“Perfilamiento”. La jueza quiere conocer al detalle las vidas de la familia de Loan y de quienes estuvieron en el almuerzo

GOYA, Corrientes (enviado especial).- “¿Qué busca esta prueba? Busca establecer los vínculos que hay, las historias vitales de cada uno, si hubo algún hecho traumático que haya influenciado en la relación padre-hijo, en el matrimonio, si hay separaciones, si hay divorcios, cómo son las relaciones de los padres separados con los hijos, en fin, toda una serie de circunstancias que ayudan a entender el contexto”. De esta manera, uno de los investigadores del caso resumía a LA NACION los objetivos del pedido efectuado ayer por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo a las fuerzas federales que ahora deberán hacer un “perfilamiento social”, no solo de la familia del chico desaparecido hace 35 días, sino de quienes participaron del almuerzo donde el menor fue visto por última vez el 13 de junio pasado.

No es un dato menor: lo que hasta ahora han dicho como testigos o imputados los miembros de este círculo cercano al chico desaparecido nunca alcanzó el grado de verdad irrefutable. Abundaron las inconsistencias y las contradicciones, además de los ocultamientos y las mentiras. Para muestra, las versiones contrapuestas que dio Laudelina Peña, la tía de Loan. Por eso, el objetivo será establecer el sentido y alcance de los vínculos intrafamiliares y, también, con los imputados, formen o no parte de la familia.

Ayer, sorpresivamente, la cúpula del Comando Unificado (CU) que incluye a efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (GNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estuvo reunida por más de una hora con Pozzer Penzo en la sede del juzgado, frente a la Plaza Mitre, la principal de esta ciudad. En ese encuentro la magistrada les hizo el pedido de que avancen en esa batería de pruebas, que quedó plasmado en una resolución de 9 páginas a la que accedió LA NACION.

Dirigido al comisario mayor, Fabio Pirrone, titular del CU, el texto firmado por la jueza pide que se realice el “perfilado” del “núcleo familiar” y luego detalla: “Determinar el núcleo familiar, amistades e identificar con cuáles ha mantenido relaciones afectivas el menor, su grupo directo y/o cercano (conflictivas o no), quienes integran sus grupos o vínculos sociales y/o deportivos, curriculares, etcétera“.

“El investigador judicial intenta reconstruir una historia que no conoce, y a veces uno puede tener preconceptos, prejuicios, y al no conocer el contexto puede llegar a conclusiones equivocadas. Prejuicios y preconceptos los investigadores tenemos siempre, porque en definitiva nosotros no juzgamos, sino que tratamos de elaborar perfiles, historias y reconstruirlas, y muchas veces nos basamos en deducciones propias. Este pedido de análisis ayuda, no es una prueba determinante, no es algo concluyente, pero ayuda mucho para conocer el contexto”, explicó un experto que trabajó durante décadas en diversas causas y reconoce que en los últimos 10 a 15 años se volvió una herramienta útil en casos complejos.

En el caso concreto del pedido de Pozzer Penzo al CU, se amplía su alcance más allá del núcleo familiar de Loan y lo hace extensivo a quienes participaron del almuerzo en el paraje Algarrobal el 13 de junio: “Solicito igual información de las personas imputadas y de aquellas que estuvieron en el almuerzo el día de la desaparición del menor, colectándolas pero respetando la intimidad de los familiares involucrados y la privacidad, recabando los datos necesarios para identificar su entorno social (del desaparecido) “.

Sobre quiénes son los profesionales que forman parte de este tipo de tareas, explicaron: “Lo hacen psicólogos, asistentes sociales, algún psiquiatra que hace psicoanálisis también puede colaborar. No tiene que ser un psicólogo en particular o que haya actuado como terapeuta de la familia, por el secreto profesional. Puede servir para entender, sobre todo para aquellos que somos de la ciudad, como son las relaciones humanas en el interior, los códigos y vínculos”.

Ante la consulta de cómo se efectúa este tipo de pruebas, los investigadores dijeron: “Son presenciales y, lo más importante, se hacen en el lugar, en la casa donde viven, en el ambiente, se hacen en el terreno. Con el tema de los detenidos, se puede pedir un permiso especial. En esos casos, los peritos suelen ir a la cárcel a entrevistar a la persona para hacer el trabajo pericial. Además, no es solamente con los presos, sino con la gente que está en libertad, con la abuela, con el papá, con la mamá, y se hace en la casa, en el lugar de los acontecimientos de la vida, no en el lugar del hecho. Eventualmente, por ejemplo, puede incluirse una maestra en el jardín o en la escuela primaria y estar en el lugar”.

En efecto, la magistrada solicitó “colectar los datos de sus docentes desde la escolarización, personal directivo, copia del legajo escolar y del personal de maestranza del establecimiento donde concurría. Listado de inasistencias, justificaciones, motivos. Participación en actos escolares o eventos culturales: lugar, responsables de esas instituciones. Listado completo de docentes, celadores y/o preceptores, número de contacto que hayan sido educadores del menor en el año calendario de su desaparición, este año y el pasado”. Incluso pidió que se entregue y perite el cuaderno de Loan y/u otro registro escolar de autoría del menor.

La jueza también pidió “invitar a las personas a que cuenten todo lo que recuerdan con el mayor detalle posible y con sus propias palabras, a la velocidad y en el orden que prefiera, y si es posible sin interrumpirla. Se recomienda transmitir la importancia del aporte o relato. Registrar las entrevistas en soporte de audio con asistentes sociales, trabajadores sociales que puedan actuar o haber actuado”.

Los investigadores del CU también deberán “identificar los perfiles en redes sociales de las personas involucradas, últimas publicaciones antes de la desaparición, comentarios realizados, si aceptó nuevos amigos, por ejemplo”.

En el exhaustivo perfilamiento también la magistrada solicitó que se hagan “perfiles económicos” de los imputados y del grupo familiar de Loan. Esto incluye: “Gastos, compras extraordinarias, movimientos bancarios o de otro tipo que la persona pudo realizar, uso de billeteras virtuales (Mercado Pago), bancos, consulta a AFIP sobre si se registra el grupo familiar, cercanos o imputados/as registrados y los empleos por los cuales haya realizado aportes previsionales”.

Por fuera del “perfilamiento social”, la magistrada le pidió al CU dos nuevas diligencias sobre la base de la última declaración indagatoria de Laudelina Peña, efectuada entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Dos apuntados por Laudelina

También requirió conocer la “situación del letrado José Fernández Codazzi y hacer saber al profesional que la imputada Laudelina Peña lo relevó del secreto profesional en el acta indagatoria de ayer con asistencia letrada”. A Codazzi lo acusó de haberla amenazado con información sesgada relativa al caso para obligarla a prestar una declaración fraudulenta en una fiscalía de la ciudad de Corrientes en la que sostuvo que Loan había sido atropellado por el marino retirado Carlos Guido Pérez la misma tarde de la desaparición del chico.

Esta semana, ante la jueza federal Pozzer Penzo, la tía de Loan dijo que esa vez había mentido y sostuvo que, en su opinión, a su sobrino se lo llevaron desde el naranjal del paraje Algarrobal –quizás, su propio marido, Bernardino Benítez, y el amigo, Daniel “Fierrito” Ramírez– para entregarlo en una escuela abandonada (a la que llaman “la tapera”) al policía retirado Florencio Amado Méndez, que fue detenido ayer a instancias de los dichos de Laudelina.

La jueza Pozzer Penzo también reiteró la citación del senador Diego Martín Pellegrini, a quien Laudelina señaló como partícipe de la maniobra en la que fue llevada a declarar a la ciudad de Corrientes para dar la versión del arrollamiento que pondría freno al avance del juzgado federal en la hipótesis de una eventual captación y sustracción del chico.

Por ahora se topó con un problema. Hizo la citación a través del Senado de la provincia, con un plazo perentorio de 48 horas. Y hasta ahora no tuvo respuestas. En consecuencia, la magistrada requirió “remitir nuevamente el e-mail a la casilla institucional, previa verificación del destinatario, vicegobernador de la provincia de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, en razón de la feria administrativa, atento que no habría sido recepcionado el oficio”.

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