Niegan en Mar del Plata la prisión domiciliaria al dueño de "la casa del terror"

Edgardo Raúl Oviedo fue condenado en septiembre de 2017 a 14 años de prisión por esclavizar y drogar a su hijo autista y su esposa, a la que provocó una psicosis crónica por el martirio sufrido. Está alojado en la cárcel de Batán, tiene 70 años, y pidió el beneficio de la prisión domiciliaria por considerarse en riesgo frente a potenciales contagios del coronavirus Covid-19.

Recientemente, argumentó padecer una grave enfermedad que –dijo– por su condición avanzada de desarrollo actual lo terminaba exponiendo a la muerte segura en los pabellones de la cárcel de Batán. Sin embargo, ese argumento del condenado en un causa que alcanzó fuerte repercusión social no pudo ser probado en los estudios médicos requeridos en un proceso que tuvo intervención de diferentes funcionarios judiciales. En Mar del Plata se conocióel caso como "La casa del terror".

Su pedido fue rechazado por la Justicia con un argumento que cobra mayor fuerza por la polémica generada alrededor de la situación sanitaria en las prisiones: se determinó que el penal cercano a Mar del Plata cuenta con "un lugar de aislamiento para casos de contingencia" como un brote del Covid-19.

En el expediente judicial se indicó: "Según examen del médico que se desempeña como Jefe del Área Sanitaria de la Unidad Penal 15, se permite concluir razonablemente que actualmente su encierro estricto -en las condiciones establecidas por el Protocolo de Contingencia- no constituye un agravamiento ilegítimo de las condiciones en las que se cumple la privación de libertad que deba hacerse cesar a través del otorgamiento de una medida de coerción menos gravosa".

Oviedo fue condenado por encerrar en una celda con barrotes de hierro a su hijo, en los fondos de una casilla de un barrio humilde; lo acusaron también de afectar psicológicamente a su esposa: "Le suministraba a su hijo combustible para que aspirara y a la mujer, una medicación que le generaba largos períodos de sueño".

Respecto del estado de salud del condenado, el expediente judicial detalló que no existe "un agravamiento en el estado de salud del imputado que pudiera justificar -en combinación con la edad alcanzada- el otorgamiento de la medida".

Por otro lado, se consignó la oposición presentada por la Asesoría Tutelar de Mar del Plata, en representación de las víctimas de Oviedo y que actuó en función de la resolución dictada por el procurador general Julio Conte Grand: "El señor Agente Fiscal, al contestar la vista conferida se opuso a la concesión del beneficio, argumentado que no surgía de los exámenes médicos practicados al imputado que el mismo sea ‘paciente de riesgo’ de Covid-19".

El beneficio reclamado por la defensa del condenado fue denegado por el juez Alfredo Deleonardis, del Tribunal Oral Criminal 4 de Mar del Plata. En su texto, argumentó que en la Unidad Penal 15 de Batán hay –según informes penitenciarios– hay "un lugar de aislamiento para casos de contingencia, como el de internos que presenten síntomas compatibles" con el Covid-19 y confirmó que esa situación permite el aislamiento de Oviedo "en caso de resultar necesario, sumado al hecho de haberse ya implementado este protocolo, junto a los controles clínicos previstos para los internos; y la interrupción de las visitas de familiares y de salidas transitorias de internos ya dispuestas".

El juez, además, resumió su consideración acerca del estado de salud del imputado: "Con la información oficial con la que se cuenta hasta el momento, no encuentro elementos suficientes como para proceder en la forma en que lo requiere la defensa". Y realizó el magistrado una consideración sobre la "peligrosidad" del condenado: "Revisada la situación detentiva del imputado, igualmente subsisten los motivos que llevan a considerar necesario que el nombrado permanezca en encarcelamiento estricto".

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