Nueva controversia. La Justicia rechazó el pedido del gobierno de Corrientes de ser querellante en la causa por la desaparición de Loan

A un mes y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña y sin grandes avances en la investigación para dar con el menor de cinco años, el gobierno de Corrientes pidió este fin de semana ser querellante en la causa por la sustracción y ocultamiento. Además, el fiscal de Estado de la provincia, Horacio David Ortega, sumó una solicitud de procesamiento con prisión preventiva para los ocho imputados en el caso. Sin embargo, en el primer día hábil posterior a la solicitud, la Justicia Federal de Goya rechazó el planteo de la administración de Gustavo Valdés.

En el escrito presentado el fin de semana ante el Juzgado Federal de Goya, el fiscal de Estado había pedido que el gobierno provincial participe “de cada una de las audiencias de declaración de los imputados y en todo acto pertinente y relativo a este proceso”. A su vez, otra de las solicitudes era poder tener información de la causa, a pesar de que en estos momentos el expediente se encuentra en secreto de sumario.

Por último, y con relación a las prisiones preventivas, el fiscal Ortega había pidió los procesamientos para Mónica del Carmen Millapi, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Carlos Guido Pérez, María Victoria Caillava, Walter Maciel, Laudelina Peña y Francisco Méndez. Este último fue liberado el viernes a la noche por “falta de mérito”, ya que no había suficientes elementos para acusarlo de la supuesta sustracción del niño de cinco años. Aun así, seguirá siendo investigado en la causa.

“Se rechazó el pedido del Estado provincial de ser tomado como querellante”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Las testimoniales de hoy

En paralelo, hoy declaró como testigo el hombre que condujo el vehículo que trasladó a Laudelina Peña desde Nueve de Julio hasta la capital de Corrientes para que, ante un fiscal provincial, planteara la teoría de que el chico había sido atropellado, versión que, luego dijo que era una mentira que había dicho bajo amenazas.

Se trata de Agustín Ibarra, quien manejaba el vehículo en el que la ahora imputada y tía de la víctima fue a declarar el sábado 29 de junio a la madrugada, cuando la causa ya estaba radicada en el fuero federal de Goya e investigada como un presunto caso de sustracción y ocultamiento de un menor.

En los días posteriores al viaje había trascendido que el chofer del vehículo era Rafael Horacio Miranda, cercano al gobernador provincial, pero se constató que era Ibarra quien iba al volante del vehículo, que pertenecería al senador provincial Diego Pellegrini.

En el auto iban Laudelina, su hija Macarena, y el abogado José Fernández Codazzi. Incluso, según declararon la tía y la prima de la víctima, a mitad del recorrido, las cambiaron de vehículo y se sumó al viaje el propio Pellegrini.

Aún no trascendió el contenido de la indagatoria al chofer que puede ser un testigo clave a la hora de reconstruir el recorrido de 200 kilómetros que hicieron y lo que pasó durante el viaje.

Es que Laudelina y Macarena Peña aseguraron que en ese auto habrían sido amenazadas y sobornadas para que la tía de Loan declare que Loan había muerto tras ser arrollado por la camioneta Ford Ranger del capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, quien, además, habría amenazado a Laudelina y le habría exigido que “plantara” un botín del niño en medio del campo para desorientar la pesquisa.

“Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y a Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza, yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente”, había declarado Macarena como testigo.

Además, la joven de 21 años relató cuál habría sido el papel del abogado Fernández Codazzi en esa trama: “Decía que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira”.

Tras la filtración de una Cámara Gesell, una advertencia

También la noche del viernes, la jueza Pozzer Penzo ordenó la prohibición de exponer en medios de comunicación a cualquiera de los cinco menores que figuran nombrados en la investigación y que fueron hasta el naranjal del paraje Algarrobal con Loan. Lo dispuso después de que un canal de TV publicara un fragmento de la declaración en Cámara Gesell de uno de los niños.

De esta forma, se ordenó “a las partes intervinientes en el proceso y a toda persona que por su función o participación tuviera acceso a las actuaciones, se abstengan de revelar a terceros y especialmente a los medios masivos de comunicación, acerca de los actos procesales, datos y/o pruebas colectadas en el marco de esta investigación relacionada con los menores de edad”.

También indicó que “los medios masivos de comunicación locales y nacionales que en ocasión de informar se abstengan de publicar y/o difundir la imagen y/o el nombre de los menores de edad, con excepción de la víctima”. El pedido fue enviado al Ente Nacional de Comunicación (Enacom). El planteo había sido realizado por la asesora de Menores, Rosana Marini, a partir de la difusión de imágenes.

Además, ayer hubo una nueva ronda federal de marchas para reclamar por la aparición con vida del niño que lleva desaparecido 46 días.

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