Piden a la Cámara de Casación que defina criterios de resolución ante la emergencia sanitaria

Ante la disparidad de fundamentos a la hora de conceder o rechazar pedidos de morigeración de arrestos en el curso de la pandemia del coronavirus y en el contexto de una crítica situación de superpoblación en penales de todo el país, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que se definan criterios de actuación frente a la emergencia sanitaria y carcelaria.

El procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, envió la solicitud a la presidenta de la Cámara de Casación, Ángela Ledesma. En el escrito le requirió que recomiende a los tribunales y jueces bajo su jurisdicción funcional que tomen en consideración "medidas alternativas a la prisión teniendo en cuenta el contexto actual y de conformidad con las particularidades de cada caso". Para eso, listó los siguientes supuestos:

• Personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo, o cuando la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente el plazo previsto en la Ley 24.390.
• Condenados por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta.
• Condenados a penas de prisión de menos de 3 años.
• Personas en condiciones legales de acceder en breve al régimen de libertad asistida, libertad transitoria o libertad condicional.
• Personas con obligaciones de cuidado sobre otras y han sido acusadas o condenadas por delitos no violentos, incluidas mujeres encarceladas con sus hijos y los padres que sean los principales cuidadores de niños y niñas.
• Personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores y mujeres embarazadas, personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del Covid-19, y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH. Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados.
• Cualquier otra persona cuando resulte innecesario o desproporcionado que siga detenida.

Según informó la PPN, la propuesta de Mugnolo "se apoya en la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de coronavirus Covid-19, en la sobrepoblación y hacinamiento carcelario en el ámbito federal, y en la necesidad, en consecuencia, de promover medidas alternativas al encierro carcelario".

La nota enviada a la camarista Ledesma destaca que "la dimensión del problema y la innumerable cantidad de planteos presentados por personas privadas de su libertad en el ámbito federal exige que la emergencia sanitaria y penitenciaria deje de ser tratada exclusivamente mediante enfoques parciales que acotan su campo de análisis y propician respuestas jurisdiccionales contradictorias, que traen aparejado evidentes problemas de equidad".

La semana pasada, el presidente de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, había beneficiado con arrestos domiciliarios y morigeraciones de penas a 800 presos provinciales. Ayer reiteró la medida, enfocada en aquellos detenidos por delitos leves y que estén comprendidos entre los grupos de riesgo por la pandemia, mientras dure la emergencia sanitaria.

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