Para los camaristas, la jueza del caso Astudillo Castro no cumplió con el principio de imparcialidad

Antes de que se cumplieran cien días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, y cuando el destino del joven que había sido visto con vida por última vez el 30 de abril de 2020 era un misterio, resultaba evidente que la fiscalía y la jueza buscaban al muchacho por caminos diferentes.

Un año y medio después de ese primer cortocircuito registrado entre los representantes de la madre de Facundo y los referentes del Ministerio Público con la magistrada, el máximo tribunal penal de la Nación, la Cámara de Casación, resolvió apartar a la jueza María Gabriela Marrón de la causa en la que se investiga si hubo responsabilidad de un grupo de policías bonaerenses en la desaparición y muerte de Astudillo Castro.

La decisión de separar a la jueza federal de Bahía Blanca fue dispuesta por la Sala I del mencionado tribunal, integrada por la magistrada Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Con este fallo, los tres camaristas revocaron una resolución que había sido dictada hace casi un año por la Cámara Federal de Bahía Blanca que había rechazado el pedido de recusación presentado por los fiscales y por la Comisión Provincial de la Memoria.

“Las decisiones adoptadas por la magistrada Marrón, así como también su falta de respuesta oportuna ante determinadas peticiones del Ministerio Público Fiscal, permiten sospechar que aquella habría asumido una hipótesis de ocurrencia de los hechos, no obstante tratarse de una cuestión que será materia de decisión más adelante. De este modo, dadas las particulares circunstancias de la presente, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal, al que adhirieron además los querellantes de autos, y apartar a la señora jueza Marrón de la tramitación de estas actuaciones”, sostuvo el camarista Petrone en los fundamentos de su voto.

Hace casi un año, los fiscales Horacio Azzolin, Iara Silvestre y Andrés Heim, y los abogados que representan a la madre de Facundo, recusaron a la jueza federal Marrón por “la parcialidad demostrada en su actuación”.

Con esta decisión, el expediente por la desaparición y muerte de Facundo deberá ser remitido a un nuevo magistrado, por lo que es probable que quien quede a cargo de la investigación sea el otro juez federal de Bahía Blanca, Walter Ezequiel López da Silva.

Misterio en la ruta

La investigación del caso Astudillo Castro comenzó con una denuncia de averiguación de paradero radicada en la comisaría de Pedro Luro. Para los abogados que representan a la familia del joven de 19 años, el 30 de abril de 2020, Facundo salió de Pedro Luro en dirección a Bahía Blanca para encontrarse con Daiana, su exnovia.

Según la línea de investigación planteada por los letrados, Facundo habría sido secuestrado por un grupo de policías bonaerenses que lo interceptaron en la localidad de Mayor Buratovich y lo habrían detenido por la presunta violación del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).

Al principio, el caso se investigó en la Justicia provincial, pero a partir de la sospecha que indicaría la presunta responsabilidad de policías bonaerenses en la desaparición de Astudillo Castro, los letrados que representan a la madre del joven, de 19 años, reclamaron que el caso pase a la Justicia Federal.

Con la declinatoria dictada por el Ministerio Público de Bahía Blanca, se hizo cargo de la investigación el fiscal federal de esa ciudad Santiago Ulpiano Martínez. Sin embargo, los abogados de la familia de Astudillo Castro lo recusaron y el investigador se apartó en marzo de este año debido a los constantes cuestionamientos de la querella.

Debido a la presunción de que habrían participado efectivos de la policía bonaerense, la Procuración ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación formó un equipo de fiscales para colaborar en el caso.

Con la incorporación de los flamantes fiscales, la investigación tuvo nuevos bríos y el 15 de agosto de 2020 el cuerpo de Astudillo Castro fue hallado en una cangrejera situada en General Daniel Cerri, en el trayecto desde el cruce de la ruta 3, donde funciona un puesto fitosanitario hacía Bahía Blanca.

“Es razonable la sospecha de parcialidad alegada por el Ministerio Público Fiscal, conforme la jurisprudencia internacional en cuanto a que el aspecto objetivo de la imparcialidad, exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso”, expresó la camarista Ana María Figueroa, en la resolución.

Según la línea de investigación planteada por los abogados querellantes, Facundo no llegó a Bahía Blanca y nunca salió del área de las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone. Entre las pruebas que fundaron la hipótesis de los querellantes, figuran la fotografía de Facundo al lado del móvil policial 23360, las declaraciones de dos hermanos y la pareja de uno de ellos que pasaban por el kilómetro 776 de la ruta 3 y vieron al joven con los uniformados.

Facundo había sido interceptado por los policías porque caminaba al costado de la ruta 3, al tiempo que hacía señas a los automovilistas para que lo acercaran a Bahía Blanca. No tenía el permiso de circulación, en medio del ASPO.

Pero la jueza nunca coincidió con esta hipótesis. Según el planteo de los fiscales, Marrón incluyó en el expediente un peritaje realizado por una empresa en lugar del hallazgo del cuerpo y se habría negado a sumar los estudios solicitados por el Ministerio Público.

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