Operativo Sapucay: etapa decisiva en la causa que destapó las conexiones narco con la política, las fuerzas de seguridad y la Justicia

Operativo Sapucay. Con ese nombre se conoce la megacausa que desató un escándalo político-judicial que dejó acéfala por un día a la ciudad correntina de Itatí, cuando fueron detenidos el intendente y su vice, Natividad “Roger” Terán y Fabio Aquino, respectivamente. El caso tuvo su punto más alto cuando fue procesado el histórico juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila. El expediente puso al descubierto las conexiones y vínculos entre una poderosa banda narco y funcionarios políticos, judiciales y policiales.

Parte del voluminoso expediente entró ayer en su etapa final con los alegatos del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N°3. En el banquillo hay 12 acusados. Otros 27, entre los que están Terán, Aquino y uno de los supuestos capos narco, Federico Marín, alias Morenita, acordaron penas de entre tres y 12 años de cárcel en un juicio abreviado, lo que implica el reconocimiento de los cargos.

Otros acusados, como Soto Dávila y exfuncionarios del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, serán juzgados en un próximo debate por un tribunal correntino.

Ayer comenzó su alegato el fiscal federal Diego Iglesias, que está a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). “Estamos ante una organización criminal dedicada al tráfico de drogas con una importante logística tanto a nivel nacional como internacional, con permanencia en el tiempo y persecución de beneficios patrimoniales, que ejerció una poderosa influencia, de forma directa o indirecta, en el funcionamiento de múltiples dependencias públicas de orden municipal, provincial y nacional”, sostuvo el funcionario en su presentación ante los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos.

Como se dijo, Terán y Aquino, acordaron penas de prisión de tres años y tres años y medio de prisión, respectivamente. En cambio, Marín, que fue detenido en octubre de 2018 después de haber estado prófugo dos años y nueve meses, aceptó una sentencia de 12 años de cárcel. Las condenas aún deben ser homologadas por el tribunal.

En diciembre de 2018, cuando la investigación del Operativo Sapucay ya estaba en una etapa avanzada, el por entonces juez federal Sergio Torres (hoy integrante de la Suprema Corte bonaerense) procesó a Soto Dávila como jefe de una asociación ilícita. Según la resolución del magistrado, la organización -presuntamente integrada, además por dos secretarios del juzgado y cinco abogados, entre otros- cobraba sobornos a cambio de fallos judiciales que favorecían a la banda narco que, desde Itatí, se encargaba de ingresar marihuana desde Paraguay para luego distribuirla en al menos siete provincias.

Para Iglesias, según explicó en su alegato, hubo una “sistemática atomización de las investigaciones implementada por el entonces juez Soto Dávila, dinámica que invariablemente culminaba con la captura de los eslabones fungibles de la empresa criminal, quedando impunes aquellos que ocupaban sus estamentos superiores, quienes incluso ya estaban perfectamente identificados en muchas de las causas.”

Soto Dávila renunció en febrero de 2019. “Las probanzas comenzaban a indicar que el exmagistrado, junto con sus dos secretarios penales y un grupo de abogados de la matrícula correntina, estaban obteniendo provecho económico de esta situación de estancamiento que evidenciaban las causas, lo que provenía del bolsillo de los propios narcos investigados”.

Entre los sospechosos que son juzgados en el debate está en el banquillo de los acusados otro de los supuestos líderes de la organización criminal, Carlos Bareiro. El tercer capo de la banda narco es, según el expediente judicial, Luis Saucedo, conocido como El Gordo. Será juzgado en otro debate porque recién pudo ser detenido en septiembre de 2019 en la ciudad paraguaya de Pilar, en un operativo a cargo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay.

En el juicio que entró en su etapa final también es juzgado el comisario Diego Ocampo Alvarenga, máxima autoridad de la Policía de Corrientes en Itatí cuando se desató el escándalo.

“Ocampo Alvarenga, por entonces comisario a cargo de la comisaría de Itatí, de la Policía de Corrientes, brindó protección directa a los integrantes del grupo delictivo para llevar a cabo las maniobras de tráfico ilícito, dándoles apoyo frente a la intervención de fuerzas de seguridad nacionales”, afirmó Iglesias en su alegato.

Pero no solo hubo vínculos de los narcos con la Policía de Corrientes, también son juzgados representantes de la Policía Federal Argentina.

“Rubén Ferreyra, por entonces subcomisario de la Delegación Corrientes de la PFA, y Carlos Víctor López, por entonces sargento de esa misma dependencia, coordinaron las tratativas relacionadas con las operaciones de tráfico ilícito”, se sostuvo en el alegato de la Procunar.

La etapa de alegatos continuará en la audiencia del miércoles próximo. A la Procunar le resta parte de su presentación y después será el turno del fiscal Juan García Elorrio para, luego, conocer el pedido de condenas.

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