Patagones: a 9 años de la masacre, aún no se sabe dónde está Junior

LA PLATA.- La justicia federal de Bahía Blanca dio por decaída la citación del autor de la denominada masacre de Carmen de Patagones y de su familia por no haber podido, desde el 4 mayo de 2006 hasta la fecha, dar con su paradero. La medida busca destrabar la parálisis en la que se encuentran todas las causas civiles mediante las que las víctimas buscan resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos.

A nueve años del episodio en el que un adolescente de 15 años con el arma reglamentaria de su padre, agente de la Prefectura Naval, mató a tres compañeros e hirió a otros cinco dentro del aula de la escuela N° 202 Malvinas Argentinas en la que cursaban el primer año del ciclo Polimodal, la mayor parte de las demandas civiles se hallan paralizadas debido a la falta de notificación de Rafael Junior Solich -hoy de 24 años-, y de sus padres Rafael Solich y Esther Pangue.

Después de vanos intentos de conseguir esa notificación fehaciente, la jueza, que desde hace un año se encuentra a cargo del caso como subrogante en el Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, Ana María Araujo, dispuso resignar la búsqueda e iniciar la etapa de recolección de pruebas y testimonios. Ya lo hizo en cuatro de un total de 13 demandas que fueron acumuladas en ese juzgado por decisión de la Suprema Corte de Justicia tras un engorroso conflicto de competencia.

La medida no sólo provoca asombro y disgusto entre los familiares de las víctimas, sino que alimenta la inquietud ante la falta de precisiones sobre la real situación en la que se encuentra el joven. "Me genera nervios e impotencia que nos digan que no pueden ubicarlo. Me parece que, a nueve años de aquella tragedia, es una falta de respeto y denota o bien falta de voluntad del Estado o protección para esa persona que tanto daño ha hecho", se quejó Claudia Kloster, madre de Pablo Saldías, uno de los heridos dentro del salón.

En marzo de 2012, tras varios intentos infructuosos, la Justicia fijó un plazo de cinco días para que la Fiscalía del Estado bonaerense y los abogados de la Prefectura Naval activen la citación de los terceros. El plazo venció y las cédulas de notificación siguieron pendientes o volvieron rechazadas por no dar con los domicilios consignados.

Las trabas y obstáculos registrados durante todo este tiempo para dar con el autor de la masacre y su familia llaman la atención, ya que, por un lado, el padre de Junior sigue revistando en forma activa en la delegación de Ensenada de la Prefectura, según confiaron fuentes de esa fuerza que pidieron reserva. No obstante, LA NACION no obtuvo respuesta del área de prensa del Ministerio de Seguridad -consultada en reiteradas oportunidades desde hace casi un mes- sobre la situación del agente que en el momento del hecho tuvo como sanción 45 días de arresto y el retiro de su arma reglamentaria.

El destino de Junior -que fue tutelado hasta 2010 por el área de Niñez de la provincia de Buenos Aires- hoy se sigue desde el Juzgado de Familia N° 4 de La Plata, a cargo de la jueza Silvia Mendilaharzo, donde tramita una causa abierta en 2010 -cuando Junior cumplió 21 años-, que tiene carácter "reservado". Según ratificaron fuentes judiciales, desde allí se realiza una estricta "supervisión de la internación del joven y el tratamiento psicológico de sus padres".

Para Marisa Santa Cruz, madre de Federico Ponce, que junto con Sandra Núñez y Evangelina Miranda murieron alcanzados por las balas, "no hubo interés en buscarlo, siempre lo protegieron; quizás uno podría entender que hubo un problema de organización, pero acá, sobre todo, hay una actitud de dilatar de parte de quienes deben asumir su responsabilidad que son los Estados nacional y provincial".

La sola insinuación de que Junior pudiera estar libre genera zozobra entre todos los afectados por el caso. Años atrás, una de las chicas del curso -cuya identidad se reserva por expreso pedido- dice haberse cruzado con Juniors por la calle en La Plata. Tras el fugaz encuentro, sufrió ataques de pánico y tuvo que retomar un tratamiento psicológico que había dejado atrás.

En las causas por daños y perjuicios, los abogados de las víctimas y sus familiares demandaron a la Prefectura Naval y a la Dirección General de Escuelas y Cultura bonaerense, de la que dependía la escuela donde ocurrió el hecho, por un monto global que en concepto de resarcimientos ronda los 12 millones de pesos, a lo que al momento del fallo deberán sumarse los intereses correspondientes por el tiempo transcurrido.

Los abogados de los Estados nacional y bonaerense rechazaron de plano su responsabilidad en los hechos y pidieron incluir a los Solich con la figura de "terceros", que, según el Código Procesal Civil y Comercial, son quienes poseen responsabilidad en los hechos, pese a no haber sido demandados por los actores. Hasta que todas las partes, incluidos los terceros no son notificados, los juicios no avanzan.

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