Ningún juez la quiere: la causa que tiene a un empresario imputado por la muerte de una modelo “rebota” entre dos fueros

El expediente donde se investiga la muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues Santos Gomes, fallecida al caer al vacío desde un sexto piso en Retiro y donde está procesado el empresario Francisco Sáenz Valiente,” entró en un conflicto” entre fueros: la jueza federal jueza María Eugenia Capuchetti, que tuvo a su cargo el expediente por el atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, rechazó la competencia atribuida y devolvió la causa a la magistrada María Fabiana Galletti, del fuero en lo criminal y correccional porteño. La decisión final podría quedar en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así lo informaron fuentes con acceso al expediente. “En virtud de todo lo expuesto a lo largo de este decisorio, en consonancia con los argumentos dictaminados por el fiscal [por Ramiro González], los cuales doy por reproducidos en honor a la brevedad en el presente, es que habré de rechazar la competencia asignada a este Tribunal, devolviendo las mismas al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31″, sostuvo la jueza Capuchetti en su reciente resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.

En la parte resolutiva, la magistrada le dijo a su colega: “En caso de no compartir los argumentos aquí vertidos, eleve las actuaciones al Superior común a fin de dirimir el conflicto de competencia planteado”.

El “superior común” sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “El Código Procesal Penal de la Nación dice que tiene que ser el superior común, que siempre fue la Cámara del juzgado que previno. Hasta que la Corte Suprema resolvió en un fallo que nada tenía que ver con el asunto que la Justicia nacional penal se encontrara en transición a la Ciudad, con la colocó en una extraña posición. Por eso, la mayoría interpreta ahora que el ‘superior común’ de la Justicia nacional y la federal es la Corte Suprema”, explicó un funcionario judicial con experiencia laboral en ambos fueros.

La semana pasada, el expediente había pasado al fuero federal. “Viéndome obligada a resolver conforme lo dispuesto por el Superior [la Cámara del Crimen], siguiendo los lineamientos expuestos en el aludido resolutorio y habiéndose dado cumplimiento a las diligencias ordenadas de urgente trámite (la implementación de la tobillera electrónica, la comunicación de prohibición de salida del país y el embargo), habré de declarar la incompetencia de este Tribunal para seguir interviniendo en este expediente y habré de remitirlo, en consecuencia y sin más trámite, a la Oficina de Sorteos de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a fin de que desinsacule el Juzgado de ese fuero que deberá proseguir con la investigación”, había explicado la jueza Galletti, que hasta ese momento estaba a cargo de la causa.

Poco antes, los abogados Rafael Cúneo Libarona y Facundo Orazi, defensores de Sáenz Valiente, habían planteado la incompetencia de “esta judicatura para intervenir en el presente proceso”.

“Cabe decir que de todos los delitos imputados a Sáenz Valiente, el que tiene una mayor pena en expectativa es, justamente, el de facilitación de estupefacientes a título gratuito, de indubitable competencia federal”, afirmaron Cúneo Libarona y Orazi al pedir la declaración de incompetencia.

El viernes, en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal salió sorteado el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°5, que está a cargo de Capuchetti, quien, tal como venía sucediendo con el expediente en el fuero ordinario, decidió delegar la instrucción en el Ministerio Público Fiscal, en este caso, el fiscal Ramiro González, informó la agencia de noticias Télam.

Tras recibir el expediente, el fiscal González “destacó el carácter prematuro de la declinación efectuada, toda vez que el magistrado instructor no había dispuesto las diligencias probatorias indicadas por su Superior al resolver la situación procesal del imputado a los fines de corroborar los extremos relacionados con el delito previsto”, recordó la jueza Capuchetti al rechazar la competencia.

Sáenz Valiente, de 52 años, está procesado sin prisión preventiva por los delitos de suministro gratuito de estupefacientes, facilitación de un lugar para su consumo, homicidio culposo y tenencia ilegítima de un arma de uso civil condicional.

La decisión fue tomada por la Sala VI de la Cámara del Crimen, integrada por los jueces Magdalena Laiño, Ricardo Matías Pinto e Ignacio Rodríguez Varela, al resolver la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal de la resolución de primera instancia que había resuelto la falta de mérito para el empresario.

El tribunal decidió la prohibición de salida del país de Sáenz Valiente, cuyos movimientos serán controlados con una tobillera electrónica.

“La Justicia Federal avala nuestra posición, ya que consideramos prematuro el fallo de la Cámara del Crimen porque aún resta la producción de diversas medidas de prueba ya ordenadas por el juez de Instrucción y, también, por la propia Cámara. No es posible procesar a una persona cuando hay medidas pendientes de producción. Si los resultados de las pruebas dan a favor de Sáenz Valiente, habremos de violar el derecho de defensa y el principio de congruencia de los actos procesales”, afirmó a LA NACION Cúneo Libarona.

El 18 de abril pasado, el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Del Viso dictó la falta de mérito y ordenó la “inmediata libertad” de Sáenz Valiente, que estaba detenido desde el 30 de marzo último, pocas horas después de la muerte de Rodrigues Santos Gomes, que tenía 26 años.

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