Pablo Lunati, en el juicio. El exárbitro declaró como testigo de concepto de una de las víctimas de la Masacre de Wilde

El exárbitro de fútbol Pablo Lunati esta vez no fue juez, sino testigo. Es que él era propietario de la remisería en la que trabajaba Norberto Corbo, una de las cuatro víctimas de uno de los casos de gatillo fácil más emblemáticos de la Policía Bonaerense: la Masacre de Wilde, ocurrida hace 28 años.

Fue una declaración sentida y, además, elogiosa: Lunati dijo que Corbo era “un tipazo” y, sobre todo, aseguró que “nunca” le vio un arma de fuego. Esa afirmación es importante en el debate, ya que los policías acusados de la masacre basan su defensa en la “teoría del error”, es decir, que dispararon –casi 270 tiros– contra los autos equivocados cuando perseguían a presuntos delincuentes por las calles de aquella localidad de Avellaneda, la tórrida mañana del 10 de enero de 1994.

En la audiencia de ayer por el juicio oral y público en el que siete exefectivos bonaerenses son juzgados por el caso –una de las páginas más bochornosas de la que, en los años ‘90, se había ganado el pesado mote de “maldita policía”–, Lunati declaró a través de Zoom, según informó la agencia Télam.

Lunati era dueño de la remisería “Su destino”, de Santos Lugares, en la que Corbo trabajaba como chofer. Lo recordó con “cariño”, ya que era vecino suyo en esa localidad del partido de Tres de Febrero, y aseguró que era una “buena persona”, de “buena conducta”.

”Norberto era un muy buen tipo, un tipazo. Nuestra relación era un poco más que laboral, era casi de amistad”, señaló el exárbitro al declarar como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora. También afirmó que “nunca” le vio un arma de fuego a Corbo, según informaron voceros judiciales.

El exárbitro dijo que cerró “Su destino” poco tiempo después del hecho. ”Para los que estábamos en la remisería no fue algo fácil. Todos quedaron shockeados”, señaló.

Firma confirmada

Por otro lado, se dio a conocer en el juicio un peritaje caligráfico del acta de detención de uno de los acusados, el excabo Marcos Rodríguez, en la cual se certificó que la firma en el documento, que se le atribuye, es de su puño y letra.

Es que Rodríguez, quien permaneció prófugo 20 años y fue detenido en 2014 en la provincia de Córdoba, negó la semana pasada –en su declaración indagatoria– haber estado detenido y haberse escapado, desconociendo, de esta manera, su firma en dicha acta.

Por último, se agregaron por lectura las declaraciones testimoniales que hicieron durante la etapa de instrucción cerca de 20 testigos que ya fallecieron, informaron fuentes judiciales.

Luego, el TOC 3, conformado los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, cuando se espera que amplíe su declaración indagatoria el excomisario Roberto Mantel.

De esta manera se cerraría la etapa probatoria del debate, dando lugar a los alegatos, que se realizaran la semana entrante.

Además de Rodríguez y Mantel, son juzgados el excomisario Eduardo Gómez; los exoficiales Osvaldo Lorenzón, Julio Gatto y Marcelo Valenga; y el ex subteniente Pablo Dudek. Todos llegaron al juicio en libertad.

En la causa se encuentra también imputado el exsubteniente Marciano González, quien sufrió un ACV hace poco más de un año y aún resta que se entregue un peritaje médico que certifique si está o no en condiciones de afrontar el proceso.

La Masacre de Wilde ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505; y al vendedor de libros Edgardo Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz.

Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que, al parecer, los confundieron con delincuentes.Todos los exefectivos afrontan cargos por los delitos de “cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa”, por la única víctima del ataque que sobrevivió.

De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.

En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.

Además de quienes llegaron a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, actualmente ya fallecidos.

Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.

No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos.

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