Nueve años después, dos vecinos van a juicio por linchar a un ladrón que había arrebatado una cartera

Lorena Torres compara el asesinato de su hijo con el de Fernando Báez Sosa. “Yo creo que los dos hechos son muy parecidos. Hubo un grupo de personas que agredió a David con una alevosía impresionante. Él no tuvo manera de defenderse, estuvo en el piso durante varios minutos mientras era golpeado brutalmente: Quedó todo registrado en video, pero en nuestro caso la Justicia actuó muy diferente. Nosotros hubiéramos querido que también condenaran a los responsables, no sé por qué fue tan distinto”. El caso ocurrió hace casi una década y tuvo repercusión nacional. Incluso el Papa Francisco habló de él: “Sentía las patadas en el alma”, suscribió.

El 22 de marzo de 2014, David Moreira, de 18 años, le arrebató la cartera a una mujer a metros de la esquina de Liniers y Marcos Paz, en el barrio Azcuénaga, en la periferia de Rosario. Enseguida alcanzó a subirse a la moto que lo esperaba en marcha, pero un vecino los cruzó con su auto y frustró la fuga. El cómplice logró escapar, pero David fue rodeado por un grupo de personas que, según declaró una mujer en la causa, eran “como hormigas abalanzándose sobre un terrón de azúcar”.

Se sabe que la paliza duró cerca de 15 minutos: el ataque incluyó arrastrar a David varios metros por el asfalto y golpearle la cabeza con la puerta de un auto. También se supo que hubo al menos 12 llamados al 911 para avisar que estaban “matando a patadas a un chico en la calle” y que la ambulancia tardó una hora en llegar. David ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con severos traumatismos de cráneo y pérdida de masa encefálica. Tres días después, murió en una cama de terapia intensiva.

A diferencia del encarcelamiento inmediato a los jóvenes que golpearon a Fernando hasta matarlo (y que culminó con condenas a prisión perpetua para cinco de ellos), las más de 70 declaraciones y los videos caseros de celulares que captaron parte del ataque sirvieron para que el fiscal Florentino Malaponte (hoy, juez de primera instancia) imputara solo a Nahuel Pérez y Gerardo Gutiérrez por homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado por la participación de más de dos personas. El mismo fiscal, luego, bajó la calificación a homicidio en agresión (que implica una pena de dos a seis años), argumentando que no se había podido atribuir a ninguno de los dos acusados un golpe mortal, por lo que, tras una prisión domiciliaria, fueron puestos en libertad. Por la misma época, sumó la imputación de Cristian Antonioni, luego de que en su perfil de Facebook publicara un primerísimo plano de la cabeza reventada de David con la inscripción: “Entre todos”.

En septiembre de 2019, la fiscalía y la defensa de Pérez acordaron en un juicio abreviado la pena condicional de tres años, por lo que siguió libre pese a reconocer que había participado del linchamiento. Gutiérrez y Antonioni, en tanto, siguen esperando en sus casas el comienzo del juicio oral, fechado recientemente para el próximo 10 de julio, es decir, a más de nueve años del crimen.

Sin paz

Unos meses antes del asesinato de David, el barrio Azcuénaga ya había sido noticia nacional por la formación de “patrullas vecinales”, que se organizaron para acompañar a los que llegaban o salían de trabajar de noche, escoltándolos desde las paradas de colectivos hasta el ingreso a sus casas. “Si el Estado no se ocupa, nos ocupamos nosotros”, fue la advertencia.

“Someter a una persona a golpes hasta matarlo no es un rayo en el cielo sereno, sino que es producto de un proceso de deterioro racional subjetivo de la sociedad. Al cumplirse cinco meses del crimen de David, propuse volver al barrio porque había que resignificarlo; no podía quedar como el lugar de un asesinato cruel y obsceno, sino como el lugar de lucha para esclarecer el caso. David arrebató una cartera con 150 pesos, a plata de hoy serán 2000, 3000 pesos. Una vida no vale ese dinero. Esa disputa continúa hoy en la sociedad; nosotros perseguimos una condena para los asesinos, pero también queremos un debate alrededor, y acumular consenso de que no está bien matar a golpes a un chico que se robó una cartera”, explica el abogado Norberto Olivares, representante de la madre de David en la querella.

Luego del crimen, Lorena y sus otros hijos debieron mudarse a Uruguay para preservarse del odio remanente. “Si bien hubo personas y organizaciones que me acompañaron, llegó un momento que, como familia, ya era mucho lo que soportábamos. Por un lado, me mandaban por las redes sociales cosas horribles, que dolían, recibía amenazas. Por otro, la Justicia no daba respuestas, eran todas puertas cerradas. Tomé la decisión de alejar a mis hijos de todo eso porque no teníamos paz”.

Tanto Lorena como su abogado recibieron la noticia de la fecha de juicio con cautela: ya experimentaron cuatro postergaciones. “A la Justicia de Santa Fe no le importa este caso porque David era un pibe morocho, peón de albañil, alguien a quién limpiar de la sociedad; se preocupó más por quedar bien con los vecinos de un barrio de clase media. Siempre dije que hay víctimas de primera, de segunda y hasta de tercera. Por eso, no tengo expectativas en el proceso penal, aunque sirva para reinstalar el tema después de nueve años”, dice Olivares.

Lorena, por su parte, sí se deja llevar por la esperanza. “No fue justo lo que hicieron; mi hijo no era un perro, era una persona que cometió un error y que condenaron y mataron de la misma manera que nos condenaron a nosotros. Lo único que espero es que la Justicia castigue a los culpables, porque hasta ahora caminan por la calle como cualquiera de nosotros”.

Un fallo con argumentos inusuales

En febrero de 2015, casi un año después del linchamiento fatal a David Moreira, la causa quedó sin detenidos, luego de que el juez de Cámara Penal Daniel Acosta revocara la prisión domiciliaria de Nahuel Pérez y Gerardo Gutiérrez, impuesta por la jueza de primera instancia Roxana Bernardelli. El fallo de Acosta todavía se recuerda por el análisis inusual que hizo del caso en busca de “comprender por qué nos encontramos así y qué podemos hacer como sociedad al respecto”.

“Más allá de lo que digan las normas –argumentó– el capitalismo ha logrado poner en crisis el orden de valores y la propiedad ciertamente comenzó a disputarle la primacía a los otros, incluso a la mismísima vida humana”, y agregó: “Ello no solo determina que un individuo devenido en ladrón pueda matar a una persona para quedarse con su celular (ejemplo tomado sin ninguna referencia con el hecho motivante); sino que, además, –y como reacción– aquel colectivo de ciudadanos que podría ubicarse y rotularse como ‘buenos vecinos’ se adjudique un derecho a la autodefensa en el que puedan cobrarse con vidas la frustración por la cotidiana alteración de su existencia por la proliferación de delitos contra la propiedad”.

En otro tramo de su resolución, el magistrado consideró que a la exhibición constante de “propiedades, autos, hoteles lujosos, viajes a los que los sectores excluidos no pueden acceder” se suma la reiteración “hasta el hartazgo de los hechos de inseguridad que, sin dejar de ser ciertos, asfixian el inconsciente colectivo”. Además, la penalización de conductas propias de un sector social y no de “comportamientos propios de otros actores, como las [conductas] defraudatorias, no deja de generar violencia”.

Por último, el fallo del camarista describe que “esta situación presiona, malhumora y preocupa al ciudadano, que muchas veces responde en función del catálogo de reacciones que el entorno le suministra”, para concluir que “todo exacerba la violencia propia del capitalismo y [este] hecho no es otra cosa que un subproducto del mismo”.

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