Novedoso dictamen. Una fiscal cuestionó una ley que impide acusar de encubrimiento a los padres de un femicida

Primero, hubo una íntima convicción. “Yo digo que son los Chiminelli los que cometieron el femicidio. Los padres entraron en un momento posterior, ellos advirtieron lo que estaba ejecutando el hijo y para ayudarlo terminaron de matar a Alejandra. Esa es mi hipótesis principal. Pero si el juez entiende que no hay elementos suficientes para probar la participación en el femicidio, los padres quedarían impunes. Por eso, planteo una calificación alternativa. Si todo lo que ellos hicieron fue con Alejandra ya muerta, el encubrimiento está más que probado”, sostuvo la fiscal de Campana Laura Brizuela.

El femicidio de María Alejandra Abbondanza, ocurrido en septiembre del 2022, tiene particularidades macabras. Una de ellas es que el cuerpo apareció desmembrado y quemado en la parrilla de Agustín Chiminelli, un vecino de la víctima. Otra es la participación de los padres de Chiminelli en, por ejemplo, la alimentación del fuego y la limpieza de los rastros de sangre.

De los muchos obstáculos que podía enfrentar la fiscal para lograr la condena de todos, había uno que parecía insalvable: la propia ley. De acuerdo al artículo 277 inciso tercero del Código Penal, “están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge o de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad”.

Lo que siguió, para la fiscal Brizuela, fue el empeño. Lo que siguió, para la fiscal Brizuela, fue el empeño. “Le busqué la vuelta –reconoce ahora– y dije que ese artículo era inconstitucional porque viene a colisionar con todos los pactos y tratados internacionales suscriptos por la Argentina, en particular con la Convención de Belem do Pará, que refiere a la violencia sobre la mujer. Por un lado, este artículo viene a proteger la institución de la familia; por otro, el pacto internacional tiene jerarquía constitucional, quiere decir que está por encima de la ley ordinaria. De esta manera me está salvaguardando el derecho a un juicio justo para este tipo de delitos donde las mujeres son víctimas por su condición de tal”.

Si el juez de Garantías de Zárate–Campana Julio Grassi acepta finalmente el planteo de la fiscal Brizuela, el caso sentaría jurisprudencia en la historia penal de Argentina.

“Estuve investigando bastante, hablé con gente experta en género y la verdad es que, si existe un antecedente, no logré encontrarlo. Por supuesto que me entusiasma que semejante conducta [en referencia a los padres] no quede impune y eso se debe a que este caso no es igual a otros, es único. Al mismo tiempo, si se desoyen los compromisos internacionales, no solo no se estaría haciendo justicia, sino que el Estado argentino podría incurrir en una responsabilidad internacional”.

Plan criminal

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio presentado por Brizuela, “entre las 17.30 del 16 de septiembre de 2022 y las 8 del 17 de septiembre de 2022″, Agustín Chiminelli, de 24 años y apodado “Chimi”, se encontraba en su casa junto con Abbondanza, de 38, a quien “en el marco de una discusión, mediando violencia de género, la agredió físicamente con intenciones de causarle la muerte”.

Siguiendo la hipótesis de la fiscal, “a las 18.23, arribó al lugar Carlos Rubén Chiminelli [padre del imputado] y a las 19.20 también lo hizo Liliana Esther Sánchez [la madre], quienes se domiciliaban en el lugar, mientras Alejandra aún se hallaba con vida presentado heridas de gravedad”.

Brizuela reconstruyó que los tres realizaron maniobras “tendientes a eliminar los rastros del hecho” y, así, procurar la impunidad. El plan incluyó trasladar a Alejandra a la parte trasera de la casa, donde siguieron agrediéndola, causándoles golpes en su cabeza con un elemento contundente, presumiblemente, una mancuerna de dos kilos, “con el propósito de lograr el fin propuesto de causarle la muerte”. Después, subieron el cuerpo a la planta superior de la vivienda, donde está el quincho, y colocaron partes del cuerpo sobre la parrilla.

“Como mínimo existe una división de tareas; no hablo de un plan para matar a la víctima de antemano, sino que el plan criminal se da con el delito ya empezado por el hijo. Muchas cosas pasaron al mismo tiempo dentro de la casa de los Chiminelli. Se pudo determinar, por el estado de carbonización del cuerpo, que no usaron alcohol ni ningún acelerante, por lo que el cuerpo tuvo que haber estado expuesto al fuego por lo menos seis horas, y no con brasas; alguien tuvo que estar alimentando las llamas durante todo ese tiempo, que coincide con las salidas del hijo a repartir bolsas con elementos de pruebas (la mancuerna, toallas y ropas, entre otros) por distintos tachos de basura del barrio. También tuvieron que ocuparse de controlar al perro de Alejandra y de limpiar todos los restos de sangre. Cuando nosotros llegamos, la casa estaba impecable”, explica la fiscal.

Brizuela pidió que Chiminelli, preso en el penal de máxima seguridad de Sierra Chica, sea enjuiciado por “homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre en perjuicio de una mujer, mediando violencia de género y por el vínculo”, que prevé la pena de prisión perpetua.

En tanto, acusó a sus padres por el “homicidio agravado criminis causae (es decir para ocultar otro delito, en este caso, el accionar de su hijo, y así procurar su impunidad), en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”. Como imputación alternativa, solicitó que sean enjuiciados como autores del “encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave”.

Tanto Chiminelli padre, de 69 años, como Sánchez, de 65, siguen en libertad.

“Quemar una persona en una parrilla va mucho más allá de lo que uno se imagina como encubrimiento. Si los jueces entienden que no hay elementos para condenarlos como partícipes del homicidio, vamos a hablar de un encubrimiento agravado, porque se trata de un femicidio. Aun así, les espera una pena alta”, concluye la fiscal que, con este caso, puede marcar un antes y un después en la Justicia argentina.

Una familia con historial violento

La fiscal Brizuela les tomó declaraciones a las exparejas de Agustín Chiminelli, y así pudo constatar que, antes del femicidio de Abbondanza, el joven ya había cometido hechos de abuso sexual y violencia de género.

Una de ellas dijo que Agustín, con quien mantuvo una relación en 2016, “rompía todos sus celulares” y que cuando le decía que no “se enojaba y rompía todo”. Además, agregó que se dañaba a sí mismo (”se daba la cabeza contra la pared cuando se enojaba) y que “en el sexo era muy pesado cuando tomaba alcohol”, y que ella, en esas situaciones, “accedía por miedo”.

Otra mujer declaró haber mantenido un vínculo amoroso con Chiminelli durante 2017: “Agustín al principio era muy detallista, educado, muy compañero, hasta que empezó con celos simples; luego era violento con él mismo, buscaba que le hagan daño, golpeaba persianas en la calle para que le peguen”. De ambos relatos, concluyó la fiscal, “se infiere que la dinámica vincular de Chiminelli estaría caracterizada por un alto índice de violencia y maltrato hacia la mujer”.

Las declaraciones de las exparejas también le permitieron a la fiscal caracterizar la dinámica familiar de los Chiminelli. Una de ellas expresó que “Agustín mandaba a la madre, y la madre mandaba al padre”, y destacó que la madre le “arreglaba todos sus problemas, Agustín la llamaba siempre y ella lo cubría en todo”.

Para la fiscal, la madre de Chiminelli “resultaba funcional a los macabros planes de su hijo” y “empujaba a las parejas de Agustín a permanecer con él, obligándolas tanto psicológicamente como por la fuerza, siendo así partícipe necesaria de varios hechos de abuso sexual”.

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