Triple crimen de General Rodríguez: los secretos y sospechas detrás del autor intelectual, a 13 años de la masacre

El primer sospechoso del caso fue Ibar Pérez Corradi, señalado el mismo día de la desaparición de Forza, Ferrón y Bina por un comisario de la Federal que desapareció cuando fue citado a declarar; pero la Justicia le dictó la falta de mérito y la semana pasada Estados Unidos desistió de extraditarlo por narcotráfico, a pesar de que la DEA -que hizo tareas “encubiertas” en el país por el tráfico de efedrina- tenía desde 2007 pruebas de que negociaba con oxicodona

Un comisario al que se lo tragó la tierra. Un policía al que mataron en un hecho confuso. Y la DEA de los Estados Unidos, que, después de reclamar durante años por narcotráfico a Ibar Esteban Pérez Corradi, que fuera el prófugo más buscado de la Argentina, al final canceló esta última semana su pedido de extradición por meras “cuestiones procesales”. Aunque ya pasaron 13 años del triple crimen oxicodonade General Rodríguez, hasta hoy los investigadores tienen que sortear obstáculos para intentar saber quiénes, además de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Marcelo y Víctor Schillaci, participaron de las ejecuciones de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.

Oficialmente, la investigación comenzó el mismo día de la desaparición del trío, el jueves 7 de agosto a las 20.20, cuando el oficial Cristian Alberto Sutil Barrios, patrullando su zona, se topó con una camioneta Chevrolet Grand Vitara 4×4 roja prendiéndose fuego casi al 2800 de la calle Galicia, en el barrio porteño de Villa Santa Rita. Los bomberos del Cuartel VII de Flores, tras apagar las llamas a las 21.10, informaron que se había tratado de un incendio intencional.

A pesar del fuego voraz, los policías de la comisaría 50a. de la Policía Federal pudieron rescatar, casi intactas, las credenciales de legítimo usuario (LU) de una pistola Taurus calibre 9 mm y de una Tanfoglio calibre .40, además de la corredera con tubo cañón de la Taurus y el cargador vacío. Esas armas eran de Forza.

Pero había más: cheques por 52.206 pesos, la cédula verde del vehículo y un DNI. Los documentos eran de Ferrón.

Los familiares de los tres entendieron esa misma noche que algo malo les había pasado. Aunque sin tantos detalles, sabían que Forza, de 34 años; Ferrón, de 37, y Bina, de 35, habían ido a juntarse esa tarde con alguien en la zona sur del conurbano para concretar una venta millonaria de efedrina, que en ese momento se usaba, además de para medicamentos, para fabricar drogas sintéticas. Ese negocio nunca existió: en realidad, la cita en el Walmart de Avellaneda fue la trampa que les tendió Martín Lanatta para llevarlos a una muerte segura en algún lugar, más cerca de General Rodríguez que de Quilmes, donde él tenía su domicilio y su base.

A pesar de los trece años, los detectives siempre vuelven a analizar minuciosamente aquellas primeras horas de lo que todavía no se sabía que era un triple crimen. Y funciona. LA NACION pudo reconstruir, sobre la base de documentos oficiales, que así fue como los investigadores sospecharon que algo no cerraba sobre el jefe de la excomisaría 50a. porteña, José Fernando Gabela, el primero en apuntar contra Pérez Corradi como autor ideológico de las ejecuciones enmarcadas en el multimillonario negocio narco con la efedrina.

El lunes 11 de agosto de 2008, Diego y Juan Domingo, hermano y tío de Damián Ferrón, iban a declarar ante la fiscal Ana María Yacobucci, pero primero pasaron por la comisaría 50a. Sin vueltas, el comisario Gabela los anotició: “Esto fue obra de Pérez Corradi”. Se los afirmó con demasiada seguridad como para resolver los asesinatos de quienes, hasta ese momento, aún estaban desaparecidos. Aquel día, la banda integrada, entre otros, por los Lanatta y los Schillaci todavía mantenía los cuerpos en frío. Recién el 13 de agosto los “plantaron” en General Rodríguez.

El comisario Gabela les mostró a los familiares de Ferrón una foto de Pérez Corradi: “Esta es la persona que tengo que buscar, tengo preparados los grupos, pero la fiscalía no me da la orden, me dijeron que me corra, que esto es muy pesado”. Todo eso lo recordó Diego Ferrón ya en 2016 ante la jueza federal María Romilda Servini.

En aquellos primeros días, Solange Bellone, esposa de Forza, fue la única que mencionó ante la fiscal Yacobucci las viejas amenazas de Pérez Corradi, así como episodios similares de parte de los empresarios Marcelo Abasto y Carlos Loureiro y del informante de la DEA Julio César Pose.

Lo primero que hizo la jueza Servini, a cargo de la causa en 2016, fue leer los 56 cuerpos del expediente que heredó del fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y trabajar la detención de Pérez Corradi en la Triple Frontera. En diciembre de ese año le dictó la falta de mérito como autor intelectual. No lo procesó ni lo sobreseyó: ganó tiempo. Para ese entonces, el exprófugo más buscado del país, ya como “arrepentido”, aportaba información todos los meses para intentar demostrar que él no había tenido nada que ver con el caso.

Ya con los papeles acomodados, la magistrada les ordenó a las autoridades de la PFA que le entregaran los legajos del oficial Sutil y del comisario Gabela. El primero declaró el 17 de febrero de 2017. No aportó ningún dato de interés. El segundo estaba citado para el 21 de ese mes. Pero no fue a la cita con la Justicia. La jueza, entonces, reiteró el llamado para el día siguiente. Tampoco se presentó.

En abril de este año, cuando volvió a dictar la falta de mérito a Pérez Corradi, esta vez con una nueva teoría sobre el móvil, Servini destacó que le resultaba “imprescindible” contar con el testimonio de Gabela “a fines de que explique cómo a 72 horas de los homicidios tomó conocimiento de quien sería el autor de los hechos”.

Pero al comisario Gabela, con domicilio en una de las avenidas más caras de la Ciudad de Buenos Aires, parece habérselo tragado la tierra.

Aunque para ella es imprescindible reconstruir esas primeras horas, la jueza ya no puede convocar al oficial Sutil para que declare sobre la actuación de su entonces jefe en la seccional 50a. Sutil, el primero en llegar a la camioneta incendiada de Ferrón, recibió el 30 de diciembre de 2020 un disparo en el tórax en Quilmes Oeste, mientras trasladaba la recaudación del Puerto de Frutos de Berazategui. El policía, ya retirado, se resistió a los tiros, consiguió resguardar parte del dinero en una casa y llamó a su esposa para pedirle ayuda. Luego se desmayó.

En grave estado, llegó al Hospital Iriarte de Quilmes. Tras sufrir una infección intrahospitalaria, familiares le confirmaron a LA NACION que falleció el 10 de enero de este año. Según ellos, hubo abandono de personas. El caso quedó en manos del fiscal provincial Martín Conde.

Los detectives atraparon a una pareja que quiso quedarse con los 2 millones de pesos que Sutil resguardó en una casa antes de desvanecerse.

El Mercado de Frutos de Berazategui no perdió ni un peso: tenía un seguro sobre toda la recaudación para este tipo de eventualidades.

Pero, tras siete meses, no hay detenidos por ese crimen. Los familiares recuperaron el auto, pero todo desmantelado.

El primer oficial que intervino en el caso del triple crimen falleció. El primer comisario en apuntar contra Pérez Corradi “desapareció”. Y, por si faltara algo, los Estados Unidos declinaron, el 30 de julio último, el pedido de extradición del hombre al que buscaban desde 2007 por contrabando de oxicodona, a sabiendas de que, con esa decisión, la jueza a cargo del proceso de entrega, Sandra Arroyo Salgado, tendría que dejarlo en libertad un puñado de días antes del 13er. aniversario del triple crimen de General Rodríguez.

El desinterés del norte

Pérez Corradi cumplió, el 19 de junio, cinco años en prisión preventiva de manera ininterrumpida. En ese tiempo, tres tribunales le dieron por cumplidas las penas por lavar activos de la “mafia de los medicamentos” y por traficar efedrina como si fuera pólvora. En abril le otorgaron la libertad condicional por haber alcanzado los dos tercios de la pena de 7 años de prisión que recibió por desviar 13 mil kilos de efedrina hacia cárteles mexicanos. Desde abril, entonces, seguía detenido solo porque sobre su cabeza pesaba el pedido de extradición.

La jueza Arroyo Salgado avisó vía Cancillería tres veces desde abril que ya podía materializar la entrega, pero la Embajada de los Estados Unidos, tras sostener el reclamo por casi 14 años, finalmente respondió el 30 de julio que ya no le interesaba contar con el extraditable.

A la jueza Servini no le sorprendió la actitud de los Estados Unidos. LA NACION accedió a documentos oficiales en los que la magistrada le pidió explicaciones a la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antinarco de aquel país, por su actividad en Buenos Aires en relación con este caso.

En marzo de 2018 le había solicitado a la DEA que le detallara “cómo obtuvo la información” aportada a la causa, que indicara “si ciudadanos argentinos brindaron colaboración” y hasta que justificara “las tareas desarrolladas por un agente de la agencia en territorio argentino durante 2008″.

No uno ni dos días, sino tres meses después, el agregado de la DEA le planteó que contemplara “la posibilidad de dejar sin efecto el oficio librado por vía consular” con la excusa de “evitar distintos pasos protocolares y burocráticos que podrían acarrear una importante demora en la contestación” para, a cambio, comprometerse a responder desde la propia sede de la representación diplomática en Buenos Aires.

Recién un mes más tarde, el 23 de julio de 2018, dos agentes de la DEA se reunieron con la jueza Servini en los Tribunales Federales de Comodoro Py. Le aclararon que, “por ser contrario a una normativa interna” de su país, no le podían revelar quiénes habían sido sus informantes, pero le prometieron acercarle un detalle de lo que habían investigado de manera “encubierta”.

Finalmente, el 27 de agosto de 2018, tras el décimo aniversario del triple crimen, el agregado de la DEA le envió a la magistrada una carta como respuesta a sus 18 preguntas. Una fue reveladora: la agencia antinarcóticos norteamericana ya sabía, para el 20 de junio de 2007, que Pérez Corradi traficaba pastillas de oxicodona entre la Argentina y los Estados Unidos. Ese dato lo explotaron Carlos Broitman y Juan José Ribelli, abogados del acusado, al pedir su excarcelación en abril: sostuvieron que eso demostraba que los detectives locales que le habían “pinchado” los teléfonos a su cliente por ese hecho nunca consiguieron información que lo comprometiera con las muertes de Forza, Ferrón y Bina.

Ahora, la jueza Servini junta pruebas sobre su nueva teoría: que el autor intelectual del triple crimen fue Rodrigo Pozas Iturbe. Este mexicano era el jefe de la célula a la que Bina, con sus contactos en la Aduana, ayudó a traficar 1436 kilos de efedrina hasta el 24 de julio de 2008, pero se enojó con Forza por un negocio fallido el 25 de julio, sumó bronca con el propio Bina porque el 29 de julio rebajó a sus espaldas un envío de 60 kilos mezclándola con azúcar, y tomó como traición que Bina, junto con Forza y Ferrón, le ofrecieran a otro capo mexicano, ya en agosto, la efedrina que no le habían vendido a él.

La DEA alertó en aquel tiempo a la Argentina y a México que las metanfetaminas hechas sobre la base de la efedrina causaban cientos de muertes por sobredosis en los Estados Unidos. El triple crimen cortó para siempre la triangulación de ese precursor químico. Tanto, que al momento de las ejecuciones de Forza, Ferrón y Bina, las células mexicanas tenían 4400 kilos de efedrina a mano para contrabandear, pero prefirieron perder ese negocio de 44 millones de dólares ante tanto revuelo. Algunos mexicanos cayeron y otros pudieron esconderse en su país. Incluso hasta hoy, a pesar, de los pedidos de captura vigentes.

Pérez Corradi recuperó la libertad el 4 de agosto, tres días antes de que se cumplieran 13 años del triple crimen por el que fue el primer sospechoso señalado. Y el primer policía que lo acusó, con nombre y apellido, foto y todo tipo de detalle, no apareció nunca más.

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