Ordenan a tres bancos no cobrarles a víctimas de una estafa los créditos tomados por una banda que operaba desde una cárcel
Un juez de San Isidro envió a las entidades el listado de 14 beneficiarios de ayuda social por la pandemia a cuyo nombre fueron tomados préstamos a partir de datos obtenidos con un “cuento del tío”
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LA NACION
La Justicia de San Isidro ordenó a tres bancos que dejen de cobrarles a 14 víctimas los créditos y préstamos personales por más de dos millones y medio de pesos que una banda de estafadores, que operaba desde el penal cordobés de Bouwer, logró obtener accediendo a sus cuentas con un “cuento del tío”, con el que defraudaron a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus.
Fuentes judiciales informaron hoy que los oficios -a los que accedió la agencia de noticias Télam- fueron enviados por el juez de Garantías N°7 de Pilar, Walter Saettone, a los bancos Provincia, Santander y Galicia, en el marco de una causa que instruye el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, y que tuvo repercusión en noviembre pasado cuando desbarató a la denominada “Banda del falso IFE”.
En aquella oportunidad el fiscal Ferrari realizó 44 allanamientos -casi todos en la provincia de Córdoba-, en los que fueron detenidas 19 personas. Algunas de ellas eran presos que utilizaban como centro de operaciones el penal cordobés de Bouwer para realizar alrededor de 70 estafas telefónicas con las que recaudaron unos 18 millones de pesos con un “cuento del tío” vinculado al IFE.
La investigación demandó seis meses y se calcula que la banda operó desde marzo de 2020, cuando se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno para mitigar la propagación del coronavirus.
El modus operandi de estos delincuentes se basaba en realizar llamados a personas que eran beneficiarios del IFE haciéndose pasar por empleados de la Anses o de algún otro organismo estatal.
Una vez que lograban obtener la atención de la víctima, la hacían dirigirse a un cajero automático con la excusa de acreditar un nuevo pago, pero allí guiaban a los usuarios para que blanqueen y modifiquen sus claves personales y les pedían las nuevas para, de esta manera, tomar el control de sus cuentas bancarias para vaciarlas con transferencias y solicitar préstamos personales.
A pesar de que la banda fue desbaratada hace ya siete meses y que todas las víctimas notificaron a sus bancos la existencia de esta causa, el fiscal Ferrari advirtió que los estafados tenían un problema con los bancos.
”Las entidades les siguen cobrando las cuotas de los préstamos que los estafadores sacaron por ellos y no tienen forma de afrontar esos gastos porque ya les vaciaron las cuentas”, explicó a Télam una fuente judicial.
Por ello, Ferrari le envió un escrito al juez en el que solicitó que las entidades bancarias cesen en el cobro de los préstamos y explicó la situación: “Esta acusación pública ha percibido en innumerable cantidad de casos, al dialogar con las víctimas, la desazón de los damnificados al constatar que, efectivamente, fueron estafados perdiendo lo poco o mucho que habían logrado cobijar en sus cuentas propias confiando en el sistema bancario y lo que nunca recuperarían ya que los reclamos administrativos no han llegado ni llegan a buen puerto”.
”Debe valorarse que fueron las entidades bancarias las que otorgaron dichos créditos, sin cuanto menos, verificar la titularidad de las cuentas”, recalcó el fiscal.
El juez Saettone le dio la razón al fiscal y remitió oficios a los tres bancos mencionados por Ferrari en 14 estafas puntuales ocurridas entre abril y junio de 2020 y que tuvieron como víctimas a personas a quienes les sacaron créditos por sumas que van desde los 18.400 a los 560.000 pesos, y cuyos montos sumados superan los 2.600.000 pesos.
”En virtud de lo expuesto, entiendo procedente la medida cautelar que solicita el Señor Fiscal, por lo que he de ordenar el cese del cobro de las cuotas correspondientes a los créditos gestionados de manera fraudulenta”, sostuvo Saettone en el fallo, en el que enumera a las 14 personas beneficiarias de su resolución.
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