“Operadores piratas”. Una compra controlada, la clave para identificar al cerebro detrás de un negocio ilegal de $100 millones
Una investigación puso al descubierto una estafa millonaria contra empresas de TV satelital y de servicio de streaming
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LA NACIONGabriel Di Nicola
“Nos contactamos de Digital TV. ¿Le gustaría probar el servicio? Soy Camila de ventas”. La vendedora no lo sabía, pero la persona a la que estaba respondiendo un mensaje de WhatsApp no era un potencial cliente que quería saber el precio y los canales que ofrecían desde la app para la que trabajaba. Su interlocutor, en realidad, solo buscaba pruebas para presentar ante la Justicia con el objetivo de desbaratar un negocio ilegal que llegó a facturar 100 millones de pesos.
El falso cliente consiguió las pruebas que necesitaba. Hasta llegó a abonar un abono mensual de Digital TV para tener todo documentado en la denuncia que fue presentada ante la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro, conducida por Alejandro Musso.
El “simulador” era parte de Asset Protection, el Área de Investigaciones de DirecTV, una de las empresas damnificadas por Digital TV, que, según la pesquisa del fiscal Musso, facturaba 100 millones de pesos mensuales por un servicio ilegal: retransmisión de señales de televisión que le robaban a importantes compañías de TV satelital y de streaming.
Como informó LA NACION, en el marco de la investigación iniciada por la denuncia de DirecTV hay un sospechoso detenido. Se trata de un joven de un joven de 22 años, de profesión técnico informático, e identificado por fuentes judiciales como Martín Coll.
“En este contexto, nuevamente han surgido operadores piratas, que sin pagar licencia alguna ni someterse a la regulación vigente, acceden a la señal de otros operadores legales con la única finalidad de apoderarse de sus contenidos y retransmitirlos sin autorización a través de Internet a sus clientes”, se sostuvo en el informe que hizo DirecTV para presentar en la Justicia.
Según la investigación del fiscal Musso y de los detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Vicente López de la policía bonaerense, “Coll había logrado montar su propio servicio clandestino de streaming, en el cual ofrecía acceso a más de 900 señales de televisión, entre los cuales se encontraban retransmitidos ilegalmente canales exclusivos de DirecTV. En la plataforma ilegal también había 8000 películas, 400 series y se podían ver señales de diferentes partes del mundo”.
Según las pruebas que pudieron obtener los investigadores de la empresa de TV satelital, Digital TV no solo ofrecía el servicio de DirecTV, también la programación de diferentes canales de países limítrofes y de Centroamérica y de plataformas streming de cine.
Tras la investigación del fiscal Musso y a pedido del juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) bloqueó el sitio web de Digital TV.
Según pudo saber LA NACION, en los próximos días, Coll pediría ampliar su declaración indagatoria. En la primera audiencia se negó a declarar. Los investigadores suponen que detrás de Coll hay más gente involucrada.
El éxito del Televisión por IP (IPTV) pirata radica, principalmente, en su facilidad de uso e implementación y en la amplia oferta de señales que contiene, pudiendo constatarse su contratación por miles de personas en nuestro país. En términos simples, los operadores de servicios IPTV no autorizados o piratas ofrecen a sus clientes servicios de televisión de pago por medio de Internet, dándoles acceso a diversos contenidos, por medio de sitios web o la descarga de aplicaciones. Estos contenidos que ofrecen a sus abonados son previamente extraídos desde la señal de operadores legales, por lo que no pagan a los canales de televisión o cadenas mayoristas los correspondientes derechos de autor”, se sostuvo en el citado informe de DirecTV.
Según fuentes judiciales, Coll está imputado del delito de defraudación a los derechos de autor. De ser encontrado culpable en un juicio, podría recibir una pena de prisión de entre un mes y seis años de cárcel.
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