Narcotráfico y corrupción. La mitad de la banda del presunto dueño de la cocaína adulterada son policías

La sola mención de su nombre en el ambiente narco de Loma Hermosa, en Tres de Febrero, y en San Martín provoca miedo entre los propios integrantes de su banda y en sus competidores. Saben que Alicho les manda los sicarios comandados por su jefe de seguridad, conocido como El Gordo Blas o a un grupo de policías bonaerenses que forman parte de su organización.

Actualmente, Alicho, el alias con el que se conoce a Max Alí Alegre, sigue manejando a su banda desde la cárcel. Afuera, cuenta con la complicidad de al menos cinco policías bonaerenses y federales y de su lugarteniente, Lucas H., alias Maluma.

A pesar de que se encarga del tráfico de drogas en la zona de las encadenadas de San Martín y Loma Hermosa, Maluma no vive en la zona. Lucas H., a quien le destacan su parecido con el cantante, alquila un departamento en la avenida del Libertador, en Belgrano y se mueve en automóviles de alta gama.

Al revisar la estructura de la organización criminal dedicada al tráfico estupefacientes se advierte que Alicho sería el verdadero dueño del alijo de cocaína adulterada que se vendió en búnkeres de Puerta 8, la villa 18, villa El Gaucho y barrio Lanzone, que habría provocado las muertes de 24 personas que consumieron la droga envenenada.

Según consta en tres causas judiciales, Alicho está por encima de Joaquín Aquino, más conocido como El Paisa, en la estructura de la banda. Aquino fue detenido con su pareja al día siguiente de que ocurriera la primera de las 24 muertes por el consumo de la cocaína mezclada con carfentanilo, un poderoso opioide 10.000 veces más poderoso que la morfina, usado para sedar elefantes.

Antecedentes

La vinculación entre Alicho y El Paisa está probada en dos expedientes que se instruyeron en la Justicia federal de San Martín. Por uno de esos sumarios, Alicho fue condenado por tráfico de drogas.

Aquino fue señalado como uno de los punteros que se dedicaba al comercio de estupefacientes en la villa Loyola y como integrante de una “organización que era liderada por Max Alí Alegre. El mencionado Aquino, también llamado ‘el Boxi de Spegazzini’ o ‘Paisa’ formaba parte del grupo que contaba con armas largas y de grueso calibre, y cuyos integrantes se movilizaban en una camioneta VW Amarok y en una Hilux”, consta en una de las causas judiciales.

Hasta el momento, Alicho no fue acusado por los 24 homicidios. Tanto él como los otros siete detenidos fueron imputados por tenencia de droga para su comercialización y tenencia ilegal de armas de guerra. En caso de que los peritajes determinen que la droga secuestrada en su poder y de sus cómplices tenga la misma sustancia tóxica utilizada para cortar la cocaína, la Justicia federal podría agravar la imputación a homicidio simple por dolo eventual, un delito con expectativa de condena que va de 8 a 25 años de prisión.

Para la Justicia, El Paisa y Alicho no podrían haber desarrollado la actividad del narcotráfico sin contar con protección policial. Según fuentes de la investigación, en el organigrama de la banda de Alicho figuran, al menos cinco policías.

Debido a que todavía la Justicia no los acusó formalmente en el expediente, las identidades se mantendrán en reserva.

En la actualidad, un policía conocido como “Tierno” se encargaba de retirar el dinero de los puestos de venta en Puerta 8, Lanzone, El Gaucho y la 18. En su perfil de Facebook, este policía se muestra en el green de un campo de golf.

Fuentes de la investigación indicaron que hasta que se desencadenó la crisis de las intoxicaciones con la cocaína adulterada, el “Tierno” concurría personalmente a retirar el dinero en los cuatro puestos de venta de droga. Pero después de las 24 muertes, pidió que le llevaran los sobres con billetes a una estación de servicio de la zona.

Este policía se encargaba de juntar el dinero de la coima para la Jefatura Departamental, el Comando de Patrullas y la División Narcotráfico de la zona. Pero el aporte de la banda narco no se quedaba en las tres dependencias mencionadas.

Otro policía, identificado como Mauro C. que se desempeña en la seccional con jurisdicción en la zona, pasaba a cobrar dos millones de pesos semanales.

Las coimas no se terminan en la policía bonaerense. Un efectivo de la Policía Federal conocido como Fabricio R. alias Rolo, junta el dinero destinado a algunos comisarios de esa fuerza de seguridad.

Fabricio R. es primo de otro uniformado, conocido como “El Tano Carlos”, que trabaja para Alicho hace tres años y que fue pasado a disponibilidad de la policía bonaerense después de la condena contra el jefe de la banda, en mayo de 2020.

Quienes conocen a Jorge M., el Tierno, lo describen como un policía millonario. Al igual que a un sexto efectivo de la fuerza de seguridad provincial conocido como el Papa, que trabajaba en la Brigada de Investigaciones de San Martín y, como recaudador de la banda de Alicho, invirtió el dinero en la compra de tres gomerías.

Antes de ser detenido, el Papa, recaudaba $ 12.000.000 por semana, que entregaba en partes iguales en las tres principales dependencias policiales de San Martín. El Papa se quedaba con parte del dinero antes de repartirlo.

La misma metodología aplican otras bandas de narcotraficantes de la zona. Por ejemplo, en mayo de 2021, una fiscalía de San Martín allanó un búnker de venta de drogas en la localidad de Villa Maipú. Allí los funcionarios judiciales encontraron tres sobres rotulados con las inscripciones de “Com, Dep y Narc”, seguidas de sumas como 40.000 o 35.000″, se supone que pesos.

A partir de este hallazgo, el representante del Ministerio Público realizó cruces telefónicos entre los narcos que estaban en el búnker y los policías que se desempeñaban en las tres dependencias mencionadas, pero no pudieron encontrar ninguna prueba que permita establecer cuál era el circuito del dinero y quiénes eran los policías que recibían la coima. Entonces, la investigación fue archivada en septiembre de 2021.

En detalle

Esta matriz operativa de la banda de Alicho y los policías no es nueva. Fue denunciada por los integrantes del Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín que condenaron a Alí Alegre; a su jefe de seguridad, Blas Gómez, y a otros por tráfico de drogas, en las villas Loyola, Lanzone, Sarmiento y Escalada.

“Se advierte la intervención de funcionarios policiales en el quehacer delictivo de la banda investigada. Se trató de una colaboración fundamental para el desarrollo de los actos de narcotráfico en la medida que, por su intermedio, se garantizaba la impunidad de sus miembros. En efecto, mediante dicha estructura evitaban ser descubiertos en las distintas fases de la cadena del tráfico de estupefacientes o, incluso, que se desbaraten los domicilios utilizados como puestos de venta, logrando con ello evitar la pérdida de material, ganancias, o la detención de quienes trabajaban con la banda”, explicaron los integrantes del tribunal en la página 54 de la sentencia.

En la actualidad, un búnker como el que se allanó el 2 de febrero pasado, el mismo día que comenzaron a llegar los pacientes intoxicados a las guardias de los hospitales de la zona noroeste del conurbano, recauda $1.000.000 por día, en tres turnos de venta. Hay barrios que tienen más búnkeres, circunstancia que permite establecer la magnitud de la recaudación ilegal que llega a un grupo de policías.

Durante la investigación que terminó con las capturas de Alicho y El Gordo Blas quedó al descubierto parte del monto que los narcos le pagaban a policía en concepto de coima por protección a un puesto de venta drogas en la villa Loyola.

En la conversación entre el jefe de la banda y su encargado de seguridad, que figura en el legajo 15 de la causa, El Gordo Blas le rinde cuentas a su jefe por el dinero que le entregó un “transa” que había decidido abrirse de la banda.

-“¿Estas con la plata, todo?”, preguntó Alicho.

-“Sí, con eso nomás”, respondió Blas.

-“¿Cuánta plata es?”, insistió el jefe de la banda.

-“Y… y hay como cinco, un poquito más. Había tres gambas y pico, cuatro gambas casi, más las dos gambas de la policía que tuvo que poner él”, respondió Blas.

-“Dos treinta, más tres cincuenta y ocho, algo así… treinta y tres ochenta y cinco, digo”, agregó Alicho.

Esto significa que, al rendir cuentas ante El Gordo Blas, el vendedor de drogas que trabajaba para Alicho aportó $ 238.000 en concepto de coimas pagadas a la policía. Si se tiene en cuenta que esa conversación es de 2017, el monto que recibiría la policía, en la actualidad, sería varias veces superior.

Sustancia “plantada”

El vínculo simbiótico entre la banda de Alicho y los policías quedó expuesto en otra conversación, en la que uno de los integrantes de la organización le ordena a una vendedora que le prepare 400 bolsas de polvo parecido a la cocaína para dejarlos en un objetivo que sería allanado por los efectivos de la fuerza seguridad bonaerense.

“Empezá a trabajar más tarde. Necesito que Pipi me arme 400 bolsas, pero no con droga. Que le meta cualquier cosa blanca, que es para la poli. Urgente, decile que a las 6.30 allanan”, ordenó uno de los narcos a la vendedora de un búnker de la villa Escalada. La idea era que esa falsa droga sería “plantada” en el operativo de los policías “amigos”.

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