero de 2019, cuando lo atraparon en un camping de Embalse Río Tercero, Córdoba, donde se escondía de la ley con su mujer, Rosa Capuano. En ese momento la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo buscaba por el asesinato del prestamista Lucio Maldonado, cuyo cadáver había aparecido a la vera de la colectora de la autopista Rosario-Buenos Aires y a su lado fue dejado un cartel que decía "con la mafia no se jode".
Con ese mensaje, según interpretaron Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Alvarado pretendía que la investigación sobre este crimen se orientara hacia Los Monos, cuyos "soldados" dejaban esos carteles -escritos con birome sobre cartón- en las casas de los jueces y funcionarios judiciales a los que atacaban a balazos por orden de la cúpula del clan Cantero.
Al ser identificado como uno de los alfiles de la mafia rosarina, la Justicia federal empezó a vincular una causa anterior, de 2017, en la que empleados de la empresa de transporte atribuida a Alvarado habían sido detenidos en Río Negro con 493 kilos de marihuana.
Su exsocio fue Luis Medina, un empresario narco que fue asesinado junto a su novia Justina Pérez Castelli a fines de diciembre de 2013, un doble crimen que trajo aparejada una investigación en sus inicios polémica, ya que la jueza María Luisa Pérez Vara nunca apareció por la escena del crimen pues estaba en Pinamar, disfrutando de la costa atlántica, a pesar de estar de turno; por esa conducta fue condenada a un año de prisión.
Al interrogante de por qué este narco, que consolidó su poder económico con inversiones diversificadas en los rubros inmobiliario y de transporte, pasó tanto tiempo sin ser identificado por el Estado lo responde el hecho de que tres jefes policiales de Santa Fe estén acusados de formar parte de una asociación ilícita con Alvarado, en una causa paralela que avanza en la Justicia provincial. Se presume también que estos jefes policiales respondían a intereses políticos.
En 2013 se abrió el expediente N°5433/13 tras una denuncia de un testigo de identidad reservada que declaró que "una banda liderada por el empresario Luis Medina se encontraba llevando a cabo actividades relacionadas con la venta de estupefacientes en Rosario". Y el denunciante mencionó que "en el seno de esa organización participaba como principal socio de Medina una persona de apellido Alvarado, quien se encontraba detenido".
En ese momento, Alvarado estaba preso en la Unidad N°17 de Urdampilleta, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), tras haber sido condenado por el robo de autos de alta gama en la zona norte de Buenos Aires que luego eran llevados a Rosario, donde se vendían.
En abril de 2013 la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) encontró una serie de indicios en el domicilio de Alvarado que daban la pauta de que era un jefe narco. Fueron dos filmaciones caseras, registradas con un viejo teléfono Blackberry 9810. También aparecieron fotos en la causa que instruyó el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari.
En los videos se veía una avioneta durante el despegue y el aterrizaje en una zona rural cercana a Rosario donde se había concretado la descarga de la droga.
Toda esta información surgió en un contexto "caliente" para la provincia de Santa Fe, como fue el de 2013, cuando se produjo el récord de 264 homicidios en Rosario, y quedó guardada en un cajón de la fiscalía federal de esa ciudad. Nadie profundizó en ese momento la investigación que apuntaba a Alvarado como uno de los principales jugadores del narcotráfico.
Dos años después, el 11 de mayo de 2015, la Procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF) iniciaron una causa sobre Alvarado y su entorno por supuesto lavado de activos. Incluso se mencionaba el nombre de Luis Medina, que llevaba muerto casi dos años.
Los investigadores judiciales decidieron ir por otro lado. "Se pudo determinar una gran cantidad de bienes y empresas de las que participaron las personas allegadas al entorno familiar de Alvarado, permitiendo vislumbrar un mapa del entramado societario desarrollado e ideado" por este hombre, que en ese momento continuaba detenido en la provincia de Buenos Aires.
El 11 de abril de 2018 se inició otra investigación en el fuero federal, que tenía otra vez a Alvarado como protagonista estelar. Un nuevo testigo de identidad reservada llevó a que la Fiscalía N°3 de Rosario investigara si Alvarado era el dueño y organizador del envío de un cargamento de 493 kilos de marihuana que había sido secuestrado en General Roca, el 24 de noviembre de 2017.
Después de que aquella investigación de la PSA quedara trunca, la Justicia federal encontraba una punta por dónde ir. Habían detectado las empresas y los bienes que manejaba el entorno de Alvarado, investigado por lavado de dinero, y ahora tenían la raíz del delito precedente, es decir, los 493 kilos de marihuana secuestrados en la Patagonia, hecho por el cual fueron condenados por tráfico de estupefacientes varios miembros del clan Alvarado, como Ricardo Ianni, Marcos y Jesús Rodríguez y José Luis Di Marco.
El cargamento de marihuana fue trasladado en un camión de la firma Toia SRL y el titular del acoplado era un empleado de la firma Logística Santino, ambas empresas "dirigidas" por Alvarado.
El 19 de marzo pasado, a unos metros de la empresa Logística Santino, cerca del golf del Jockey Club, fue asesinado Rodrigo Sánchez,de 44 años, mano derecha de Alvarado, a quien había visitado en la cárcel unos días antes. Los investigadores judiciales lo ubican como un hombre del círculo íntimo del narco. "Estaba encargado de reclutar a los sicarios", apuntó una alta fuente judicial.
Siete días antes de este homicidio fue acribillada Mariana Ortigala, quien salvó su vida a pesar de ser blanco de cinco disparos. Es la hermana de Rodrigo Ortigala, y los dos son testigos clave en la causa por homicidio y asociación ilícita contra Alvarado. No es la primera vez que los Ortigala son blanco de un ataque a balazos. En julio del año pasado el frente de un edificio en Servando Bayo 1085, donde trabajaba Rodrigo y su hermana en una oficina, fue agujereado a balazos. Rodrigo Ortigala fue clave para detener que Alvarado, que juró venganza.
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