Destinan más fuerzas federales a controlar el tránsito que a prevenir el delito

Insuficiente. Esa calificación está en boca de intendentes del conurbano que esperaban un desembarco masivo de fuerzas federales como refuerzo al patrullaje en las calles. En sus intercambios de mensajes, los jefes comunales afirman que solo llegaron 500 agentes, distribuidos en ocho municipios. Tomándose en cuenta que las fuerzas federales trabajan con tres turnos, cada municipio tendría, en promedio, disponibles la cobertura de unas siete posiciones con tres uniformados cada una. Se había afirmado oficialmente el pasado viernes el envío de unos 1500 efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esa cantidad ni siquiera alcanzaría para compensar a los más de 2500 policías bonaerenses que están fuera de servicio por contagios de Covid-19 o cuarentena obligatoria. Y las estadísticas de la Procuración General bonaerense señalan que el delito está hoy en una curva ascendente.

Hay más fuerzas federales destinadas en Buenos Aires al control de los permisos de circulación que a la prevención del delito.

Desde junio pasado se sumaron 2500 efectivos, especialmente de la Policía Federal, para la verificación en 267 estaciones ferroviarias de certificados de trabajadores considerados esenciales. Las fuerzas federales tienen la responsabilidad primaria de la seguridad en el sistema de trenes en la región metropolitana, aunque siempre se estableció una vigilancia mixta de andenes y calles cercanas -por lo general de gran movimiento comercial- que contribuía a la prevención del delito común. Esos uniformados cumplen hoy solo la función de mirar los permisos de circulación, que no son otra cosa que una declaración jurada, por lo que los agentes no tienen la capacidad de chequear los datos, sino que se comprueba nada mas que esa persona ingresó la información al registro nacional. Es casi lo mismo que un chequeo de pasajes.

Otros 1500 agentes federales se encargan de una misión similar en zonas de movimiento de vehículos entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. En ambos distritos es alta la circulación del coronavirus Covid-19, pero no hay prácticamente retenes que controlen permisos en el tránsito interno. Sin embargo, las fuerzas federales siguen desplegadas en un operativo que no se réplica dentro de esos territorios. Así quedan fuera de la acción contra el delito unos 5000 uniformados, ya que en esos puestos de control tampoco se verifica si una persona o un automóvil tienen pedido de captura.

Los datos de la Procuración General bonaerense indican que el delito terminó la cuarentena. En marzo se había aplanado la curva de robos, con un 56,3% menos de hechos delictivos que los denunciados en el mismo mes de 2019. Por entonces, poca gente salía de sus casas y eso incluía a los ladrones. En junio la situación fue diferente. Solo se notificó una disminución de 17,3 % de los casos en comparación con lo ocurrido el año pasado. Se podrá decir que hay menos delitos -tal como lo expresan funcionarios nacionales y bonaerenses-, pero los períodos analizados tienen una particularidad que dificulta una lectura lineal: ahora existen importantes restricciones de movimiento.

En promedio se denunciaron 452 robos y hurtos cada día en Buenos Aires desde el comienzo de la cuarentena. Aunque podrían ser más, ya que el reporte parcial efectuado por la Procuración General Bonaerense sobre lo sucedido entre el 20 de marzo y el 25 de junio consigna que casi 20.000 delitos no fueron tipificados en el momento de su ingreso a la estadística.

La ola de violencia que preocupa a los intendentes del conurbano y que derivó en el envío de otra dotación de las fuerzas federales queda expuesta por los 201 homicidios dolosos verificados durante la cuarentena. Apenas 16 casos menos que el año pasado. Y de nuevo habrá que tomar en cuenta la medida de aislamiento social obligatorio para visualizar que este período excepcional no afectó tanto al movimiento del delito.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, advierte sobre la necesidad de contar con más policías para enfrentar este ciclo de delitos. La Policía de la provincia de Buenos Aires es la fuerza de mayor dimensión en el país, con unos 90.000 efectivos -incluyéndose las policías locales y comunales, ya que hoy el comando directo de todas las unidades está en La Plata-, una cantidad que supera incluso al Ejército. Tomándose en cuenta las licencias médicas, tareas administrativas y cuerpos especiales, como Caballería, Infantería o el Grupo Halcón, el ministro afirma que tiene disponibles 19.000 agentes por turno para el patrullaje en las calles. Y agrega el funcionario provincial que 4000 de esos hombres y mujeres están hoy asignados a la vigilancia de presos en comisarías, situación que creció al mismo tiempo que se frenó el ingreso en penales bonaerenses para la prevención contra el Covid-19.

Berni quiere más fuerzas federales en su territorio, pero también agradecería poder comandarlas. Eso no solo es imposible por la negativa de la ministra Sabina Frederic, sino también por la ley de Seguridad Interior. Si se cumpliese lo postulado por esa norma, las fuerzas provinciales deberían subordinarse a un comandante operacional federal. Ese problema trasciende la mala relación entre Frederic y Berni. Es una situación a la que se no le encuentra solución desde fines de los años 90, cuando el "Operativo Cono", como fue llamado en destacamentos y comisarías, puso por primera vez a la Gendarmería en el conurbano.

Por entonces, la Gendarmería buscaba posicionarse como fuerza de reacción rápida, mientras el Ejército pisaba sus talones en procura de quedarse con el control de las fronteras. La Policía Federal estaba aferrada en territorio porteño y la policía bonaerense sentía que debía defender su lugar. Todas las fuerzas de seguridad federales y las tres fuerzas armadas jugaban en esos convulsionados años un partido en un tablero de poder que hoy no existe. Nunca se pudo coordinar un operativo conjunto.

La Gendarmería -que hoy se festeja el Día de la Gendarmería, para conmemorar el 82° aniversario de su creación- pasó de los 17.000 integrantes en la crisis del 2001 a los casi 35.000 actuales. Y ganó su lugar como fuerza de reacción. Los intendentes saben que mostrar gendarmes en sus distritos es transmitir a sus votantes directos un mensaje sobre su preocupación en materia de seguridad. Por eso, todos los jefes comunales quieren su porción de uniformes verdes. Y la eficacia de la herramienta federal puede ser anulada por la extensión del esfuerzo.

En los últimos dos meses, el Ministerio de Seguridad de la Nación buscó acercar su oferta de ayuda directa a intendentes. Una acción que motivó el enojo de Berni. Creo, incluso, una Fuerza de Intervención Rápida con policías federales para que operen en territorio bonaerense. Prepara intervenciones en barrios de Quilmes, similares a las que lleva adelante en La Cava, en San Isidro. Envió unidades a Cuartel V, esa localidad golpeada por la violencia narco en Moreno. Sin embargo, hoy el mayor esfuerzo estatal está colocado en el chequeo de permisos de circulación y el refuerzo prometido se vuelve imperceptible en las calles del conurbano.

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