Operativo Sapucay: pidieron 18 años de cárcel para el capo narco que reinaba en Itatí
Se trata de Carlos Bareiro, alias Cachito; el Ministerio Público Fiscal lo consideró organizador de la “empresa criminal” que desde Corrientes, enviaba marihuana a distintas provincias de la Argentina
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Después de casi un año y nueve meses de debate, el Ministerio Público Fiscal pidió 18 años de cárcel para Carlos Bareiro, más conocido por su alias de Cachito, al considerarlo organizador de una banda narco que operaba desde la ciudad de Itatí, en Corrientes, y que tenía vinculaciones con funcionarios municipales, judiciales e integrantes de las fuerzas de seguridad provincial y federales.
Los vínculos de la banda criminal con las fuerzas de seguridad quedaron plasmadas en el pedido de penas que hicieron el fiscal general Juan García Elorrio y la Procuraduría de Narcocriminalidad, conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, para tres acusados que eran parte de la Delegación de la Policía Federal Argentina (PFA) en Corrientes y para la máxima autoridad de la Policía de Corrientes en Itatí.
Los representantes del Ministerio Público solicitaron al Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N° 3 que aplique una condena de nueve años y seis meses de cárcel para Diego Ocampo Alvarenga, que llegó a ocupar el cargo de comisario y fue la máxima autoridad de la Policía de Corrientes en Itatí, y de nueve años de cárcel para el subcomisario Rubén Ferreyra y para el sargento Carlos Víctor López, que eran representantes de la PFA en esa provincia.
La investigación por la que hoy los fiscales solicitaron los pedidos de penas del caso que se conoció como Operativo Sapucay y puso al descubierto los nexos entre la política, la Justicia y las fuerzas de seguridad con el submundo narco. En esta causa estuvieron presos Natividad “Roger” Terán y Fabio Aquino, que en el momento de la pesquisa, marzo de 2017, eran intendente y viceintendente de Itatí, respectivamente.
Terán, Aquino y uno de los supuestos capos narco, Federico Marín, alias Morenita, acordaron penas de entre tres y 12 años de cárcel en un juicio abreviado, lo que implica el reconocimiento de los cargos.
Además, en el marco del mismo expediente fue procesado el juez federal con competencia electoral de Corrientes Carlos Soto Dávila. El exmagistrado -que renunció dos meses después de que el juez federal Sergio Torres (hoy integrante de la Suprema Corte bonaerense) lo procesara- y dos de sus secretarios penales serán juzgados por otro tribunal en un próximo debate.
“Estamos ante una organización criminal dedicada al tráfico de drogas con una importante logística tanto a nivel nacional como internacional, con permanencia en el tiempo y persecución de beneficios patrimoniales, que ejerció una poderosa influencia, de forma directa o indirecta, en el funcionamiento de múltiples dependencias públicas de orden municipal, provincial y nacional”, sostuvo el fiscal Iglesias al comenzar su alegato, el 29 de abril pasado.
Ante los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, los fiscales solicitaron penas de entre cuatro años y medio y 18 años de cárcel para otros ocho acusados que llegaron a debate.
Iglesias explicó hoy en la parte final de su alegato que si bien en un primer momento la hipótesis investigativa de detectives de la Gendarmería sostenía que en Itatí había tres bandas que se dedicaban al contrabando de marihuana, cada una liderada por Bareiro, Morenita Marín y Luis Saucedo, conocido como El Gordo (este último será juzgado en otro debate porque recién pudo ser detenido en septiembre de 2019 en la ciudad paraguaya de Pilar), las pruebas reunidas finalmente determinaron que se trató de una sola estructura criminal encabezada y liderada por Cachito.
“De toda la valorización que hemos hecho se encuentra probado el rol de organizador de Bareiro, el secuestro de droga a disposición de él y los acusados que también formaban parte de esta organización. Ese rol de organizador se vincula justamente con proveer los medios para que otros realicen las actividades de tráfico. Recordemos acá la compra de embarcaciones, el aporte de dinero y armas de fuego. Las autorizaciones que le pedían a Bareiro para irse de un determinado lugar”, había sostenido Martín Uriona, auxiliar fiscal de la Procunar, en una audiencia anterior.
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