Patricia Bullrich presentó un nuevo reglamento que le permite a los policías disparar sin dar la voz de alto

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció la puesta en marcha de un reglamento general para el empleo de las armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad que le permitirá mayor libertad de acción a los uniformados. Estos cambios, que serán publicados en las próximas horas, ya generaron un estado de alerta en la Justicia que mira con recelo un avance en cuestiones establecidas en el Código Penal y la Constitución Nacional.

En la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación en Gelly y Obes 2289, en la “isla” de Recoleta, este mediodía Bullrich se presentó junto a su jefe de gabinete, el abogado Carlos Manfroni y su director de normativa y enlace con el Poder Judicial, el magistrado Fernando Soto; y presentó el nuevo reglamento y aseguró que el reglamento, dispuesto mediante una resolución que será publicada en el Boletín Oficial, “plantea de manera imperativa contar con pautas claras para el uso del armamento por parte de las fuerzas y esto se da cuando existe un peligro inminente”.

El nuevo protocolo alcanzará a los efectivos de las cuatro fuerzas federales: la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Fue cerca de las 14 que la ministra anunció que, en el contexto de la “crisis inédita” de los ataques de narcotraficantes a ciudadanos inocentes en Rosario, y para “cuidar a los que nos cuidan”, elaboraron este reglamento que le da a la fuerza la capacidad de, en ocasiones en las que no haya alternativa; disparar el arma de fuego contra el delincuente sin necesariamente dar la voz de alto. “Se aplicará cuando haya peligro inminente del agente o ciudadanos”, subrayó.

“Las fuerzas estaban muy desorientadas respecto al uso de su armamento, por eso estamos anunciando un reglamento general para uso del armamento por parte de las fuerzas y esto se da cuando existe un peligro inminente”, aclaró Bullrich y sumó las armas van a poder utilizarlas cuando resulte imposible el uso de otros medios.

Sobre uno de los cambios más controvertidos, explicó: “Los agentes deberán siempre identificarse como tales, dando la voz de alto, pero hay una excepción que hay que entenderla. La excepción es que hay momentos en que, si el agente se da a conocer, pone en riesgo su vida o la de terceros”.

La ministra explicó que “durante muchos años se usó mal” y que “las fuerzas fueron despojadas en su capacidad para repeler agresiones”. Según sus aclaraciones, “siempre se plantea que el delito termina en el momento en el que el delincuente se fuga. El código penal es claro que la acción le obliga a las fuerzas de seguridad a impedir la fuga de los delincuentes porque implica que el peligro a la sociedad sigue latente si el delincuente en uso de armas de fuego se escapa. Este es un concepto que se ha utilizado mal durante muchos años

Bullrich fue contundente: “Derogamos todo lo que se contraponía a este nuevo reglamento. Un policía con miedo puede ser un policía muerto o un ciudadano muerto porque el policía no actuó. La justicia necesita reglas claras; necesitamos fuerzas que no se corran al costado frente al delito”.

Bullrich recordó que, en su reciente visita a Santa Fe, un hombre de alto rango de la Policía de Santa Fe le confesó que “todos los policías que han tirado en Rosario están presos y que nadie quiere disparar”, debido a que no se sienten protegidos ni respaldados por el reglamento actual.

“Con estas pautas, los efectivos van a saber que están siendo protegidos por el sistema. No queremos más casos [Luis] Chocobar. Esto -el reglamento- deja claro el accionar de las fuerzas. No queremos que se juzguen a las fuerzas cuando cumplen su deber. Que los condenen como victimarios y no las víctimas. Le damos tranquilidad a los que decidieron ser parte de las fuerzas. Cuidamos a los que nos cuidan. Vamos a fondo contra los delincuentes, no nos van a frenar”, aseveró.

Por otro lado, con el objeto de dotar de “herramientas eficaces” a las fuerzas, porque parte del armamento actual está en “malas condiciones”, Bullrich anunció que están en proceso las gestiones para la adquisición de armas de fuego cortas y largas. También un stock de la marca Birna -de balines- y de Taser -pistolas de descarga eléctrica-.

Polémica en puerta por el nuevo protocolo

Consultados por LA NACION, tras el anuncio de Bullrich, diferentes funcionarios judiciales mostraron reparos sobre el alcance del nuevo reglamento y su validez legal. Un fiscal de la Provincia de Buenos Aires dijo: “Está pasando por arriba del Código Penal. Legítima defensa es un tema de fondo. Tiene que cambiar el código. Si no, después pagan el pato los policías. Como Chocobar”.

El caso de Luis Chocobar es emblemático porque es un ejemplo claro de un efectivo que disparó contra un delincuente que robó cuando este se dio a la fuga tras apuñalar a un turista norteamericano en La Boca el 8 de diciembre de 2017. Su forma de actuar quedó en el centro de la polémica -y de los tironeos políticos-, ya que se debatió si había actuado con exceso de fuerza o acorde a lo estipulado.

Debieron pasar tres años, cinco meses y 20 días para que Chocobar llegara al banquillo de los acusados en el juicio a cargo del Tribunal Oral de Menores (TOM) porteño N.º 2. Allí, se lo encontró culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido con exceso en el cumplimiento de un deber.

Además de la condena de prisión en suspenso, los jueces Fernando Pisano, Jorge Ariel Apolo y Adolfo Calvete decidieron inhabilitarlo durante cinco años para funciones operativas con la utilización de armas de fuego. Es decir, que pudo continuar como policía pero solo con tareas administrativas.

El respaldo de Bullrich fue tal que, ni bien conocido el fallo, se aceró a la puerta de los tribunales de Comodoro Py, en Retiro, e hizo una fuerte defensa de Chocobar.

En aquel momento, Fernando Soto, abogado de Chocobar y actual funcionario de Bullrich, se lamentó del fallo. “Tenemos una profunda tristeza. El veredicto fue una decisión política, no jurídica. El tribunal decidió resolver la cuestión de una forma sencilla, con una condena leve, pero condena al fin de cuentas”, sostuvo, en ese momento, el letrado que hoy es director de normativa y enlace con el Poder Judicial. Además, en las últimas horas, se informó que Soto será uno de los miembros de la comisión convocada por el gobierno para la reforma del Código Penal.

En tanto, un camarista de casación, consultado por LA NACION sobre el nuevo protocolo, dijo: “En principio, las acciones no punibles son las que detalla el artículo 34 del Código Penal. Lo que caracteriza a la legítima defensa es la agresión ilegítima. Además de la necesidad racional del medio empleado. Esto no puede ser modificado por protocolo. Ahora en el mismo artículo se habla del cumplimiento de un deber, pero este habrá que evaluarlo casuísticamente”.

“La evaluación judicial siempre va a ser ex post y nunca quedás exento. Siempre el análisis es posterior y va a ser evaluación del juez en el caso concreto que tome la decisión. Primero se adopta el protocolo o se toma la medida de seguridad y la evaluación judicial siempre va a ser posterior, luego se tomará en cuenta si la medida es o no tipificable en algún tipo penal y eventualmente si es constitucional o no”, explicó otro camarista a LA NACION. Por su parte, un importante fiscal sostuvo que no se cumplirían ninguno de los presupuestos de la justificación del uso de arma.

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