“Obstruir el debate”: fracasó el intento de la narcoabogada para frenar el juicio por el doble crimen de Belgrano

Fracasó el intento de la abogada Julieta Bonanno de frenar el debate oral donde es juzgada como coautora de los homicidios de Rodrigo Alexander Naged Ramírez y de su hijo, John Naged Aguilar, ocurridos el 4 de junio 2018 en un departamento de Belgrano, un doble crimen vinculado al narcotráfico. Después de calificar como una “conducta procesal enderezada a obstruir el normal desarrollo del debate”, un tribunal rechazó la recusación planteada por la defensa y la causa entró en su etapa final.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La recusación de los jueces María Gabriela López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer había sido planteada por el abogado Leopoldo Murúa en la audiencia donde debía presentar su alegato.

Murúa pidió el apartamiento de los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 8 por “temor de parcialidad por la interacción entre los jueces y la fiscalía”. Pero, después de analizar el planteo, el TOF N° 5, con la firma de los magistrados Daniel Obligado y Fernando Canero, rechazó la recusación presentada por la defensa de Bonanno, conocida como la narcoabogada.

Bonanno, de 31 años, es juzgada como presunta coautora de los homicidios de Naged Ramírez y Naged Aguilar, ocurridos el 4 de junio 2018 en un departamento de la avenida Cabildo al 2600, en Belgrano. Esos asesinatos tenían vinculación con el caso Bobinas Blancas, el intento de contrabando de 2000 kilos de cocaína descubierto en 2017.

Naged Ramírez, de 59 años, era un colombiano nacionalizado mexicano que había estado preso en la Argentina por la causa en la que se investigó el caso del intento de tráfico de droga oculta en bobinas de acero. Había sido procesado con prisión preventiva por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pero fue exceptuado provisionalmente del proceso tras sufrir un ACV que le dejó graves problemas de salud y que le impedía, en términos legales, comprender la criminalidad de los actos que se le atribuían. La otra víctima era su hijo. Ambos vivían en un departamento alquilado. Fueron ejecutados por un sicario en junio de 2018.

Bonanno, que era la abogada de Naged Ramírez, estuvo en el departamento que alquilaban las víctimas, en el 10° D del edificio situado en Cabildo 2659, la noche del ataque del sicario. El homicida, que nunca pudo ser identificado, ingresó en el edificio en el momento en que le abrieron la puerta a la letrada.

En su alegato, el Ministerio Público, representado por el fiscal Marcelo Colombo y el auxiliar fiscal Miguel Yivoff, pidió la pena de prisión perpetua para Bonanno, de 31 años. Los funcionarios judiciales consideraron que hay pruebas suficientes para condenarla por su participación en el doble crimen. La abogada habría seguido directivas de una misteriosa narcotraficante, conocido solo como La Tía.

En la audiencia de hace 11 días, Murúa puso en duda la imparcialidad de los jueces y les atribuyó una eventual “connivencia” con el Ministerio Público Fiscal.

El debate comenzó en marzo del año pasado. El juicio se demoró casi un año. La fecha original para su comienzo era el 19 de marzo de 2020, pero se suspendió como consecuencia de las medidas preventivas dispuestas para prevenir el Covid-19.

“A lo largo del debate se han vulnerado nuestros derechos de defensa. No sentimos y no apreciamos la imparcialidad”, afirmó Murúa, al explicar los motivos de la recusación. Y, agregó: “No puedo alegar con temor a la parcialidad”.

Para fundamentar lo que definió como “connivencia” entre el Ministerio Público Fiscal y los integrantes del tribunal, Murúa recordó que en una audiencia de agosto pasado, en la pantalla compartida donde se transmite por Zoom el debate, se mostró una conversación de WhatsApp entre el auxiliar fiscal Yivoff y la jueza Namer.

Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, Yivoff ocupó el cargo de secretario en una fiscalía donde Namer se desempeñó como fiscal, y en la conversación cuestionada por Murúa, la magistrada le preguntaba cómo estaban él y su familia después de un robo que habían sufrido en su casa.

En su resolución, los jueces Obligado y Canero sostuvieron: “Traer aquel acontecimiento –siete meses después de producido– como fundamento para apartar a la magistrada del juicio que se está llevando a cabo, solo puede interpretarse como una conducta procesal enderezada a obstruir el normal desarrollo del debate, pues si efectivamente dicha situación –como tal- hubiese inspirado una significativa sospecha de parcialidad de la magistrada, no se explica por qué razón la defensa no formuló el correspondiente planteo inmediatamente después de producido”

Y agregaron: “Por otro lado, se advierte que la sospecha de parcialidad asignada al mencionado episodio no cuenta con argumentos mínimos que la sostengan”.

Tras el rechazo de la recusación, el debate continuará el martes próximo donde Murúa y su colega Nicolás Proz deberán presentar su alegato.

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